ANDRÉS TIMOTEO
LOS JESUITAS
El asesinato de dos sacerdotes de la Compañía de Jesús en la Sierra Tarahumara por un capo del crimen organizado confronta al México sangriento y real con el México fantasioso de los “abrazos y no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador. El homicidio de los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar al interior del templo San Francisco Xavier en Cerocahui, Chihuahua fue una muestra del músculo de los delincuentes que están enseñoreados en este sexenio.
Lo que se sabe es que el asesino es jefe de una banda que opera como ramificación del Cartel de Sinaloa, el preferido del López Obrador, y que no solo profanó el recinto religioso para matar a un civil y de paso a los dos religiosos que le dieron asilo sino que además amagó a un tercer sacerdote con quien estuvo “dialogando” y hasta le exigió la absolución por el crimen que había cometido -¿quién en su sano juicio no le daría por su lado al que apunta con una pistola? – para después robarse los cadáveres de sus víctimas.
Vaya, es el caso sirve para mostrar el poder dado al crimen organizado y su nivel de atrevimiento por la tolerancia de las autoridades. Las implicaciones son muchas, aunque las consecuencias -para los malos – sean pocas. Las víctimas pertenecen a la Compañía de Jesús, la misma del Papa Francisco, eran líderes religiosos y activistas en una de las regiones más abandonadas y que está a merced de la delincuencia organizada.
Los asesinos entraron y salieron del poblado y del templo a gusto por la ausencia del Estado. Todo fue posible porque si algo no existe en la Tarahumara, como en muchas otras regiones del país, es la presencia del gobierno, de las fuerzas armadas-policíacas. Ese es el reino del crimen, las regiones que el gobierno ha cedido a la mafia, como señalan los informes de inteligencia que se han ventilado en el país y en el extranjero.
¿Y que dijo el presidente López Obrador como primera reacción ante el triple asesinato? ¡Que los jesuitas estaban en una lugar infiltrado por los criminales! ¿Se acuerdan de aquella canción-lema de las feministas que dice “y la culpa no era mía/ ni dónde estaba/ ni cómo vestía”? Pues aplica ya que ahora resulta que desde la óptica presidencial los religiosos fueron culpables de su propia suerte porque estaban en el lugar y el momento equivocado.
Una salida tan fácil como frívola para no incomodar a la “gente trabajadora y buena” de los cárteles de la droga, como les llama el tabasqueño. Pero la arenga se cae en automático, los dos religiosos llevaban sesenta años de activismo social asintiendo a los más desamparados, a los indígenas de la Tarahumara. y los asesinaron precisamente por hacer lo que el gobierno no quiere: dar refugio y proteger al pueblo que huye de los criminales.
Así, la ‘ejecución’ de los sacerdotes jesuitas en el interior de una iglesia no solo es una confrontación chocante de la imagen falsa del país que canturrea el presidente con la real de un país desgarrado por el imperio del crimen sino que además es un dolorosa alegoría de la actualidad. Citando al desaparecido periodista y escritor sonorense Edmundo Valadez, en el México lopezobradorista “la muerte -y el crimen- tiene permiso”.
ANDANADA EN VERACRUZ
La entidad no se ajena a los crímenes de religiosos ni a las profanaciones de templos. Durante el sexenio duartista se vivió ese auge de ataques de la delincuencia contra los ensotanados y los sitios ‘sagrados’. En Córdoba, un hombre buscó refugio en el interior de la catedral de la Inmaculada Concepción porque iba a ser secuestrado, pero de nada le valió pues hasta allí ingresaron los delincuentes y lo ‘levantaron’ frente al altar mayor.
En septiembre del 2016, los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez Juárez y Alfredo Suárez de la Cruz fueron secuestrados por un grupo de hombres armados que irrumpió en el templo de Nuestra Señora de Fátima de Poza Rica. Los cuerpos de ambos religiosos fueron localizados después con signos de tortura y el tradicional ‘tiro de gracia’.
La Compañía de Jesús en sus misiones de Veracruz también tiene un largo historial de acoso y agresiones de parte de los grupos delictivos y del mismo gobierno. Por ejemplo, a la fecha la Fiscalía General continúa sin esclarecer ni castigar a los responsables del atentado que sufrió el sacerdote jesuita Raúl Cervera Milán, en diciembre del 2018. El religioso fue atacado a balazos por un comando armado en Huayacocotla, aunque afortunadamente salió con vida.
Sucedió doce días después de que Cuitláhuac García tomó posesión de la gubernatura y es la fecha en que los atacantes siguen libres. El padre Cervera Milán es parte de la congregación jesuita que lleva siete décadas haciendo labor social y espiritual en las comunidades náhualts, tepehuas, otomíes y huastecas. En Huayacocotla operan desde los años cincuenta la radiodifusora comunitaria “La Voz Campesina” en el 105.5 FM que acompaña a los pueblos indígenas del norte de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas y Querétaro.
En esa misma congregación está el legendario sacerdote Alfredo Zepeda quien lleva casi cinco décadas de activismo social en La Huasteca y que ha visto y sufrido de todo, desde la persecución y espionaje gubernamental hasta intentos de homicidio y difamación abierta. A los jesuitas de las congregaciones del norte, centro y sur de Veracruz los han acusado de ser guerrilleros-zapatistas, manipuladores, negociantes de la fe y enemigos del gobierno.
Tanto los del norte veracruzano como los de Chinameca, en el sur, y Jalapa -donde tienen a su cargo el templo de Los Corazones – han acompañado durante años los movimientos sociales -organizaciones defensoras de derechos de los niños de la calle, obreros, indígenas, estudiantes y campesinos- y tienen el pulso social y político de la entidad con la desidia del gobierno y a veces con su complicidad con el crimen organizado.
Los padres Jaime Arias, Juan Bautista y José Luis Serra de Chinameca han sufrido el hostigamiento, amenazas y hasta intentonas de agresión del crimen organizado por defender a los populucas, chinantecos y náhuatls, y también de la organización priista Antorcha Campesina que opera como ‘guardias blancas’ controlado gobiernos municipales. Entonces, la andanada contra religiosos y especialmente contra jesuitas tampoco es nueva en Veracruz.