XALAPA VER.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz informa que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, con pleno respeto a los derechos humanos y bajo el principio de legalidad, el pasado 24 de diciembre de 2025 se formuló imputación ante un Juez de Control del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, en contra de Rafael “N”, por hechos que la ley señala como constitutivos de los delitos de encubrimiento por favorecimiento, delitos contra las instituciones de seguridad pública y el previsto en el artículo 311 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Asimismo, se informa que esta Fiscalía el día de hoy fue notificada que el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia inicial se llevará a cabo el 30 de diciembre de 2025, a las 07:00 horas, momento en el que el Juez resolverá su situación jurídica conforme a derecho.
Por su parte, el abogado Raúl Brito Molina escribió en sus redes sociales que, «La continuación de la audiencia inicial es mañana a las 8,00 horas en el Juzgado de proceso y control penal oral del distrito XXI, ubicado a un costado del Cereso Duport Ostión en Coatzacoalcos.
Donde de acuerdo al artículo 5o. Del CNPP., cualquier persona puede asistir.
El jurista -precisa- «Sera muy interesante ver y escuchar de qué forma un fiscal sostiene la existencia de terrorismo y de qué forma se actualiza esa figura jurídica en esta entidad veracruzana.
En el último comunicado expedido por la Fiscalia general del Estado, sin embargo, fue retirada la palabra y posiblemente, la imputación de terrorismo, quedando únicamente, «procesado por los delitos de encubrimiento por favorecimiento, delitos contra las instituciones de seguridad pública y el previsto en el artículo 311 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave»
El Artículo 311 del Código Penal de Veracruz se refiere al delito de Terrorismo, castigando a quien, usando explosivos, tóxicos, armas de fuego, incendios u otros medios, cause alarma, temor o terror en la población para perturbar la paz pública o presionar a la autoridad, imponiendo penas de 3 a 30 años de prisión y multa, y recientemente se ha aplicado a casos que involucran a periodistas, generando debate sobre libertad de expresión. .