La Fiscalía de Veracruz pidió retirar el fuero al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, con base en un testimonio de oídas y en una fotografía que no aparece en la carpeta de investigación, acusó la defensa del edil.
Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, declaró que un hombre identificado sólo como “Shelby” le dijo que el Presidente municipal habría ordenado el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán por una supuesta imagen en la que aparecía con un arma larga.
“Shelby”, señalaron los abogados, no ha sido identificado ni detenido. Tampoco existe una prueba que acredite que mantuvo comunicación con González Martínez. Tras la audiencia de pruebas y alegatos ante la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz, el alcalde aseguró que la Fiscalía no pudo presentar la fotografía señalada como el móvil del crimen. “La Fiscalía no pudo mostrar la fotografía con la que se me vincula. No obra en el expediente y evadía la respuesta cuando le solicitamos dónde estaba”, afirmó.
Por su parte, Erick Basto Morales, Julio César Rosa Salazar e Izaskun Moreno, abogados del presidente municipal, sostuvieron que “Delta 1” no presenció ninguna conversación entre el alcalde y “Shelby”, sino que reprodujo lo que este último supuestamente le dijo. “Es un testigo de oídas. Escuchó de un tercero; no se percató de que el Alcalde estuviera con ‘Shelby’ ni de que diera la indicación”, señalaron.
La defensa consideró que el desafuero no debería proceder, al sostener que la Fiscalía no presentó la fotografía señalada como móvil, no identificó ni detuvo a “Shelby” y basó la imputación en un testimonio de oídas.
Doble declaración
De acuerdo con la defensa, “Delta 1” rindió una primera declaración después de ser detenido por delitos contra las instituciones de seguridad pública y contra la salud. En esa comparecencia narró su presunta participación en la privación de la libertad y muerte de la periodista, pero no mencionó al Alcalde, a “Shelby” ni la fotografía.
La referencia a González Martínez surgió en una segunda declaración, rendida unas 15 horas después, en la que “Delta 1” afirmó que “Shelby” le había atribuido la orden al Presidente Municipal.
“En la primera declaración no se menciona que el móvil fuera una orden de un Alcalde ni que tuviera relación con una foto. Después de 15 horas resulta que ya se acordó”, cuestionó uno de los defensores.
Los abogados añadieron que la Fiscalía no incorporó la imagen, el teléfono o dispositivo en el que supuestamente estaba almacenada, ni un dictamen pericial que acreditara su existencia: “Si todo derivaba de una fotografía del Alcalde con un arma larga y esa fotografía no existe, ¿cómo puede sostenerse que ése fue el móvil?”, planteó.
La defensa afirmó que tampoco existe un registro de llamadas, mensajes u otra prueba que vincule al alcalde con “Shelby” ni con la reportera Roxana Guxmán. González Martínez negó conocer al hombre mencionado por “Delta 1” y rechazó haber tenido comunicación con integrantes del grupo delictivo relacionado con el caso.
El edil sostuvo que, durante los primeros días en que revisó la carpeta, no encontró algún señalamiento en su contra. Posteriormente, agregó, su defensa fue informada de la existencia de un sobre amarillo que contenía la segunda declaración de “Delta 1” y al cual inicialmente no se le permitió acceder por tratarse de información considerada confidencial.
El Alcalde aseguró que, cuando finalmente pudieron consultar el documento, el sobre ya estaba abierto. “En la primera declaración no había nada. Después nos dijeron: ‘Hay un sobre que ya abrimos y aquí está esa declaración’. Es la segunda declaración de ‘Delta 1’”, relató.
La defensa pidió que se aclare cuándo y en qué condiciones fue incorporado ese testimonio al expediente. Los abogados también señalaron que en la carpeta existen referencias a amenazas contra Roxana Guzmán anteriores a su desaparición y a otra amenaza emitida después de que fue privada de la libertad.
Afirmaron que esas líneas no fueron agotadas antes de solicitar al Congreso el inicio del procedimiento de declaración de procedencia. “La teoría del caso se basa en una persona que estuvo involucrada en los hechos, pero a quien no le consta que nuestro representado participara en esa supuesta comunicación”, insistió Basto Morales.
Con información de Alcalorpolítico.