ANDRÉS TIMOTEO
DOBLE TRASQUILE
La propuesta que envió el Ejecutivo local al congreso para modificar la Ley de Coordinación Fiscal de la entidad a fin de que el cobro y aprovechamiento del impuesto predial sea transferido a la administración estatal no es inocente ni tiene como objetivo beneficiar a los municipios. Al contrario, se les hará un boquete financiero que agravará sus crisis histórica y a la vez servirá como ariete para castigar a los que sean gobernados por la oposición.
El gobernante en turno, Cuitláhuac García, firmante de la iniciativa aunque el autor real seguramente es una mente muy avezada en el hurto del dinero público, quiere ‘dorarle la píldora’ a los alcaldes y a la opinión pública alegando que si los ayuntamientos ceden dicha facultad fiscal podrán acceder a recursos del Fondo de Fomento Municipal (FFM).
Por supuesto que lo anterior es un chantaje porque si bien los cabildos pueden establecer convenios con la federación, el acceso a estos recursos no tiene el condicionamiento obligatorio de alterar la autonomía municipal ni mucho menos poner en riesgo su recaudación tributaria. Aún así, el cuitlahuismo se prepara para dar un sablazo a los ayuntamientos apropiándose de la recaudación de los impuestos sobre la posesión de bienes inmuebles.
El botín es jugoso, más de mil millones de pesos al año. De acuerdo al Observatorio del Gasto Público y Transparencia Presupuestaría, en el 2020 Veracruz acopió 1 mil 073 millones 331mil pesos y ocupa el lugar número 26 de los estados del país en porcentaje de recaudación, es decir está muy rezagado. A está bolsa de más de mil millones le tienen hambre en palacio de gobierno.
A cambio, según la iniciativa, los ayuntamientos recibirían algún monto compensatorio del FFM pero la fórmula aritmética establecida en el reglamento fiscal es un galimatías para los ediles que entrarán en funciones y cuya mayoría son analfabetas, unos totales y otros funcionales. “El Fondo de Fomento Municipal se integra con el 1 por ciento de la Recaudación Federal Participable -RFP-, cantidad de la cual el 16.8 por ciento corresponde a todas las entidades federativas y el 83.2 por ciento sólo a las que estén coordinadas con la Federación en materia de derechos.
La distribución se efectúa mediante la aplicación de la fórmula establecida en el artículo 2o-A, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal y conforme a los artículos 5o. y 7o. del citado ordenamiento, y se integra considerando las participaciones de dicho fondo que la entidad federativa de que se trate recibió en 2013, más el crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2021 con respecto a 2013”, establece la ley vigente. ¿Qué dijo?, preguntaría el Monje Loco. Risas.
¿A poco creen que los próximos munícipes le van a entender y serán precavidos para que no los timen con las cuentas si muchos a duras penas saben leer y escribir? Pues ahí está el ardid. Les darán lo que quieran. El FFM no es algo nuevo, tiene cuarenta años de haber sido creado -en 1981- y consiste en una bolsa integrada por la recaudación fiscal en todo el país. De ese monto, una parte se debe entregar invariablemente a los municipios a través de los gobiernos estatales y los ayuntamientos pueden acceder a más recursos si firman convenios para incentivar la recaudación local.
El dato que oculta el gobierno cuitlahuista es que ya la administración estatal recibe una cuantiosa bolsa del FMF, dinero que debería entregar a los ayuntamientos pero en lugar de eso los escamotea, jinetea y hasta desvía. Tan solo en este 2021, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, Veracruz recibirá 1 mil 579 millones 722 mil pesos. ¿Cuánto de eso llega a los ayuntamientos? Nadie sabe, nadie supo.
Ahora, con la propuesta para hincarle el diente al impuesto predial, el gobierno estatal pretende condicionar esos recursos a cambio de que los alcaldes cedan la facultad de cobro de dicho gravamen. En pocas palabras, los trasquilarán pues todos conocen las maneras de los funcionarios estatales para manejar las participaciones federales, rasuran las ministraciones y las reparten cuando les da la gana. Hay ediles que han tenido que recurrir a amparos judiciales para obligarlos a entregar las participaciones federales que les corresponden.
Obviamente no hay certeza que a los que caigan en la celada se les recompense con los recursos del FFM. Además, el trasquile será doble porque el tinglado fiscal se usará para acosar a los ayuntamientos de oposición a fin de doblegarlos financieramente ya sea quitándoles ingresos por la recaudación local o los provenientes del fondo federal.
REMEMBER LA BURSATILIZACIÓN
Por ejemplo, el puerto de Veracruz recauda anualmente unos 120 millones de pesos, Boca del Rio aproximadamente 80 millones, Córdoba y Orizaba unos 25 millones de pesos cada uno. De esos cuatro ayuntamientos, tres continuarán gobernados por la oposición en el 2022 -Veracruz y Boca del Río por Acción Nacional y Orizaba por el Revolucionario Institucional- y tanto el FFM como la atribución para cobrar el predial servirán como arma para presionar a sus próximos alcaldes.
Especialmente se cebarán sobre el puerto de Veracruz si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifica a la señora Patricia Lobeira de Yunes como alcaldesa. Ahí el odio contra los Yunes sazonará el cinturón tributario. En Córdoba no habrá problema porque el siguiente edil será morenista y entregará el impuesto sin empacho.
Pero no todo está perdido pues como lo advierte el diputado Bingen Rementería, integrante de la Comisión de Vigilancia, hay un candado contra la voracidad del gobierno estatal es no firmar el convenio para cederle el cobro del predial pues no hay certeza de cómo, cuándo y cuánto recibirán los ayuntamientos del FFM, y la experiencia que se tiene de los funcionarios estatales es que no cumplen con la ley. En pocas palabras alertó a los alcaldes para que no caigan en la trampa.
Los ladinos reciclan las transas. ¿Se acuerdan del chanchullo con el cual el innombrable y Javier Duarte embarcaron a casi todos los ayuntamientos -199 de 212- al colocar en la Bolsa de Valores la recaudación del Impuesto sobre la Tenencia Vehicular? Pues esta es la versión cuitlahuista de la ‘bursatilización’ del fidelato y el duartismo e invariablemente dirigirá el dinero municipal hacia el caño de la corrupción.