Propuesta Cívica presentó una investigación en la que se plantea una macrocriminalidad que facilitó la violencia en contra de comunicadores; su administración registró 18 asesinados
El gobierno de Javier Duarte de Ochoa estuvo marcado por crímenes y violencia en contra de periodistas. En promedio, un comunicador fue asesinado en promedio cada tres meses entre 2010 y 2016, años en los que estuvo al frente de la entidad.
“No fue casualidad ni negligencia: fue un patrón”: Esa es la conclusión central del informe Prohibido Investigar: La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz, presentado este martes por Propuesta Cívica en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en Ciudad de México.
El documento fue elaborado en colaboración con Omar Gómez Trejo, exfiscal del caso Ayotzinapa, quien analizó los expedientes de tres periodistas asesinados desde tres ángulos: penal-criminal, social y estructural. Su diagnóstico fue contundente: “La violencia contra la prensa es reflejo del deterioro democrático”.
La tesis que sostiene el informe refiere que la impunidad en los crímenes contra periodistas en Veracruz no fue una omisión del aparato estatal, sino una forma deliberada de administración institucional, la cual se llevó a cabo con el objetivo de desmantelar una agencia de noticias y silenciar a los comunicadores.
“No es que el Estado deja de hacer, sino que es un producto más dentro de esa cadena de responsabilidades que el Estado va haciendo, va eslabonando, va fabricando de manera regular”, afirmó Gómez Trejo respecto a la complicidad que el gobierno trazó desde la administración anterior en el estado, con Fidel Herrera.
Desde la investigación y análisis realizado en los casos de estudio, el equipo determinó que un punto clave en los tres asesinatos es que las autoridades señalaron que se trató de grupos del crimen organizado, se enfocaron en querer demostrar su hipótesis y, plagados de omisiones, no brindaron justicia a las familias porque no realizaron de manera correcta las diligencias.
Esa maquinaria se sostiene y se reproduce, según el Gómez Trejo, por cinco mecanismos:
- La impunidad es una decisión político-criminal, no una carencia de capacidades. Hay acuerdos, hay coordinación entre actores, hay techos de cristal que nadie rompe de forma deliberada.
- La fragmentación del método investigativo. Las fiscalías tratan los homicidios, las desapariciones, las extorsiones, el narcotráfico y el lavado de dinero como delitos separados, sin conectarlos en lo que en conjunto configura una red de macrocriminalidad, en la que participan tanto funcionarios públicos, gobierno y grupos delictivos.
- La hipótesis del ajuste de cuentas, que Gómez Trejo describió como una “investigación a bajo costo” y que se trata de señalar a las víctimas como vinculadas al crimen organizado para desplazar la responsabilidad fuera del Estado y desactivarla.
Alejandra Ordaz, hija de la periodista Yolanda Ordaz, asesinada en julio de 2011 en Veracruz. Foto: Cortesía
- La apariencia de investigación. Los expedientes son voluminosos, hay peritajes, comparecencias y acumulaciones. Pero, en palabras que quedaron plasmadas en el propio informe, se trata de “un volumen de datos sin análisis y diligencias efectivas”.
- El quinto es que no investigar produce cuatro efectos en cadena: los perpetradores quedan libres y disponibles para seguir operando; las víctimas y sus familias quedan desprotegidas bajo un clima de terror; los pactos de silencio se refuerzan porque nunca se usan los criterios de oportunidad ni las herramientas legales para quebrarlos; y el mensaje de impunidad a toda la prensa se confirma con cada caso no resuelto.
14 fallas idénticas en tres expedientes distintos
El informe analizó en detalle tres crímenes que dejaron ocho personas asesinadas vinculadas al periodismo y la comunicación. Lo que encontró Gómez Trejo al cruzar los expedientes resultó revelador: las tres investigaciones comparten 14 fallas idénticas.
“Es la repetición exacta del mismo conjunto de omisiones en tres expedientes que se van construyendo en distintos momentos por distintas autoridades, con o sin presiones, con partidos distintos, con plataformas políticas distintas”, explicó el exfiscal.