OVED CONTRERAS
SE VIENE EL INFORME…Veracruz entra a la recta final rumbo al Segundo Informe de la gobernadora Rocío Nahle con una escena que no estaba en el guion oficial: un operativo federal que empezó el viernes, se desinfló el domingo y volvió a explotar el martes. Y al mismo tiempo, un paro magisterial que paralizó al estado.
El calendario ya está marcado. El 15 de noviembre Ricardo Ahued entregará el documento al Congreso local. El 28 de noviembre Nahle hablará en Plaza Lerdo. Y el 4 de diciembre comparecerá ante los diputados.
No era nada planeado pero les cayó como anillo al dedo: el gobierno necesitaba una historia de mano dura. Y la encontró el viernes 6 de noviembre. Esa madrugada, elementos de la SSPC, al mando de Omar García Harfuch, desplegaron el Operativo Enjambre en Córdoba, Orizaba y Alvarado. Siete detenidos: Gloria Priscila Carrera Illescas, exregidora de Morena en Tierra Blanca; Rafael Osorio Uscanga, alias «El Fallo», señalado como presunto jefe de plaza; y cinco trabajadores del IMSS, entre ellos José Roberto «N», director de la UMF 61 de Córdoba.
El lunes 9, la gobernadora presentó el operativo como un golpe contra la extorsión. El problema es que para entonces, la historia ya se le había empezado a desarmar. La exregidora había sido liberada desde el domingo, «sin delito que perseguir», por estar en el lugar y momento equivocado. Nahle diría el lunes un operativo cuya principal detenida política ya estaba en su casa desde un día antes.
Parecía que el operativo se caía. Pero ayer volvió a crecer, y por arriba. El IMSS Veracruz Sur confirmó la detención, este martes, de un jefe de área de la Delegación, por autoridades federales. No dio nombre. Solo informó que fue separado de inmediato y que el doctor Jorge Manuel Alegría quedó como encargado. En redes circula su identidad como Luis Arturo «N», señalado como jefe de Prestaciones Médicas. El IMSS no lo ha confirmado.
Con él, ya son seis trabajadores del IMSS detenidos en cuatro días. Y si la investigación toca Prestaciones Médicas, toca incapacidades, pensiones, dictámenes. Toca el corazón del sistema de salud.
Pero el IMSS no es el único frente abierto.
Este mismo martes, mientras se anunciaba la nueva detención en el IMSS, el SUTSEM levantaba un paro estatal que paralizó entre 2 mil y 3 mil escuelas en Veracruz, Xalapa, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Poza Rica y Coatzacoalcos.
Se fue Claudia Tello de la SEV, llegó Raquel Bonilla Herrera, y los problemas siguen siendo los mismos: maestros interinos con meses sin cobrar, bloqueo de cambios de adscripción, adeudos de seguros, de clave 80, de SAR, problemas para tramitar incapacidades, pensiones y jubilaciones.
El sindicato, encabezado por Ricardo Diz Herlindo, ordenó liberar las escuelas y las oficinas de la SEV, pero dejó claro que el conflicto no está resuelto. Solo está en pausa, a la espera de lo que negocien en Xalapa.
Cuando se fue la comadrita Tello y su camarilla se pensó que acabarían los problemas del magisterio, pero sigue el mismo patrón: cambian al titular, anuncian diálogo, pero el problema de fondo sigue ahí.
Por eso la pregunta para el 28 de noviembre es si van a presumir el operativo. La pregunta es con qué cara presumen resultados cuando, en la misma semana, el IMSS tiene a seis detenidos y la SEV tiene a escuelas que acaban de salir de un paro con miles de estudiantes afectados.
Un informe de gobierno se construye con resultados. Pero un resultado sin cargos claros, sin nombres oficiales, con liberaciones silenciosas y con maestros sin pago, no es justicia ni es educación. Es escenografía.
Veracruz no necesita otro operativo para la foto del informe, ni otra mesa de diálogo para levantar un paro. Necesita saber de qué acusan a los seis del IMSS, por qué liberaron a la exregidora, quién es el jefe de área detenido este martes, y cuándo les van a pagar a los maestros interinos.
LA NUEVA CHAMBA DEL CISNE…Alberto Silva Ramos, “El Cisne”, el ex vocero de Javier Duarte señalado por su presunta participación en el desvío de 245 millones de pesos a empresas fantasma, hoy cobra como funcionario de la Auditoría Superior de la Federación.
Sí, leyó usted bien. En la ASF. En la institución que se supone debe cazar, exhibir y denunciar a las empresas fantasma. Silva Ramos aparece en el directorio oficial de servidores públicos de la ASF, actualizado al 30 de octubre de 2026, como subdirector de Área en la Dirección General de Enlace Legislativo y Asuntos Públicos. Esa dirección no es cualquier oficina. Es el área que depende directamente del despacho del auditor superior, Aureliano Hernández.
Es decir, “El Cisne” no llegó a un archivo polvoriento. Llegó al corazón político de la Auditoría. Y aquí es donde la historia se pone grotesca.
Alberto Silva fue el coordinador general de Comunicación Social en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. El hombre de la imagen, el de los boletines, el de la sonrisa. El que desde su oficina manejaba uno de los presupuestos más opacos de aquella administración.
En mayo de 2017, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción publicaron lo que todos en Veracruz ya sospechaban: durante diciembre de 2014, desde dependencias estatales se facturaron 245 millones de pesos por supuesta difusión de actividades gubernamentales.
El dinero, según la investigación, terminó en ocho compañías que el SAT después identificó como empresas inexistentes: Carrirey, Ravsan, Anzara, Mogarver, Mercacarrey, Marvercarr, Publicidad Akkira y Gman Business. Ocho empresas fantasma. 245 millones. Y en medio de la operación, dos nombres: Alberto Silva Ramos, desde Comunicación Social, y Antonio Tarek Abdalá Saad, desde la Tesorería de la Secretaría de Finanzas.
Las empresas, según la investigación, nunca acreditaron haber prestado los servicios por los que cobraron. Cobraron por difundir lo que nunca difundieron. Silva Ramos nunca fue condenado por ese caso. Hay que decirlo con todas sus letras, porque tampoco hay que inventar sentencias. Fue señalado, investigado y en su momento incluso se solicitó su desafuero cuando era diputado federal.
La pregunta no es si Silva Ramos tiene derecho a trabajar. Claro que lo tiene. La pregunta es: ¿quién lo llevó a la ASF? ¿Quién revisó su currículum? ¿El auditor Aureliano Hernández sabía de sus antecedentes cuando lo puso en Enlace Legislativo?