Andrés Timoteo
VENEZUELIZACIÓN
Se tardó pero llegó. El presidente Andrés Manuel López Obrador cruzó la ‘línea roja’ que todos vaticinaban o temían: ordenó la primera expropiación de bienes al sector privado y, además, lo hizo utilizando a las fuerzas armadas no a la policía civil ni con agentes administrativos.
Desde el fin de semana tres tramos ferroviarios ubicados entre Coatzacoalcos y Cosoleacaque, al sur de Veracruz, propiedad de Grupo México fueron ocupados por efectivos de la Secretaría de Marina tras un decreto de “ocupación temporal” firmado por López Obrador.
Esas tres líneas de trenes forman parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que es el cuarto proyecto faraónico del lopezobradorismo, aunque como menor ímpetu que el aeropuerto “Felipe Ángeles”, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Aún así, sirvió para mostrar una deriva autoritaria del gobierno en turno y que prende las alertas no solo en el sector empresarial sino en la sociedad en general.
Expropiar y mandar a la tropa a apoderarse de los bienes del sector privado concede razón a los que pronosticaban tales acciones extremistas. Es cierto, no es la primera expropiación del sexenio pues ya antes se hizo con miles de hectáreas a ejidatarios y pequeños propietarios para construir el Tren Maya.
Sin embargo, en términos de impacto político-económico no es lo mismo quitarle las tierras a un puñado de campesinos e indígenas que expropiarle activos a Germán Larrea, propietario del Grupo México que es dueño de la firma Ferrosur -y de las tres líneas ferroviarias citadas -y es el segundo hombre más rico del país.
Larrea no es un prohombre ni un empresario honesto, pero sus empresas mueven la economía nacional y sus activos están, hasta donde se tiene entendido, en ‘regla’ por lo que quitárselos por decreto manda una señal al sector empresarial, tanto nacional como extranjero, sobre la radicalización del gobierno. En síntesis comparativa fue un ‘venezuelazo’.
Hugo Chávez en Venezuela expropió o intervino de manera forzosa mil 200 empresas de todos los rubros, desde el petrolero, carretero, ferroviario, vidriero, papelero, eléctrico y agrícola hasta canales de televisión, estaciones de radio y periódicos.
La política expropiadora de Chávez la continuó su sucesor, Nicolás Maduro, bajo el argumento que era para proteger a la patria pues se trataba de sectores estratégicos para la seguridad nacional -exactamente lo mismo que señala López Obrador-.
También que se hacía para evitar que los corruptos y neoliberales pararan el avance de la Quinta República, la bolivariana. En México, el tabasqueño dice que los conservadores pretenden obstaculizar el avance de la “cuarta transformación”. He ahí el peligro: el parecido ideológico, discursivo y radical del chavismo con el lopezobradorismo.
Venezuela tras la ola de expropiaciones del gobierno bolivariano quedó en la miseria y casi siete millones de venezolanos han huido de su país porque no tienen empleos y ni siquiera qué comer. En contraparte, las compañías expropiadas fueron saqueadas y quebradas por los funcionarios.
Las pocas sobrevivientes no son productivas y se mantienen del subsidio gubernamental. A la vez, desaparecieron miles de empleos, precarizaron los salarios de los pocos trabajadores que quedaron y desplomaron el Producto Interno Bruto (PIB).
Eso sí, las expropiaciones crearon nuevos millonarios, los funcionarios chavistas muchos de los cuales siguen en el gobierno de Maduro y otros se fueron al extranjero con los miles de millones de dólares saqueados de las empresas estatizadas. Tal es el escenario que se asoma en México.
Y se engañan aquellos que crean que la radicalización del régimen obradorista solo tocará a las cúpulas pues se acerca el fin del sexenio y crece la desesperación del inquilino de palacio nacional porque no se alcanzarán sus metas -y caprichos -, entonces vendrían más decretos de este tipo para forzar las cosas.
¿Quién puede asegurar que en el estertor del fin de poder no decrete la estatización de las canteras de Los Tuxtlas que proveen la piedra para el Tren Maya o que expropie la Torre Centro del puerto de Veracruz cuya construcción no ha podido frenar por la vía administrativa y judicial?, ¿Suena a suposición extrema? Eso mismo decían los venezolanos.
LA ATREVIDA IGNORANCIA
El plantón organizado por el gobernante veracruzano Cuitláhuac García frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo menos asistentes que la marcha nudista realizada el mismo sábado en la capital del país. Ni acarreando a alcaldes, diputados, funcionarios de su gabinete y empleados de gobierno -que fueron obligados- logró superar a los nudistas.
Le hubiera pedido ayuda a los encuerados de los 400 Pueblos para emparejar las cosas, ¿no creen? Además, lo que hicieron las huestes cuitlahuistas bien se podría denominar como la manifestación de los ignorantes. Su ignorancia supina se explica en cinco frases que canturrearon:
Una, le pidieron a los ministros que “apliquen la Constitución pensando en el pueblo”. Dos, les reprocharon que “desertaron de su misión de defender la Constitución y renunciaron a su deber republicano”. Tres, los acusaron que “desestiman la legitimidad y constitucionalidad de las decisiones de los poderes Legislativo y Ejecutivo emanada del voto directo universal del pueblo -sic-”.
Cuatro, en las pancartas se leía: “Norma Piña, así no se interpreta la Constitución” y cinco, el propio García Jiménez finalizó su alegato con un “¡Viva la Constitución!” -risas-. Estos no rebuznan porque no se saben la tonada, los ministros cumplen precisamente con su deber republicano: defender la Constitución de los afanes autoritarios e inconstitucionales del Ejecutivo y del Legislativo.
Y es cierto lo que dicen en las redes sociales: en un país con récord de asesinatos de mujeres, los cuitlahuistas, incluyendo mujeres, pasearon un ataúd con la imagen de la ministra Piña incitando a cometer un feminicidio contra la titular de la Corte.