- Por incumplimiento de un deber legal y peculado
XALAPA, Ver., 28 de Mayo de 2022.- Policías ministeriales de la Fiscalía del Estado detuvieron a dos ex comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dentro del proceso penal 155/2022, por los delitos de incumplimiento de un deber legal y peculado. En este caso fue previamente detenida Yolli García Álvarez, quien permanece en prisión.
La fiscalía informó que la aprehensión de José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal ocurrió durante la mañana de ayer sábado y fueron llevados ante el juez de control, que legalizó la detención y les impuso la medida cautelar de seis meses de prisión preventiva.
Las acusaciones en su contra son por presuntamente haber otorgado nombramientos que debieron pasar por la aprobación del Congreso local y por presuntos desvíos en sus gastos de viáticos en comisiones en las que presuntamente sólo iban de acompañantes.
Mariscal, quien fue nombrado comisionado en enero de 2018 para un periodo de 8 años, contaba con un amparo otorgado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito el pasado 20 de diciembre de 2021, que confirmó el acordado por el Juzgado Segundo de Distrito en el juicio de amparo indirecto 267/2021.
En el amparo confirmado el juzgado federal señala que el juez de control dictó el 9 de marzo de 2021 un auto de vinculación que carecía de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad necesarias que transgredieron los derechos humanos del excomisionado.
Ayer por la mañana Arturo Mariscal fue detenido y trasladado al penal de Pacho Viejo. El Juez de Control le impuso la medida cautelar de seis meses de prisión preventiva oficiosa.
En tanto, el ex comisionado José Rubén Mendoza, ingresó en junio de 2015, fue elegido de una terna que fue votada ante el Pleno de la 63 Legislatura local y que tuvo el voto en contra de la oposición por sus orígenes, ya que antes de ocupar el cargo de comisionado, era integrante del Comité Directivo Estatal del PRI.
Durante el periodo de los tres comisionados ahora detenidos en el penal de Pacho Viejo, el IVAI determinó revocar la respuesta de la Contraloría General del Estado que ordenaba no entregar información sobre un expediente abierto en contra del subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero, primo del gobernador Cuitláhuac García, por un presunto conflicto de intereses al tener un vínculo familiar con el mandatario.
Los consejeros determinaron que esta información no podía considerarse reservada.
También resolvieron dar apertura a la información solicitada sobre la adquisición de 160 patrullas, de las cuales la Contraloría General pretendía justificar la reserva de la totalidad de la información porque “atentaba contra el interés del estado y la seguridad ciudadana”, pero los comisionados proporcionaron la versión pública del contrato, que dio lugar a una polémica al haberse revelado que las unidades eran alquiladas, no adquiridas.