La y el integrante del Partido del Trabajo (PT) en la LXVII Legislatura presentaron al Pleno la iniciativa que adiciona un numeral 6 al inciso B) y reforma el inciso C), ambos de la fracción I del Artículo 67 de la Constitución Política del Estado, con la finalidad de reducir el periodo del cargo de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), de nueve a cuatro años, así como incorporar el requisito de no tener sentencia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Al hacer uso de la voz, la diputada Elizabeth Morales García subrayó que con su compañero legislador Ramón Díaz Ávila coinciden en la relevancia de la FGE y que la persona titular de este organismo desempeña un papel fundamental en la implementación de políticas públicas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.
De acuerdo con la iniciativa, se establecería que la persona que desempeñe el cargo de Fiscal General durará en su encargo cuatro años, y podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta del Congreso.
El Congreso del Estado resolverá en el caso de renuncia, fallecimiento, ausencia, inhabilitación o cualquier otra circunstancia que impida a la persona titular concluir su encargo, para lo cual, designará a quien lo sustituya, únicamente para concluir el periodo respectivo.
Por otra parte, la diputada precisó que la actual disposición constitucional otorga un período extenso para el cargo, lo que puede tener implicaciones significativas en la administración de justicia.
Agregó que un periodo de cuatro años para quien ostente el cargo de Fiscal permitirá una mayor rendición de cuentas ante el Congreso y la ciudadanía. “Los ciudadanos y sus representantes tendrán la oportunidad de evaluar su desempeño con mayor frecuencia, facilitando la supervisión y la posibilidad de hacer ajustes necesarios”.
Aseveró que un período más corto puede facilitar la introducción de reformas y estrategias innovadoras que respondan a los desafíos cambiantes del sistema judicial. “La renovación periódica contribuye a evitar la estancación y permite adaptar las políticas y prácticas a las necesidades actuales de la sociedad”.
Un periodo de designación de cuatro años proporciona beneficios significativos en términos de renovación, rendimiento, independencia y confianza pública, lo que puede contribuir a un sistema de justicia más eficiente y adaptable, concluyó.
La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia.