OVED CONTRERAS
LOS HELICÓPTEROS DE NAHLE…Veracruz compró helicópteros porque no tenía cómo llegar a los rincones más apartados sobre todo durante un desastre natural. Esa es la versión oficial. Y es cierta.
Hace un año, octubre de 2025, 45 municipios del norte quedaron bajo el agua. No había aeronaves del estado suficientes. La gobernadora Rocío Nahle lo recordó en Pánuco la semana pasada en el aniversario del Plan DN-III: 4 helicópteros nuevos, dos Bell llegan en noviembre, para evacuaciones, víveres y combate de incendios. Inversión en prevención, dice.
Hasta ahí, nadie se opone. Veracruz tiene 750 km de litoral. Necesita alas. El problema no es el qué, es el cómo y el cuánto. La dirigencia panista puso sobre la mesa algunos datos que necesitan transparencia: un fideicomiso de Protección Civil con 814 millones de pesos. De ahí, 453.9 millones para 3 -ahora ya dicen 4- helicópteros. ¿Y los otros 316 millones? No hay actas de 2026 publicadas. No hay contratos a la vista.
Si el gasto es justificado, que se demuestre con lo que señala la propia oposición: contratos, empresa ganadora -se habla de Bell Textron-, esquema operativo, costo por hora de vuelo. Porque la lección de 2025 no fue solo que necesitábamos helicópteros. También fue que necesitábamos transparencia.
Pero hay algo que sí funcionó en este temporal y hay que decirlo. Este octubre, a diferencia de 2025, el norte no se ahogó igual. Y no fue por los helicópteros que aún no llegan.
Fue por el SAT-VN, el Sistema de Alerta Temprana. En Poza Rica, en el río Cazones y en el Pantepec, instalaron aparatos electrónicos de medición de nivel. En Álamo, las sirenas sonaron cuatro veces y permitieron evacuar a tiempo Villas de San Clemente, San Antonio y otras colonias bajas.
Esa inversión sí es preventiva, sí es barata comparada con un Bell 407, y sí salvó vidas. La lección entonces es doble: cuando el dinero de Protección Civil se usa en sensores, alarmas y capacitación, funciona.
VENDEN UN ROBINSON…Ayer, el Congreso de Veracruz autorizó vender el Robinson R66, matrícula XC-LPG. Uno de los viejos helicópteros del gobierno. El dictamen es largo y técnico: avalúo 015/2026, dictamen de aeronáutica de Mariana López Lara y Raúl Sánchez Hernández, seguro, actas del Subcomité de la Oficina de la Gobernadora, informe de Contraloría, impacto presupuestario. Todo en orden, en papel.
El argumento: ya no conviene mantenerlo. Es de 2011, 15 años de uso, refacciones caras, obsoleto, limitado técnicamente. Gastar en él es tirar dinero. Mejor venderlo en subasta pública y que lo que se obtenga entre a Tesorería de Sefiplan como productos.
Hasta ahí, suena bien pero hay otros datos que no deben perderse de vista: Venden por caro de mantener y compran 4 más caros de mantener. Si el Robinson R66, que es un helicóptero ligero y barato de operar, ya les parecía incosteable por mantenimiento, ¿cómo van a sostener 4 Bell 505/407 que cuestan 4 veces más por hora de vuelo? Solo la turbina de un Bell vale lo que 3 Robinson.
Venden uno viejo para comprar 4 nuevos, pero del fideicomiso de Protección Civil. El dinero de la venta entra a Sefiplan, pero el dinero de la compra sale del fideicomiso de desastres de 814 millones, que era para prevenir desastres, no para crear una aerolínea estatal. Se advirtió en tribuna: están descapitalizando la prevención.
La votación lo dice todo. A favor, Morena y aliados: Tanya Viveros e Indira Rosales. En contra, PRI-PAN: Héctor Yunes, María Elena Córdova, Ana Rosa Valdés. No es un tema técnico, es político. Y cuando una venta se vuelve política, la subasta rara vez es pública de verdad. ¿A cuánto se va a vender? Un R66 de 2011 en el mercado internacional anda entre 650 y 850 mil dólares, unos 13 a 17 millones de pesos, si está volable. Si lo venden por debajo, será ganga para alguien. Si lo venden por encima, habrá que ver quién lo compra.
La pregunta que el Congreso debió hacer antes de autorizar es la misma que llevamos dos columnas haciendo: ¿Dónde está el plan de operación anual? ¿Cuánto cuesta la hora de vuelo, el piloto, el seguro, el hangar?
SON TENDENCIA…en el norte…El Ferras y Don Larra….ya hasta están haciendo historia…del lado incorrecto de la historia y del catre….juuarrr juarrr…les dicen…si no creen chútense esto que circula en las redes sociales de los coahuilenses…
Hace unos días las redes replicaron un video bochornoso de Piedras Negras, Coahuila. El alcalde morenista Carlos Jacobo Rodríguez y su propio regidor aliado del PT, Juan Carlos Álvarez, terminaron a gritos en plena sesión de Cabildo. Uno acusando al otro de tener una denuncia por agresión sexual a una menor, el otro respondiendo con acusaciones de consumo de drogas y descalificaciones personales. De la misma coalición, de la misma corriente cuatroteísta.
Más allá de quién tenga la razón -que eso deberá definirlo la Fiscalía y no un micrófono-, la escena exhibe lo que ya es un patrón: Morena abrió las puertas sin filtro y ahora no sabe cómo cerrarlas. López Obrador dijo que en Morena cabían todos, desde santos hasta pecadores. El problema es que cuando no hay filtros de elegibilidad, los antecedentes sí pesan, y pesan en el gobierno.
Ya pasó con María Clemente García Moreno, diputada federal de Morena que en 2022 generó una polémica nacional por exhibir contenido sexual explícito en sus redes siendo legisladora. No es un tema de vida privada, es un tema de decoro del cargo.
En Veracruz el fenómeno no es distinto. La dirigencia estatal encabezada por Esteban LARRA Zepeta ha sido señalada por impulsar perfiles sin trayectoria ni trabajo territorial, pero con cercanía personal a la cúpula. Algunos de esos perfiles, que han sido vinculados a la oferta de servicios sexuales en plataformas digitales, hoy aspiran, con el aval de su grupo, a una diputación. Es el caso que se menciona de Fernando Vázquez Ferman.
No se trata de juzgar vidas privadas. Se trata de juzgar el estándar para representar al pueblo. ¿Con qué filtro se elige a un candidato? ¿Con lealtad o con mérito? ¿Con cercanía o con servicio?
A Rocío Nahle, que hoy carga con el costo de inundaciones, hospitales que demandan abasto de medicamentos y un fideicomiso en Protección Civil de 814 millones, la indecencia ajena también le termina pegando. Porque cuando el partido no pone orden ético interno, el costo lo paga el gobierno. Morena no tiene un problema solo de administración. Tiene un problema de estándar moral para gobernar.