TEXTO IRREVERENTE

Andrés Timoteo

LA FISCALA Y EL LOBO

En Veracruz empeora la crisis de procuración de justicia. La titular de la Fiscalía General, Verónica Hernández Giadáns, en menos de tres años – lleva 57 meses al frente – metió al organismo autónomo en una espiral de decadencia como no se había visto hasta llevarlo a colocarse entre las primeras cinco fiscalías estatales con peores resultados del país y ser uno de los instrumentos de gobernanza que más repudio causa entre la población.

De acuerdo a la evaluación dada a conocer por la organización civil Impunidad Cero en diciembre pasado, si alguien es víctima de un delito en Veracruz solo tiene 1.04 por ciento de posibilidad de que se le allegue justicia, es decir que se identifique y capture al que cometió el crimen en su contra y lo lleve ante un juez. Bajo la gestión de Hernández Giadáns la impunidad alcanzó el 98.96 por ciento. Para ejemplificar, solo uno de cada cien delincuentes son castigados en la entidad. Noventa y nueve nunca son detenidos ni procesados -y ni buscados-.

En su reporte del 2018, el último año en el que el oaxaqueño Jorge Winckler estuvo al frente de la Fiscalía, Impunidad Cero medía en 85.23 por ciento la tasa de impunidad. En menos de tres años, la fiscala Hernández elevó al máximo el grado de tolerancia e inacción frente al crimen. Optó por ‘dejar hacer-dejar pasar’ a los delincuentes.

Pero lo grave no solo es el bajo índice de rendimiento sino el desprestigio de todo el entramado ministerial. Hoy por hoy casi nadie cree en la Fiscalía cuitlahuista por las pifias, abusos y atropellos legales que ha cometido. Hay un par de casos acumulados en estas últimas semanas que muestran la descomposición alcanzada.

Uno, es el ‘falso positivo’ que presentaron como el asesino de las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila en Cosoleacaque, un estudiante radicado en Jalapa de nombre Antonio de Jesús al que incluso le atribuyeron el apodo de “El Mara” -lo hizo el propio gobernante en turno, Cuitláhuac García Jiménez -, le dieron una paliza los policías y luego, cuando estalló el escándalo porque no era el autor del crimen, lo obligaron a él y a su familia hasta a dar las gracias a las autoridades por liberarlos.

Con amenazas de por medio, también los ‘convencieron’ de no presentar denuncias por la detención injustificada y la tortura. El segundo escándalo es el feminicidio de la joven Viridiana Moreno, originaria de Tlaltetela y quien acudió a una supuesta entrevista de trabajo en Cardel donde desapareció y hasta la fecha, a pesar de los díceres de la Fiscalía, no se tiene la certeza de que esté muerta. Cuando comenzaron las movilizaciones para exigir su búsqueda, el gobernante Cuitláhuac García desmintió que Viridiana estuviera desaparecida. “Está resguardada”, aseveró.

No fue una expresión que haya sido confundida o tergiversada por los medios informativos, como luego se quiso dar a entender. No, fue un señalamiento preciso que quedó grabado en audio e imagen. Tampoco se le puede considerar un ‘lapsus línguae’ o ‘lapsus brutus’ por los problemas lingüísticos y semánticos que tiene García Jiménez. Fue una declaración llana que, se supone, se desprendió de información trasferida desde la Fiscalía. La ingenuidad no tiene cabida en el ejercicio del poder pues nadie declara en vano y sin un sustento, sea cierto o falso, aportado desde aparato operacional. No es torpe uno, son torpes todos si se da como válida tal justificación.

Entonces ¿por qué Viridiana apareció muerta, según la misma versión oficial? ¿Por qué el gobernante aseguró que la tenían bajo resguardo? Esto solo se explica en que la Fiscalía trabajaba en la fabricación de culpables y alteración de pesquisas para minimizarlo o declararlo resuelto. Y en el salto quedaron atrapados y exhibidos pues tuvo que intervenir la federación para empujar la investigación que obligó al gobernante estatal y a su fiscala a presentar un detenido ‘sobre las rodillas’.

Aún así y cuando hay dos detenidos, uno de ello señalado como el principal responsable e identificado como Greek Román, nadie tiene certeza de que sea el responsable real del feminicidio en cuestión. Dicen que es un asesino serial y que Viridiana fue una de sus siete u ocho víctimas, y que a la joven tlaltetelana la despedazó y esparció sus restos en un paraje de Chachalacas, pero ¿quién le cree a la fiscala Hernández?, ¿quién puede asegurar que no es otro ‘chivo expiatorio’

Ni siquiera los padres de Viridiana Moreno le otorgan una pizca de confianza a la Fiscalía cuitlahuista ni aceptan que el cadáver cercenado que les mostraron en fotografías pertenezca a su hija. Las dudas y desconfianza sobre los dichos de los forenses bajo el mando de Hernández Giadáns son más que justificables pues la fiscala se ha dedicado a entorpecer, falsificar, alterar, manosear y construir falsos culpables en todo expediente que llegue a su escritorio. Los escándalos así lo confirman.

A la señora Hernández le sucede como el cuento de “Pedro y el Lobo” porque cuando pretende decir una verdad -si es que la dice – nadie le cree. ¿Qué valor tiene para los veracruzanos una funcionaria carente de credibilidad y confianza?, la ¿para que le sirve a la población y al propio gobierno un personaje tan desprestigiado que todo lo que dice entra automáticamente al terreno de la sospecha? Para nada.

EL CAPITÁN CAVERNÍCOLA

No obstante, si bien la fiscala es el rostro visible de la crisis de procuración de justicia, ella solo es una consecuencia. La señora desde siempre estuvo baldada para el cargo porque ni tenía carrera judicial ni experiencia ministerial alguna. Por supuesto, tampoco perfil ni los conocimientos académicos o el mínimo grado de disposición para el servicio público, pero la pusieron en el cargo para concretar el chanchullo que defenestró al oaxaqueño Winckler Ortíz en el 2019.

Claro, eso no la exime de las responsabilidades que se le deberían fincar si se revisa su gestión, aunque el responsable de todo el desgarriate es su titiritero, Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno y quien es el que verdaderamente conduce a la Fiscalía. Tal es el despropósito: un analfabeta funcional y con tendencias cavernícolas está a cargo de las investigaciones ministeriales para acercar justicia a las víctimas y combatir la delincuencia. Es el que decide quién paga y quien pega. De ahí la crisis y el estercolero.