ANDRÉS TIMOTEO
Andrés Timoteo
PROTOCOLO ALBA
Son 20 preguntas que, de entrada, hay que responder aunque sean dolorosas y contemplen la posibilidad de lo peor: ¿Sabe cuándo desapareció?, ¿cuándo fue la última vez que la vio?, ¿la última vez que tuvo contacto con ella y por qué medio?, ¿a dónde se dirigía?, ¿quién tuvo el último contacto con ella?, ¿sabe si ha tenido problemas con algún familiar, con quién tenga o haya tenido alguna relación sentimental, de negocios u otros?, y ¿sospecha de alguien o de algún motivo por el cual se haya ausentado? (y en caso afirmativo especificar las causas)?.
¿Sabe si tiene enemigos?, ¿cuál es su ocupación y dirección (es) del lugar de trabajo?, ¿los lugares que frecuentaba: centros de diversión, culturales y centros religiosos (especifique)?, ¿ha faltado a su casa en algunas otras ocasiones? (en caso afirmativo especificar el motivo)?, ¿lugar de extravío?, ¿cuál es su recorrido o rutina diaria?, ¿tiene hijos (as)?, ¿se llevó documentos y/o ropa?, ¿dejó algún documento, carta, escrito, etcétera?, ¿tuvo alguna actitud extraña días antes de su ausencia o extravío?, ¿hubo llamadas, cartas o comunicaciones telefónicas o por cualquier otro medio anteriores a la ausencia o extravío?, y ¿se advirtió algún tipo de violencia previa o al momento de la desaparición?
Tal es el cuestionario inicial de Protocolo Alba para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desparecidas. No está homologado en todo el país porque apenas una veintena de entidades lo ha adoptado y en algunas de ellas ni siquiera lo aplican. Tras esas primeras preguntas vienen las biométricas como la estatura, color de cabello, piel y ojos, peso aproximado, edad, expediente dental o de cirugías previas, los tratamientos médicos por algún padecimiento y señas físicas específicas como lunares, tics y discapacidades.
A diferencia de la Alerta Amber creada en referencia a la niña texana Amber Hagerman secuestrada y asesinada en enero de 1996, el Protocolo Alba no fue llamado así por alguna víctima sino por lo temprano, pues se desprendió de la búsqueda que hacían “desde el alba hasta el anochecer” de tres jovencitas de Ciudad Juárez desaparecidas en el 2001. Ellas fueron Laura Berenice Ramos, estudiante y tenía 17 años de edad cuando desapareció el 22 de septiembre de ese año, Claudia Ivette González, trabajadora de una maquiladora, tenía 20 años y desapareció el 10 de octubre, y Esmeralda Herrera Monreal era empleada doméstica de 15 años quien desapareció el 29 de octubre.
Sus familiares presentaron las denuncias correspondientes, pero las chicas no fueron buscadas inmediatamente por las trabas legales y burocráticas. Los cadáveres de las tres jovencitas se localizaron el 6 de noviembre del 2001 en un predio de cultivo de algodón, por eso se le llamó el caso del “Campo Algodonero”. Transcurrían los años terribles de la ola de desapariciones y feminicidios en Ciudad Juárez que luego se extendió a todo el país hasta convertirse en una hecatombe humanitaria. Ahora mismo, en México -y en Veracruz – se sufre una cresta de esa oleada feminicida con miles de casos de homicidios y desapariciones de mujeres.
El caso del “Campo Algodonero” llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que 16 de noviembre de 2009 condenó al Estado mexicano como responsable de omisión y violación a los derechos de las tres víctimas. De ahí, las autoridades se vieron obligadas a modificar su legislación y recomponer los mecanismos de atención a las víctimas de desaparición y así surgió el Protocolo Alba, aplicado inicialmente en Chihuahua en el 2003, y que elimina el lapso de 72 horas para comenzar a buscar a una mujer o una niña ilocalizable.
Todas las policías y los niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- deben unirse a la búsqueda inmediata, y abrir mesas de trabajo con las fiscalías -federal y estatales- para tratar de hallar a la víctima en menos de 24 horas porque ese lapso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El cuestionario del Protocolo Alba ya es un papel conocido en miles de hogares, los padres y familiares de las desaparecidas saben lo doloroso que es contestar dicho interrogatorio.
VERACRUZ, LETRA DORMIDA
Ah, y un punto muy importante del protocolo es que prevé que cualquier actitud, acción o decisión prejuiciosa, discriminatoria, sexista y misógina de los funcionarios públicos -desde los gobernantes hasta el policía de cuadra– que dilate u obstaculice la efectividad del mecanismo constituye un delito que deberá castigarse.
Vaya, si eso se aplicara en Veracruz, ¿cuántas condenas tendría encima el gobernante estatal, Cuitláhuac García y sus funcionarios acostumbrados a estereotipar y criminalizar a las víctimas? Claro que no les harán nada porque si bien el Protocolo Alba está vigente en la entidad desde el 30 de noviembre del 2018 – lo aprobó el congreso local entre las últimas gestiones que hizo el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes – en los hechos es letra dormida.
La administración cuitlahuista no lo pondera pese a que Veracruz está en los primeros tres lugares en feminicidios. Desde que echaron a Yolanda Olivares del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), éste se encuentra acéfalo y por ende el Protocolo Alba está sin revisión ni actualización. La actual encargada de IVM, Rocío Villafuerte, considerada por los colectivos feministas como un “títere” del secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros, ni siquiera ha actualizado las fichas de búsqueda.
En su página web se acumulan 104 tarjetas desde hace tres años cuando tan solo en este 2022 ya son 160 las desaparecidas según el Observatorio Universitario de Violencias contra Mujeres de la Universidad Veracruzana. La paradoja -o ‘para-joda’, como dicen los comediantes– es que un agresor de mujeres, Patrocinio Cisneros de cuya oficina depende el IVM está cargo de atender a las víctimas y verificar la efectividad del Protocolo Alba.
Y la otra ‘para-joda’ es por quien preside el comité de activación y evaluación técnica de dicho protocolo, el titular de la Fiscalía General del estado. Así es, Verónica Hernández, la misma que tolera a los homicidas de féminas, que tienen recomendaciones de la CNDH por violentar las garantías de las mujeres y que esconde las cifras de feminicidios y desapariciones. Entonces, ¿como puede ser funcional del Protocolo Alba en Veracruz?