El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, David Agustín Jiménez Rojas no está haciendo su trabajo y sólo se ha dedicado a generar “desorden administrativo, ambiente laboral inestable y un clima de confrontación”, así lo señalan en una denuncia ciudadana, empleados de esa dependencia.
El funcionario estatal, quien presume su “gran cercanía con la gobernadora Rocío Nahle García” es acusado por presuntas irregularidades administrativas, conflictos internos y posible tráfico de influencias, indican los quejosos en la Carta enviada a la Redacción de este medio de comunicación.
Los quejosos solicitan la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García, “porque es insoportable el ambiente que se vive en esa dependencia de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), al haber un clima de confrontación en la que los empleados que ahí laboran son los más afectados”.
De acuerdo con la denuncia, la situación que se vive a la SEMSYS se derivó porque su titular habría adoptado actitudes de rebeldía hacia la secretaria de Educación de Veracruz (SEV), Claudia Tello Espinoza, lo que ha generado un clima institucional inestable.
Se indicó que entre las conductas señaladas destacan: Desobediencia sistemática a convocatorias e indicaciones de sus superiores. Implementación de medidas restrictivas para audiencias, incluyendo la confiscación de teléfonos celulares a visitantes.
Uso constante de, al menos, dos escoltas durante sus actividades y actitudes descritas como “despóticas y retadoras” hacia su “jefa” inmediata, así como presunto tráfico de influencias, al tener vínculos con políticos de la región de Coatzacoalcos, para consolidar su posición en la SEV.
Según la denuncia, el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, David Agustín Jiménez Rojas también presume públicamente ser “amigo íntimo” del alcalde electo de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García, relación que supuestamente utilizaría para ejercer presión sobre decisiones administrativas, evadir supervisión y rendición de cuentas y fortalecer una red de protección política que le permitiría actuar con impunidad y consolidar una posición de poder dentro de la estructura educativa estatal.
Esta vinculación política, añade una dimensión preocupante a las irregularidades denunciadas, ya que podría configurar un posible caso de tráfico de influencias que afectaría la autonomía técnica de la Subsecretaría y la correcta aplicación de recursos públicos, contrataciones cuestionadas, se expone.