OVED CONTRERAS
EL SOMBRERO NO APARECE…Dicen en el rancho que todos muy honestos pero el sombrero no aparece…y la conseja popular igual consigna que el que nada debe, nada teme. En el OPLE Veracruz parece que aplican la versión al revés: el que nada debe, todo borra.
El martes pasado nos quisieron vender la historia del «OPLE que dijo no». Una historia detallada con números, con contratos, con la tesis de que en Veracruz, a diferencia del INE de Guadalupe Taddei y su red de Cajas Graf y Corporativo Zeg, aquí todo es pulcro, todo es con Litho Formas, todo desde 2023 está limpio.
Bonita historia. Lástima que ayer miércoles, su propio portal de transparencia la desmiente con un letrero que no deja lugar a dudas: *Not Found.* Padrón de Proveedores: Not Found.
Licitaciones: Not Found.
Contratos: Not Found.
Todo lo de 2025 para atrás, borrado.
Pregunta básica de periodismo: si el OPLE tiene las manos limpias, si desde 2023 no contrató a Cajas Graf ni a Corporativo Zeg, si sus contratos con Litho Formas por 215 millones en 2024 y 113 millones en 2025 están tan bien hechos, ¿por qué borran la evidencia que los haría quedar como héroes?
Porque en transparencia la lógica es simple: lo que presumes, lo pruebas. Y lo que borras, lo escondes.
No borraron 2018, que es el año que ellos mismos aceptan que sí le dieron 141 millones a Cajas Graf. No borraron 2022, que es el año que aceptan que sí le dieron algo a Corporativo Zeg. Borraron TODO. Incluido 2025, que es el año que según ellos los hace diferentes, el año de los 212 ayuntamientos, el año donde supuestamente demostraron que se puede hacer una elección barata y sin la red Taddei.
Si 2025 está limpio, ¿por qué no está en el portal? La coincidencia es criminal: el 23 de octubre la Auditoría Superior de la Federación anuncia investigación de oficio a INE y OPLEs por simulación de competencia, colusión y triangulación de recursos. El 27 de octubre sale una columna para decir que Veracruz no tiene nada que ver. El 28 de octubre, cuando este reportero intenta verificar esos dichos en el portal oficial, el portal está vacío.
Cinco días. En cinco días pasaron de ser auditados a ser víctimas y luego a borrar el expediente. Y no es que la información no exista. Existe en la Plataforma Nacional de Transparencia federal. Ahí sigue constando que Corporativo Zeg sí tuvo adjudicación directa por 4 millones 50 mil pesos en Veracruz. Eso no lo pueden borrar con un 404 del servidor local. Eso está en la federación.
Entonces la pregunta no es si el OPLE contrató o no a la red de los Hernández Casillas en 2024. La pregunta es: ¿qué había en esos archivos Excel de 2017 a 2025 que tuvieron que borrar justo ahora?
Porque si Litho Formas ganó, que enseñen las actas de licitación. Si hubo competencia real, que enseñen las propuestas económicas de los otros participantes. Si no hubo triangulación, que enseñen el padrón de proveedores donde conste que Cajas Graf y Zeg ya no están.
No pueden. Porque lo borraron. El «OPLE que dijo no» hoy es el OPLE que borró todo. Y en materia de transparencia, el que borra todo, es porque no tiene las manos limpias. Tiene las manos ocupadas borrando. Que lo reponga el IVAI. Que lo investigue la ASF. Y que la FGR pregunte por qué un organismo que se dice inocente actúa como culpable….harina del mismo costal: Marisol Delgadillo es la presidenta más impugnada de todos los oples de los estados pero no ha procedido. ¿Quién desde el INE la cubre?
LA MAGISTRADA BAJO FUEGO…De repente apareció el nado sincronizado para atacar a la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Rosalba Hernández: “No se quiere someter a evaluación pues a qué le teme”, cuestiona el oficialismo…pero lo que difunden esos oficiosos es una infamia con firma jurídica: “Rosalba Hernández impugna su evaluación”.
No. Rosalba Hernández defiende la ley. Y hace bien. La magistrada presidenta promovió el 26 de octubre un recurso para solicitar la nulidad e invalidez del procedimiento de evaluación iniciado por el Tribunal de Disciplina Judicial. Y tiene toda la razón jurídica para hacerlo. ¿Por qué? Porque la quieren evaluar como si fuera magistrada de sala cuando no lo es.
Desde que ocupa la Presidencia del TSJ, Rosalba no integra sala. No resuelve expedientes de segunda instancia en lo civil, penal o familiar. Su función es de dirección, administración, representación del Poder Judicial, gobierno interior, manejo del Consejo de la Judicatura, presupuesto, relación con los otros poderes. Evaluarla con los criterios de productividad de sentencias, confirmaciones y revocaciones de un magistrado de sala es no entender qué es la Presidencia. Es como querer evaluar a la gobernadora Rocío Nahle con la bitácora de un director de área. Es absurdo y ridículo.
Y el recurso lo dice claro: cuestiona los criterios, los plazos y la competencia. No es desacato, es defensa de la división de poderes. El Tribunal de Disciplina Judicial no puede convertirse en un garrote político para someter a la presidenta del Poder Judicial a una evaluación a modo.
¿De dónde viene el ataque? De la misma narrativa que quiere un Poder Judicial arrodillado. Los mismos que le dieron con todo a los transportistas y el paro por exigir más seguridad, y aplaudieron la gira en hospitales para comprobar que hay suficiente medicamento en farmacias y que pacientes y médicos eran unos mentirosos, hoy quieren hacer ver como rebeldía lo que es un acto de legalidad.
Rosalba no está pidiendo impunidad. Está pidiendo que la evalúen por lo que hace: presidir. Si quieren medirle la presidencia, que la midan por gobierno judicial, por administración, por la implementación de la reforma judicial local, no por número de tocas resueltas que no le corresponden. Y ojo con esto: si permiten que el Tribunal de Disciplina imponga criterios que no corresponden a la función de Presidencia, mañana cualquier presidente de poder podrá ser removido por no cumplir metas que no son suyas. Es la puerta para la purga.
La impugnación deberá resolverse conforme a derecho. Pero políticamente la lectura es clara: la presidenta del Poder Judicial no se escondió. Dio la cara, metió un recurso con acuse de recibo, con argumentos, no con desplegado.
Defender a Rosalba Hernández hoy es defender la autonomía del Poder Judicial de Veracruz. Porque si la Presidencia del TSJ no puede ni siquiera impugnar una evaluación mal hecha, ¿qué le queda a un juez de primera instancia en Misantla o Pánuco?
No es Rosalba contra la disciplina. Es la Presidencia contra la ocurrencia. Y las plumas que hoy la atacan deberían recordar que mañana pueden necesitar de ese Poder Judicial que hoy quieren linchar por orden. Es cuanto.