ANDRÉS TIMOTEO
XICO Y TLACOTALPAN
Al igual que en Tlacotalpan se realizó el encierro taurino en Xico en el contexto de las fiestas patronales a pesar de las protestas de algunos defensores de los animales. Es el uso de los toros como motivo de diversión, aunque hay que acotar una diferencia importante pues en Xico se disminuye el maltrato a los semovientes ya que los animales de la famosa “capea” son toros de lidia a los que el público provoca con una manta o sin ella y el reto es evadir la embestida.
En ‘Xiqueñada’ -ahora – no se patea, golpea, acuchilla y mutila al animal como en la ‘Tlacotalpada’ pero eso es apenas pues hasta hace unos años era un espectáculo igual de sangriento. Entonces, se pudiera decir que los xiqueños están un poco más evolucionados o cavernícolas, según la óptica, que los tlacotalpeños, pero lo que sí mantienen unos y otros es el pretexto del culto religioso y la imagen divina de una mujer para justificar la utilización de los animales en espectáculos que no tienen nada de santos.
Los lubricantes de esa fiesta son los litros de alcohol y los kilos de droga que se venden y consumen. Los espectáculos taurinos en honor a la Virgen de la Candelaria y Santa María Magdalena son el parapeto para los adictos al alcohol, a la yerba alucinógena y los polvos de éxtasis para ‘darle gusto al gusto’. Así, el culto mariano es el disfraz para el ‘destrampe’ y el abuso contra los animales.
Pero más allá de estos asuntos, los espectáculos taurinos que se mantienen en Xico y Tlacotalpan son la confirmación de la baja calidad en el activismo animalista en Veracruz. Cierto, hay organizaciones civiles y activistas particulares que desde hace muchos años han pedido la cancelación de estos espectáculos con toros, pero todos se han quedado en la mera denuncia pública y temporal pues solo sacan el tema cada vez que se acercan las fiestas patronales.
Lamentablemente no hay una defensa seria de los animales, todo es de alharaca y lo peor es que algunos activistas alegan cosas falsas para defender la causa. Por ejemplo, ayer la representante de la asociación Civil “Acciones para el Respeto y Protección Animal (ARPA), Lourdes Jiménez, acusó que la realización de la ‘Xiqueñada’ es ilegal porque viola la Ley de Protección a los Animales para el estado de Veracruz, vigente desde el 2010.
Dijo que a pesar de que el ayuntamiento xiqueño acaba de inventarse un reglamento municipal para el cuidado del toro, éste es inservible porque la ley estatal prohíbe los espectáculos taurinos. Miente la activista, o está desinformada o lo alega cosas falsas con dolo. Lo cierto es que la Ley de Protección a los Animales en su artículo 2 considera legales esos encierros de toros.
Textualmente dice: “son objetos de protección de esta ley todos los animales que se encuentren de forma permanente o transitoria dentro del territorio del estado. Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley, los espectáculos de tauromaquia, faenas camperas, las carreras de caballos, actividades relacionadas con el deporte de la charrería, jaripeos”.
Así, la Ley de Protección a los Animales considera lícitos estos encierros de toros, no los prohíbe. Y eso indica que Veracruz está muy retrasado en cuando a los derechos de tercera y cuarta generación que implican precisamente la protección de seres vivos ajenos al humano como las plantas y los animales. En cuanto al tema preciso, el único asidero legal para exigir algo contra esos encierros es, hoy por hoy, el artículo 48 del Reglamento de dicha ley estatal.
“En el estado, en principio nadie puede cometer actos susceptibles de ocasionar la muerte, mutilación, dolor, estrés, traumatismo y sufrimiento innecesario a los animales o modificar negativamente sus instintos naturales, a excepción de quienes estén legal o reglamentariamente autorizados para realizar
dichas actividades con estricto apego a las Normas Oficiales Mexicanas sobre la materia y que estén plenamente justificados”, ordena dicho reglamento. De ahí, todo es indefensión para los astados.
DENUNCIAS DE SALIVA
Los animalistas veracruzanos deben acompañar la denuncia pública, ante los medios informativos, con las acciones legales. Ninguno ha presentado amparos judiciales para detener esos espectáculos dañinos para los derechos de los animales, tampoco hacen presión a los legisladores para cambiar o adecuar las leyes ni usan a favor las jurisprudencias emitidas sobre el tema.
Por ejemplo, el 15 de junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la facultad de los estados y municipios para declarar como patrimonio cultural a las corridas de toros y las peleas de gallos, luego de que activistas de Nayarit interpusieron una controversia constitucional porque el gobierno estatal pretendía blindar esos espectáculos con una declaratoria de tipo cultural para asegurar su realización a perpetuidad.
Con esta jurisprudencia se tumbarías los argumentos de los ayuntamientos de Xico y Tlacotalpan que alegan que los encierros taurinos son parte de la tradición cultural de sus lugares. Sin embargo, no hay quien instrumentalice legalmente ese dictamen. Por otro lado, en la Ciudad de México, los animalistas promovieron y ganaron un amparo federal contra las corridas de toros en la Plaza México y eso motivó a que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum decidiera convocar a una consulta ciudadana para decidir la prohibición de dichas corridas.
Además, el congreso capitalino tiene lista una reforma que precisamente prohíbe las corridas de toros pero se mantiene congelada porque los cabilderos de los empresarios taurinos han soltado mucho dinero a los líderes parlamentarios de Morena. ¿Por qué en Veracruz no usan todos esos instrumentos legales ganados?, y ¿por qué el gobierno de Cuitláhuac García no convoca a una consulta popular sobre los toros de Tlacotalpan y Xico, y reformar la Ley de Protección a los Animales?
Acá los cuitlahuistas no imitan a la Sheinbaum ni a otros gobiernos progresistas sino al contrario hay diputados que están pugnando para que se vuelvan a permitir las peleas de gallos -esas si están prohibidas – porque fueron financiados por los empresarios galleros. No obstante, el problema no son el gobernante ni sus legisladores sino los activistas que se conforman con la denuncias de saliva y a nadie llevan ante los tribunales por maltratar a los toros.