—Señalan cobro de copias sin recibo y acusan que trabajador del Poder Judicial litiga y ofrece asesorías mientras tiene acceso a expedientes
Misantla, Veracruz, México 21/09/2026
Quetzalli Carolina Vázquez/ QUE Noticias
Abogados que acuden a los juzgados de Misantla denunciaron una serie de presuntas irregularidades que van desde el cobro de 4 pesos por fotocopia de los expedientes, sin recibo ni comprobante, hasta el señalamiento de que un trabajador del Poder Judicial presuntamente litiga asuntos y ofrece asesorías.
De acuerdo con los denunciantes, las copias se realizan en una máquina ubicada dentro de las instalaciones judiciales y el pago se entrega directamente a una persona identificada como Fany, quien, dicen, sería una meritoria y no una trabajadora con nombramiento dentro del Poder Judicial.
Señalan que el hecho ha sido denunciado en reiteradas ocasiones pero que al tratarse de personas que cuentan con el respaldo del Sindicato Estatal de Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Veracruz (SETSPJ), no se han conseguido erradicar las malas prácticas.
Con el cobro de fotocopias, los denunciantes hablan incluso de cantidades que podrían superar los 10 mil pesos semanales, aunque este monto deberá ser acreditado mediante documentación, registros de copias, testimonios o alguna otra evidencia.
Por ello, demandan que se transparente quién es el responsable formal de la copiadora del juzgado, quién autorizó el cobro de 4 pesos por hoja, cuánto dinero se recauda y a qué cuenta o área institucional ingresa.
Los denunciantes también señalan a Enrique Vázquez Salas, a quien identifican como trabajador adscrito a Oficialía de Partes, de presuntamente realizar actividades de litigio y ofrecer servicios de asesoría jurídica a personas que acuden al juzgado.
Según los testimonios, Vázquez Zayas tendría acceso directo a los expedientes y a información de los asuntos que se tramitan en el órgano jurisdiccional, al tiempo que presuntamente ofrecería asesoría o servicios legales a ciudadanos.
Quienes exponen la situación consideran que las autoridades del Poder Judicial, deberían investigar debido al posible conflicto de interés que exististe cuando una persona que tiene acceso a información y documentación judicial utiliza esa posición para prestar servicios particulares.
La legislación de responsabilidades administrativas obliga a los servidores públicos a actuar conforme a las atribuciones de su cargo, conducirse con rectitud y evitar utilizar su empleo para obtener beneficios o ventajas personales o para terceros.
Además, la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla como utilización indebida de información el obtener una ventaja o beneficio privado como resultado de información privilegiada conocida con motivo de las funciones públicas.
De acuerdo a información recabada, este martes integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial acudirán a los Juzgados de Misantla a realizar una inspección, por lo que los denunciantes hacen un llamado a abogados y ciudadanía en general para que acudan a exponer sus inconformidades con quienes tienen el derecho y la obligación de investigar y sancionar.