Especial LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Por Si Estaban Con El Pendiente
Quetzalli Carolina Vázquez
Este 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, vale la pena preguntarse qué tan libre es realmente el ejercicio periodístico cuando el acceso a la información depende cada vez más de la voluntad del gobierno.
Porque la libertad de expresión no sólo consiste en publicar una nota, también implica poder preguntar, cuestionar, poder acceder a las fuentes de información, confrontar al poder con hechos y exigir respuestas y precisamente ahí es donde han comenzado a levantarse barreras.
No hay que olvidar que Morena llegó al poder prometiendo un cambio, prometió cercanía con la gente, prometió acabar con las viejas prácticas, prometió gobiernos abiertos, escuchar al pueblo… prometió transformar
Y sí, hubo una transformación, y en Veracruz esa transformación también alcanzó la relación entre el poder y la prensa aunque lamentablemente, no para bien.
La gobernadora Rocío Nahle ha insistido en que el respeto debe ser de ida y vuelta, la frase podría parecer correcta, el problema es que las acciones del gobierno estatal y las expresiones de la propia mandataria envían un mensaje distinto.
Cómo olvidar su famosa frase de que en Veracruz hay un «exceso de libertad de expresión», o aquella ocasión en que llamó «carroñeros» a periodistas o cuando aseguró que quienes la critican no tienen convenio con el gobierno ni tendrán.
Esas expresiones han tenido mucho peso porque no provienen de una ciudadana cualquiera, provienen de la mujer que gobierna Veracruz, de quien encabeza el aparato institucional más poderoso del estado.
Cuando el poder señala a periodistas críticos, inevitablemente genera un ambiente de confrontación, más aún cuando esos señalamientos coinciden con una política de comunicación donde las puertas comienzan a cerrarse.
Pero la transformación no se observa solo en frases sino también en acciones, en lo que antes había y hoy se perdió.
Hace algunos años los periodistas podían entrar libremente al Palacio de Gobierno, podían recorrer los pasillos, esperar al gobernador, entrevistar a secretarios de despacho, buscar información, preguntar, insistir, incomodar si era necesario, era parte natural del trabajo periodístico.
Hoy eso se transformó y aquello desapareció, el acceso está restringido, la prensa es atendida desde la entrada del Palacio de Gobierno, los
funcionarios prácticamente dejaron de tener contacto cotidiano con los medios.
Los secretarios de despacho parecen haber sido borrados del mapa informativo, las entrevistas espontáneas son cada vez más escasas, todo pasa por filtros, por autorizaciones, todo pasa por oficinas de Comunicación Social y la información ya no fluye, se administra.
Y lo mismo ocurre en el Congreso del Estado donde durante años los reporteros podían acercarse directamente a los diputados en sus curules, podían cuestionarlos sobre sus iniciativas, sus votaciones o sus decisiones.
Hoy eso también se transformó y tampoco ocurre, las barreras físicas aparecieron, los accesos fueron restringidos, los periodistas quedaron de un lado, los legisladores del otro y ahora hay que llamarlos, esperarlos, pedirles unos minutos y confiar en que quieran responder.
Después de observar todo esto la pregunta es inevitable.¿Ésta era la transformación de la que hablaban?
Porque Morena llegó criticando precisamente las prácticas de los gobiernos que mantenían distancia con la ciudadanía y controlaban la comunicación institucional.
Sin embargo, en Veracruz el resultado parece ser exactamente el contrario; m menos acceso, manos contacto, menos respuestas, más filtros, más control, más distancia
La situación resulta todavía más preocupante cuando se observa lo que ocurre en las conferencias de prensa de la gobernadora.
Periodistas ignorados porque sus preguntas incomodan mientras otros comunicadores participan constantemente porque sus preguntas generan aplausos al poder
Ante esa situación, se presentó una solicitud formal para conocer los criterios mediante los cuales se determina quién puede formular preguntas durante las conferencias.
La respuesta oficial fue reveladora, el propio Gobierno del Estado reconoció que no existe un lineamiento escrito específico para determinar la participación de periodistas en esos encuentros.
No hay reglas públicas, no hay criterios transparentes, no hay mecanismos verificables; no existe una norma clara que permita saber cómo se garantiza que todos los periodistas tengan las mismas oportunidades para preguntar.
La autoridad asegura que no existen filtros, pero tampoco existe manera de demostrar que existe equidad y cuando no existen reglas claras, la discrecionalidad se convierte en la única regla.
La discrecionalidad de quien organiza, de quien otorga la palabra, la discrecionalidad de quien decide a quién escuchar y a quién ignorar y eso debería preocupar a cualquier demócrata.
Porque la libertad de expresión no se pone a prueba cuando el gobierno escucha elogios, se pone a prueba cuando escucha críticas, cuando enfrenta preguntas que le incomodan, cuando responde cuestionamientos que preferiría evitar, cuando tolera el disenso.
Cuando entiende que la prensa no existe para aplaudir, existe para vigilar, para preguntar, existe para incomodar.
Por eso el problema no es únicamente una frase expresada por un mandatario, no es únicamente una conferencia, no es únicamente una puerta cerrada; es el conjunto, es el mensaje.
Es la construcción de una relación donde el periodista crítico parece cada vez menos bienvenido, primero llegaron las descalificaciones, después las restricciones, los filtros, las preguntas ignoradas, después la distancia.
Y entonces surge una pregunta que no debería incomodar a ningún gobierno democrático.
Si ya cerraron las puertas, si ya limitaron el acceso, si ya alejaron a los funcionarios de la prensa, si ya comenzaron a señalar periodistas desde el poder, si ya redujeron los espacios para cuestionar, ahora, ¿qué sigue?
Porque cada puerta que se cierra a un periodista también se cierra a los ciudadanos, cada pregunta que no se responde es información que se le niega a la sociedad y cada intento por desacreditar a la prensa crítica termina debilitando uno de los pocos contrapesos que aún tiene el poder.
Este 7 de junio Veracruz no necesita discursos sobre libertad de expresión, necesita
ejercerla y eso comienza por entender que los periodistas no son enemigos del gobierno, son una de las herramientas que tiene la sociedad para vigilar.
Y como diría Vargas Llosa: Se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico.»