- Los policías ingresaron sin orden de cargo a una empresa
XALAPA.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al Gobierno de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado, luego de que lograron acreditar que agentes ministeriales cometieron abusos y torturaron a trabajadores de una empresa ubicada en el municipio de Río Blanco.
En la recomendación se determina que el director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), Rodolfo Astudillo Medina, y elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ingresaron sin orden de cateo a una bodega en Río Blanco, y también se cometió tortura a los empleados y supuestamente les fabricaron delitos como ultrajes a la autoridad y contra la salud, hechos ocurridos en junio de 2021.
La CNDH informó que la recomendación 88VG/2023 va dirigida al gobernador Cuitláhuac García y a la Fiscal Verónica Hernández Giadans por violaciones a los derechos humanos, seguridad jurídica y libertad personal “derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos” por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de agentes de la Fiscalía General del Estado en contra de seis personas.
Los hechos ocurrieron el 19 de junio de 2021. El empresario José Antonio May González denunció que tanto el comandante de la delegación de Seguridad Pública en esa región, como el comandante de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, golpearon y torturaron a sus trabajadores tras ingresar a su empresa ubicada en la calle Reforma, del municipio de Río Blanco.
Con las cámaras de videovigilancia logró documentar cómo fue que los agentes ingresaron violentamente bajo el supuesto de que una persona había sido secuestrada y que estaba en ese lugar.
Los agentes obligaron a los trabajadores a salir de la empresa y sólo se quedaron con un grupo de ellos, a quienes sometieron y torturaron; luego, fueron detenidos. El empresario denunció que su negocio fue saqueado por los agentes: se llevaron productos y dinero en efectivo y posteriormente la bodega fue puesta en custodia sin que existiera razón, lo que le generó pérdidas debido a que tenía almacenados productos perecederos.
En diciembre de 2021 seis personas, una de ellas sobrino del empresario, probaron que durante la audiencia de vinculación a proceso un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública amenazó y obligó a uno de los detenidos a confesar actos no cometidos.
Tras una serie de pruebas, la CNDH emitió la recomendación que ordena incluir a los seis detenidos en el Registro Estatal de Víctimas para una inmediata reparación del daño que incluya una medida de compensación; así como atención psicológica gratuita e inmediata y que colaboren ampliamente con la autoridad investigadora en el procedimiento administrativo abierto en contra de los servidores públicos de Seguridad Pública involucrados y lo mismo en el caso de los agentes de la UECS.
Añade que al empresario le deben devolver todos sus bienes y de no ser posible la devolución le deberán pagar el valor actualizado.