Filias y fobias… del Poder.- Por Miguel Ángel Rueda-Ruíz
+++ De Jáltipan a Coatzacoalcos, otro accidente golpea una cadena petroquímica que ya conoció la tragedia
+++ La familia Del Valle Perochena, detrás del grupo corporativo al que pertenecen PMV y PMV Minera
Por Miguel Ángel Rueda-Ruíz
Diez años después, la historia vuelve a colocar a Petroquímica Mexicana de Vinilo —PMV— en el centro de una emergencia industrial en el sur de Veracruz.
En abril de 2016 fue Clorados III, en el Complejo Petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos.
Ahora, septiembre de 2026, es PMV Minera, en Jáltipan, donde una explosión e incendio en instalaciones relacionadas con la producción de salmuera vuelve a poner en la discusión pública las condiciones en que opera la cadena industrial petroquímica en el sur veracruzano.
Porque Jáltipan no está aislado de Coatzacoalcos.
Tampoco lo está de la industria petroquímica regional.
Y mucho menos de una cadena productiva que durante décadas vinculó salmuera, cloro-sosa, etileno, VCM y PVC.
Ahí está el fondo del asunto.
El 20 de abril de 2016, una explosión seguida de incendio sacudió Clorados III, planta productora de monómero de cloruro de vinilo —VCM— ubicada dentro del Complejo Petroquímico Pajaritos.
El saldo oficial fue de 32 trabajadores fallecidos y más de un centenar de personas lesionadas.
La planta pertenecía entonces a Petroquímica Mexicana de Vinilo -PMV- sociedad en la que participaban Pemex y Mexichem.
La instalación quedó destruida.
Pero el daño no terminó en las estructuras calcinadas.
También se fracturó una cadena industrial.
La producción de etileno dejó de operar.
La planta de VCM no fue reconstruida.
Y PMV terminó concentrándose en la operación de cloro-sosa, además de reducir sustancialmente la capacidad de aquella estructura industrial que originalmente pretendía integrar distintos procesos.
En diciembre de 2017 se acordó descontinuar el negocio de VCM y los activos y pasivos vinculados con etileno y servicios auxiliares.
Un año después, en 2018, Pemex vendió a Mexichem su participación de 44.09 por ciento en PMV y PMV Minera.
El mapa empresarial cambió.
La cadena industrial, también.
Hay una tragedia industrial con un expediente penal cerrado, pero no necesariamente con todas las cuentas saldadas
En el ámbito penal, la entonces Procuraduría General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal, al considerar el hecho como un “accidente inesperado y fortuito”.
El cierre de la investigación penal no equivale, por sí mismo, a una certificación general de cumplimiento ambiental o de seguridad industrial.
Y aparece otro capítulo de la trágica historia.
Después del incendio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente —Profepa— impuso una clausura temporal y medidas correctivas relacionadas con los residuos peligrosos generados por el siniestro y las acciones de emergencia.
Se identificaron, entre otros materiales, ácido clorhídrico, etano, etileno, catalizador de cloruro cúprico y dicloroetano, además de materiales y equipos contaminados derivados del proceso industrial.
La autoridad ordenó su disposición final mediante empresas autorizadas y exigió estudios para determinar posibles afectaciones al suelo, agua y otras áreas del Complejo Pajaritos.
También hubo reportes sobre emisiones atmosféricas y preocupación por las aguas utilizadas durante el combate del incendio.
Y aparecieron investigaciones y muestreos independientes que señalaron la presencia de compuestos potencialmente tóxicos en agua, polvo y suelo.
No todos esos hallazgos pueden atribuirse automáticamente al accidente de Clorados III. Otras empresas instaladas tienen su cuota contaminante.
Los expedientes ambientales relacionados con Clorados III contemplaron obligaciones como el retiro y disposición final de residuos peligrosos, la caracterización del sitio, eventuales programas de remediación y acciones relacionadas con la reparación o compensación ambiental.
El incendio se apagó, pero el expediente ambiental no necesariamente terminó cuando dejaron de verse las llamas.
La pregunta que permanece una década después es sencilla.
¿Quedaron formalmente cumplidas y cerradas todas esas obligaciones?
Porque una cosa es que jurídicamente no exista una condena penal contra PMV por aquel siniestro.
Y otra, muy distinta, es acreditar documentalmente que cada obligación ambiental derivada del accidente fue cumplida y formalmente cerrada por las autoridades competentes.
Ahí está uno de los puntos que merecen revisión pública.
Está en la memoria colectiva y periodística.
Diez años después de Clorados III, la palabra PMV vuelve a aparecer asociada a una emergencia industrial.
Esta vez en Jáltipan.
La instalación siniestrada es PMV Minera, vinculada a la producción de salmuera.
Y aquí es donde el accidente deja de ser exclusivamente un asunto local.
Porque la salmuera producida en Jáltipan es un insumo para la operación de cloro-sosa de PMV en Pajaritos, Coatzacoalcos.
Jáltipan y Coatzacoalcos están unidos por una cadena industrial.
La salmuera se obtiene de los domos salinos de la región y posteriormente es transportada hacia la zona petroquímica.
Documentación industrial refiere una conexión por tubería de aproximadamente 43 kilómetros entre la zona salinera y las instalaciones petroquímicas.
En Pajaritos, esa materia prima entra a un proceso electroquímico mediante el cual se producen principalmente cloro, sosa cáustica e hidrógeno.
Y entonces la cadena continúa.
El cloro puede combinarse con etileno para producir derivados como dicloroetano y, posteriormente, monómero de cloruro de vinilo —VCM—, materia prima fundamental para fabricar PVC.
El PVC termina convertido en tuberías, conexiones, recubrimientos, cables, envases, productos médicos y una larga lista de bienes utilizados cotidianamente.
La salmuera extraída de Jáltipan es la punta de la madeja.
Puede convertirse en parte de una cadena que termina en productos utilizados para llevar agua, construir infraestructura, conducir energía o atender necesidades industriales y médicas.
Considerar lo ocurrido en PMV Minera como un accidente estrictamente municipal sería quedarse en la superficie.
El eslabón salinero tiene importancia industrial.
Si Jáltipan produce la materia prima y Pajaritos la transforma, cualquier interrupción relevante puede repercutir en otros procesos y, eventualmente, en proveedores, transportistas y consumidores industriales de la región.
Una cadena.
Un eslabón.
Y múltiples consecuencias.
Eso es lo que convierte un accidente industrial en un asunto regional.
Y detrás, el mismo mapa corporativo
PMV y PMV Minera forman parte del grupo corporativo actualmente vinculado con Orbia Advance Corporation, anteriormente Mexichem.
El principal accionista de Orbia es Kaluz, grupo controlado por la familia Del Valle Perochena.
Entre los integrantes públicamente identificados de esa familia están Antonio, María Blanca, María de Guadalupe, Francisco Javier y Juan Pablo del Valle Perochena.
La familia mantiene el bloque de control de Orbia a través de Kaluz.
No significa completamente que las plantas de PMV o PMV Minera sean propiedad personal directa de cada integrante de la familia.
La relación es corporativa y accionaria, a través de las sociedades que integran la estructura empresarial.
Y precisamente por eso resulta pertinente preguntar
¿Qué protocolos de seguridad existen hoy?
¿Qué mantenimiento reciben las instalaciones?
¿Qué evaluaciones de riesgo se realizan?
¿Qué capacidad de respuesta existe ante una emergencia?
¿Qué sustancias estaban involucradas?
¿Qué impacto tuvo el accidente?
¿Qué medidas correctivas fueron ordenadas?
¿Y qué seguimiento tendrán?
Diez años después, la memoria obliga a preguntar
Clorados III dejó 32 muertos.
Dejó trabajadores lesionados.
Dejó instalaciones destruidas.
Dejó una cadena productiva fracturada.
Y dejó, además, un expediente ambiental cuya historia completa merece ser conocida y documentada.
Ahora PMV Minera vuelve a poner el nombre de la empresa en las primeras planas.
No sería serio afirmar, sin investigación técnica, que ambos accidentes tienen las mismas causas.
No las tienen necesariamente.
Tampoco sería responsable anticipar responsabilidades antes de que concluyan las investigaciones correspondientes.
Pero sí es legítimo preguntar.
¿Qué aprendió la industria de Clorados III?
¿Qué cambió en sus protocolos de seguridad?
¿Qué ocurrió ayer en Jáltipan?
¿Qué sustancias estaban involucradas?
¿Hubo afectaciones fuera de la instalación?
¿Qué daños ambientales produjo el incendio?
¿Quién supervisaba las condiciones de seguridad?
Y, sobre todo:
¿qué medidas se tomarán para que la historia no vuelva a repetirse?
En el sur de Veracruz la industria petroquímica no funciona como islas.
Jáltipan está conectado con Coatzacoalcos.
Coatzacoalcos con Minatitlán.
Las plantas están conectadas entre sí.
Los trabajadores también.
Los municipios también.
El medio ambiente, mucho más.
Ésa es la dimensión de lo ocurrido en PMV Minera.
Y ésa, también, es la pregunta que diez años después de Clorados III sigue pendiente.
¿Cuánto se ha aprendido de las tragedias industriales?