OVED CONTRERAS
SIGUE LA PERSECUCIÓN…Policías ministeriales de la Fiscalía del Estado detuvieron a dos ex comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dentro del proceso penal 155/2022, por los delitos de incumplimiento de un deber legal y peculado. Por este mismo caso sigue detenida Yolli García Álvarez, quien fuera comisionada presidenta.
José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal fueron aprehendidos durante la mañana de ayer sábado y fueron llevados ante el juez de control, que legalizó la detención y les impuso la medida cautelar de seis meses de prisión preventiva…las acusaciones en su contra son por presuntamente haber otorgado nombramientos que debieron pasar por la aprobación del Congreso local y por presuntos desvíos en sus gastos de viáticos en comisiones en las que presuntamente sólo iban de acompañantes.
Se nota que a la fiscala carnala, Verónica Hernández Giadáns, le urgen detenciones que le suban sus bonos, luego de sus últimos fracasos…andan con la espada desenvainada y poco les importa si se actúa fuera de la ley: Arturo Mariscal, quien fue nombrado comisionado en enero de 2018 para un periodo de 8 años, contaba con un amparo otorgado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito el pasado 20 de diciembre de 2021, que confirmó el acordado por el Juzgado Segundo de Distrito en el juicio de amparo indirecto 267/2021.
En el amparo confirmado el juzgado federal señala que el juez de control dictó el 9 de marzo de 2021 un auto de vinculación que carecía de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad necesarias que transgredieron los derechos humanos del excomisionado…pero poco les valió: Mariscal fue detenido y trasladado al penal de Pacho Viejo. El Juez de Control le impuso la medida cautelar de seis meses de prisión preventiva oficiosa.
Aunque el gobierno pretende justificar la persecución por supuestos incumplimientos de un deber legal, lo cierto es que los tres comisionados ahora detenidos en el penal de Pacho Viejo, determinaron revocar la respuesta de la Contraloría General del Estado que ordenaba no entregar información sobre un expediente abierto en contra del subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero, primo del gobernador Cuitláhuac García, por un presunto conflicto de intereses al tener un vínculo familiar con el mandatario…los consejeros determinaron que esta información no podía considerarse reservada.
También resolvieron dar apertura a la información solicitada sobre la adquisición de 160 patrullas, de las cuales la Contraloría General pretendía justificar la reserva de la totalidad de la información porque “atentaba contra el interés del estado y la seguridad ciudadana”, pero los comisionados proporcionaron la versión pública del contrato, que dio lugar a una polémica al haberse revelado que las unidades eran alquiladas, no adquiridas…así procura justicia el Kuíkaras en Veracruz.
QUE COMPAREZCA…la fiscala carnala debe dar cuentas ante el Congreso local por los errores cometidos en casos como el de Viridiana Moreno Vásquez, además de la arbitraria detención de un estudiante a quien confundieron con el supuesto asesino de dos periodistas en Cosoleacaque.
Victoria Delgadillo Romero, del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa, quien participó en la marcha que cada mes realiza este colectivo en la capital, consideró necesario que la Fiscal rinda información sobre los trabajos que realizan ante las polémicas generadas por detenciones arbitrarias o como en el caso de Viridiana que primero se dijo estaba resguardada y luego le mostraron a los padres restos humanos que afirman son de ella.
El trabajo de la fiscalía quedó en evidencia tras pifias como la detención del joven a quien culpaban de la muerte de las periodistas y era inocente, ahora lo de Viridiana, todo está en los medios de comunicación, y los diputados deberían pedirle información a la Fiscal sobre los errores que están cometiendo, acusó la activista.
Los colectivos realizaron esta marcha que inició frente al panteón Palo Verde, para no olvidar las desapariciones de César Enrique García Romero, Gema Mávil Hernández y Mauricio Miguel Morales Ortega, todas de mayo en diferentes años…en estos casos como en muchos otros, no hay avances y la Fiscalía tampoco informa a los colectivos sobre las carpetas de investigación, por lo que son ellos quienes constantemente solicitan información.
QUE VIENEN MÁS ABUSOS…LA Arquidiócesis de Xalapa a través de su comunicado dominical, afirmó que la resolución de los magistrados de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que autoriza a todos los hospitales públicos del país a practicar abortos en niñas y jóvenes de 12 a 17 años, previa solicitud por escrito, bajo protesta de decir verdad, justifica una salida fácil a un problema difícil, no resuelve el problema de raíz e incluso da pie para que sigan cometiéndose más abusos.
El pasado 24 de mayo de 2022, los magistrados de la SCJN, resolvieron 2 controversias de inconstitucionalidad iniciadas por los estados de Aguascalientes y Baja California en 2016. Ambos estados demandaban la invalidez de algunos puntos de la “NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 24 de marzo de 2016.
La resolución de la SCJN de este 24 de mayo 2022 declaró la constitucionalidad de la NOM-046, ahora todos los hospitales públicos del país están autorizados para practicar abortos en niñas y jóvenes de 12 a 17 años, previa solicitud por escrito, bajo protesta de decir verdad, de la persona afectada de que el embarazo es producto de una violación. De acuerdo a la resolución de la Corte, no se requiere ni de denuncia ni del consentimiento de los padres de familia para efectuar el procedimiento del aborto a la niña/joven menor de edad. Son graves las consecuencias que se vienen con esta determinación del máximo tribunal, refirió la Arquidiócesis de Xalapa en su comunicado.
Señala que desde luego que la violación de un menor de edad es un delito muy grave y debe denunciarse y castigarse, el embarazo de una menor de edad resulta también algo muy delicado, pero facilitar el aborto y hasta promoverlo en esos casos, sin el conocimiento y el consentimiento de los padres es también una invasión y atentado en contra de la patria potestad, y agrega que con esta resolución la Corte pasa sobre el derecho a la vida de un inocente, justifica una salida fácil a un problema díficil, no resuelve el problema de raíz e incluso da pie para que sigan cometiéndose más abusos.