• Jorge Álvarez Máynez acude a la CNDH para exigir medidas de protección ante las intromisiones y arbitrariedades del Gobierno del Estado.
• El partido ratifica su postura de cero tolerancia a la impunidad, pero demanda estricto apego al debido proceso, autonomía institucional y respeto a la voluntad ciudadana.
Ante la solicitud presentadas en el Congreso del Estado de Veracruz para iniciar los procesos de Declaración de Procedencia (desafuero) en contra de los presidentes municipales de Úrsulo Galván y de Ixhuatlán del Sureste, el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, informó que acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir medidas de protección.
En un posicionamiento público, el dirigente enfatizó que no aceptarán intromisiones arbitrarias ni la judicialización selectiva contra los gobiernos del partido naranja.
Máynez denunció que, tras las arbitrariedades electorales vividas en municipios como Papantla y Poza Rica, el gobierno estatal busca cooptar a los alcaldes de oposición.
Recordó que, incluso, la gobernadora llegó a señalar públicamente a un edil como criminal para después integrarlo a las filas de MORENA mediante presiones y amenazas, una práctica de persecución que Movimiento Ciudadano no va a permitir.
Respecto a la conducta de sus representantes, el partido reitera con absoluta claridad su postura a favor de que cualquier conducta delictiva sea investigada y sancionada conforme a derecho, sosteniendo que nadie debe estar por encima de la ley y que el respaldo popular otorgado en las urnas no es ni será jamás una patente de corso para la opacidad o el incumplimiento de la norma.
Sin embargo, resulta profundamente preocupante que, mientras Veracruz padece una grave crisis de violencia e impunidad —con miles de familias buscando a sus desaparecidos y cientos de víctimas sin respuesta—, las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia actúen con rapidez selectiva contra la oposición política, mientras muestran una pasividad alarmante frente a los verdaderos delitos.
Es inaceptable que los organismos de justicia del Estado sean instrumentalizados como un brazo ejecutor o herramienta de persecución contra adversarios políticos, por lo que se exige a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades competentes actuar con autonomía, neutralidad y estricto apego al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Finalmente, Movimiento Ciudadano exige que los procesos legales sigan su curso sin sesgos políticos ni linchamientos mediáticos, e insta a los cabildos de Úrsulo Galván y de Ixhuatlán del Sureste a actuar con plena responsabilidad institucional conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Es prioritario asegurar que la atención a la ciudadanía, los servicios públicos y la estabilidad social en ambos municipios no se vean menoscabados, reafirmando así el compromiso irrenunciable del partido con la verdad, la justicia, la transparencia y el Estado de Derecho.