ANDRÉS TIMOTEO
LA MAPACHADA GUINDA
Desde febrero del año pasado, el Código Federal de Procedimientos Penales contempla la prisión preventiva oficiosa para los que cometan delitos electorales. Esto luego de la modificación al artículo 19 constitucional que dicta precisamente la actuación de los jueces de control frente a determinados ilícitos y se introdujo la adición electoral a iniciativa del gobierno lopezobradorista y de las bancadas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
A la par, se modificó la Ley General en Materia de Delitos Electorales para castigar hasta con 9 años de cárcel a los que cometan este tipo de ilícitos. El Artículo 7 Bis establece: “se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular”.
En tanto el Artículo 11 Bis se ocupa de los funcionarios públicos que comentan estos delitos: “se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición”.
Se recuerda lo anterior porque en Veracruz hay un ‘botón de muestra’ de los violadores de estas normas penales con los comicios extraordinarios en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía la cuales aunque son localidades pequeñas y su influencia político-financiero-mediática es mínima, el régimen estatal esta desbocado usando el aparato de gobierno para hacer que los candidatos de Morena ganen la contienda.
No solo se utilizan recursos de las dependencias estatales ara comprar el sufragio a favor de los abanderados morenistas sino también los ciudadanos están siendo chantajeados con los programas sociales de apoyo a adultos mayores, jóvenes y campesinos. Vaya, el colmo es que hasta el programa de vacunación contra la Covid-19 se usa para exigir a los lugareños que voten por Morena.
Cuatro funcionarios son mencionados con insistencia no solo por la oposición sino por los mismos ciudadanos que literalmente están siendo extorsionados y en algunos casos hasta amenazados directamente para comprometer su voto. Ellos son Patrocinio Cisneros Burgos, Eleazar Guerrero. Javier Gómez Cazarín y Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El primero es secretario general de Gobierno, el segundo -primo del gobernante en turno, Cuitláhuac García- es subsecretario estatal de Finanzas, el tercero preside la Junta de Coordinación Política del congreso local y hace funciones de dirigente estatal de Morena junto con el choapense Esteban Ramírez, y el último es el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar o sea el que maneja todos los programas sociales de la federación.
Pero no son los únicos pues los alcaldes de los municipios aledaños -como bien lo documentó NOTIVER en la edición pasada – usan dinero, programas y personal para hacer campaña y exigir a los lugareños a que sufraguen por los candidatos marrones. Ya no se diga de los mismos consejos municipales que funcionan en las cuatro localidades cuyos integrantes son títeres del régimen.
En pocas palabras, lo del domingo que viene será como dice el clásico, una “elección de Estado” -así con mayúscula porque se refiere al ente de gobierno, no al espacio territorial –. Todo a pesar de que los cuatro municipios son pequeños, como ya se dijo líneas arriba, pero el cuitlahuismo pretende hacer una demostración de fuerza ganando las cuatro elecciones extraordinarias no importa que sean victorias pírricas.
Obvio que hay matices en esos comicios algunos de mordacidad hasta con los propios. Por ejemplo, en Jesús Carranza el operativo de Estado es contra el candidato del Partido del Trabajo (PT). Pasiano Rueda aun cuando ese partido ha sido aliado incondicional de la “cuarta transformación”. El abanderado petista está en prisión desde hace meses y aún así la intención del voto es a su favor por lo que algunos alertan que el gobierno estatal y Morena están listos para robarse la elección a la mala, usnato todos los chanchullos habidos y por haber el próximo domingo.
En fin, la ‘mapachada’ marrón asola los cuatro municipios y los líderes de esa fauna tienen nombre y apellido comenzando con Patrocinio Cisneros, Eleazar Pérez, Javier Gómez y Manuel Huerta Ladrón, y de ahí para abajo. La oposición ahora cuenta con la herramienta jurídica para llevarlos ante los tribunales por las reformas al Código Penal que los mismos morenistas impulsaron.
El éxito de la cacería de los ‘mapaches’ guindas dependerá de la habilidad de los abogados de los candidatos y partidos de oposición para documentar su intromisión y el uso de recursos públicos para comprar el voto.
SÍNDROME DE ESTOCOLMO
Hablando de fauna política, cosas extrañas suceden en el ayuntamiento de Veracruz donde pusieron al zorro a cuidar del gallinero. Sí, el exregidor priista Daniel Galindo de trayectoria abultada de oscuridad fue nombrado director de Comercio. ¡Que se cuiden los comerciantes formales y los ambulantes pues desplumará parejo! El señor es un estuche de pillerías desde que operaba para la fidelidad y el duartismo, aunque en algún momento Javier Duarte le reprochó una traición llamándolo “político enano”.
¿Quién obligó a la alcaldesa Patricia Lobeira a incluir tal calamidad en su administración? Al parecer, los yunistas se infectaron con el Síndrome de Estocolmo pues se enamoraron de sus verdugos. Galindo fue integrante -menor, pero lo fue- de la manada de ‘mapaches’ que los mismos azules bautizaron como los “ladrones de elecciones” en el 2013. La edil porteña se juega su bono democrático con personajes de esa catadura.