¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO DE LAS COPIAS CERTIFICADAS?

Pánuco, Veracruz, México
16/11/2026
Quetzalli Carolina Vázquez/ QUE Noticias

Afirma el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Pánuco y el Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado, no contar con información respecto a cuanto dinero ingresa por concepto de copias certificadas.

Las dependencias ni siquiera tienen claridad sobre quién debe llevar los controles de registro de pago por copias y entre ambas se señalan la responsabilidad.

Cada copia certificada que se expide en un juzgado tiene un costo y teoría, el dinero debe depositarse, registrarse y quedar respaldado en documentos que permitan comprobar cuánto se cobró, por qué concepto y quién se encargó de reportarlo.

Pero en el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Pánuco, esto no ocurre, y así quedó evidenciado tras solicitar los libros de registro, fichas de depósito, comprobantes, reportes y conciliaciones financieras correspondientes a este servicio.

En seis solicitudes de información, identificadas con los folios 771277626000326, 327, 328, 330, 332 y 333, el secretario de acuerdos, Luis René Alberto Lara Guzmán, respondió que los documentos son competencia del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia y que no podía proporcionar la información. Sin embargo, el Fondo Auxiliar sostuvo exactamente lo contrario.

En oficios fechados el 28 y 29 de septiembre de 2026, esa instancia señaló que los libros, registros y controles de las copias certificadas son responsabilidad de los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con los artículos 177 y 179 del Reglamento Interior del Órgano de Administración Judicial y la Circular número 17.

Incluso pidió dejar sin efectos las respuestas del secretario y devolver las solicitudes al juzgado porque, según estableció, no eran congruentes con las disposiciones aplicables y, en el oficio CTF-302/2026, relacionado con el folio 771277626000333, el Fondo Auxiliar fue todavía más específico: calificó la respuesta del secretario como «no congruente».

La contradicción es preocupante y, resulta indispensable saber por qué su secretario atribuyó esa responsabilidad a otra oficina y, sobre todo, qué información existe realmente sobre los ingresos.

La Circular número 17, emitida por el entonces Consejo de la Judicatura el 26 de marzo de 2018, establece que los juzgados de primera instancia deben llevar dos controles: un libro de registro de autorización de copias certificadas y otro de fichas de depósito.

También señala que el secretario de acuerdos debe reportar al Fondo Auxiliar las fichas, con información que incluye número de expediente, cantidad de copias, importe, diferencias y observaciones. La responsabilidad de cumplir esos lineamientos recae directamente en el funcionario.

No obstante, cuando se pidió conocer quiénes participan en el procedimiento, la respuesta del secretario, fue genérica y no permitió identificar a los servidores públicos que intervienen en cada etapa pero tampoco quedó despejado el tema de las revisiones.

En el folio 771277626000331, el secretario mencionó una visita del Órgano de Evaluación realizada los días 28, 29 y 30 de abril. Sin embargo, la Presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial informó que ese órgano no tiene entre sus atribuciones revisar el manejo, cobro, registro y reporte de las copias certificadas.

Así, entre respuestas que trasladan responsabilidades y documentos que señalan que los controles corresponden al juzgado, sigue pendiente lo más importante: conocer los registros originales y confrontarlos con los depósitos y reportes del Fondo Auxiliar.

Por estas inconsistencias, un ciudadano presentó una denuncia dirigida a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, donde solicita investigar al secretario de acuerdos Luis René Alberto Lara Guzmán por posibles responsabilidades administrativas.

El escrito pide que el asunto sea turnado al Tribunal de Disciplina Judicial y a su Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas y no se limita a solicitar explicaciones sino que, solicita se preserven los libros, fichas de depósito y archivos electrónicos; que se practique una inspección en el juzgado; que se obtengan copias íntegras de los registros y que se comparen con los reportes enviados al Fondo Auxiliar.

También solicita identificar a los funcionarios que autorizan las copias, reciben, recibieron o registraron los comprobantes, resguardaron la documentación y reportaron los movimientos.

Esa revisión permitiría permitir conocer si las cantidades registradas en el juzgado corresponden a los depósitos realizados y si los ingresos reportados coinciden con los documentos originales.

La denuncia no afirma que exista un desvío de recursos, falsificación o sustracción de documentos; lo que hace es, pedir que se investigue y que las responsabilidades, si las hay, se determinen con pruebas.

Cabe recordar que es obligación del Poder Judicial, explicar cuánto dinero recibe por la expedición de copias certificadas, dónde queda registrado, quién lo reporta y qué instancia comprueba que las cuentas coincidan.

El costo de cada copia certificada en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, es de 31.10 pesos por hoja o fracción y se debe cubrir a través del sistema de control de registros y pagos de servicios judiciales; a su vez, cada juzgado debe llevar un control de copias solicitas, entregadas y sus respectivos comprobantes de pago.