- El gobernador Cuitláhuac García nunca activó el protocolo de reforma como mandató en su recomendación la CNDH
XALAPA, Ver., 19 de Enero de 2022.- El Congreso de Veracruz turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales la iniciativa de decreto que deroga el delito de ultrajes a la
autoridad, que fue presentada por el diputado del PT, Ramón Díaz Ávila.
A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos mandató al gobernador Cuitláhuac García a través de su recomendación, que activara el protocolo ante el Congreso local para reformar y eliminar esa figura del Código Penal, el Ejecutivo jamás envió la iniciativa ni la bancada de Morena tampoco se pronunció al respecto.
En la sesión ordinaria celebrada de manera virtual vía zoom, la iniciativa que deroga diversas disposiciones del Código Penal del Estado en materia de Ultrajes a la Autoridad y contra las instituciones de seguridad pública, fue presentada por los diputados panistas Verónica Pulido, Jaime de la Garza, Miguel David Hermida y Enrique Cambranis, y a ella se adhirieron tres legisladores más de Movimiento Ciudadano.
Desde el pasado 14 de diciembre, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que deroga el segundo párrafo del artículo 331 del Código Penal del Estado, en el que se establecen las sanciones a aplicar por el delito de ultrajes a la autoridad.
El legislador denunció que la reforma que se realizó a dicho artículo en marzo del 2021, ha provocado abusos de las autoridades quienes con los mínimos elementos jurídicos de prueba, ponen a disposición de la autoridad respectiva a ciudadanos indefensos que como único medio de prueba al que pueden acceder es su palabra.
Afirmó que la parte acusadora, que en este caso es la autoridad, así como la parte investigadora y el juzgador, son instancias que pueden llegar a tener interpretaciones al libre albedrío, lo que pone al acusado prácticamente en indefensión al pasar por tres instancias distintas.
“Las medidas coercitivas aplicadas en este delito, constituyen una medida retrógrada que en el mayor de los casos puede ser evitada a través de mejores canales de comunicación y considerando que este delito generarse de manera verbal o física, su comisión puede encuadrar o derivar en diferentes tipos penales, de manera que el particular desde el momento en que es imputado por este delito, queda sujeto a la discrecionalidad de las autoridades”, expuso.
Desde la semana pasada, el gobernador Cuitláhuac García informó que acataría la recomendación
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el caso de seis jóvenes que fueron encarcelados durante tres meses, acusados de ultrajes a la autoridad.
Como parte de su recomendación del pasado 21 de diciembre, la CNDH ordenó al gobierno de Veracruz la derogación de este tipo penal, para prevenir nuevas violaciones a derechos humanos, en beneficio de la población en general residente o que transita en la jurisdicción de esa entidad federativa.
Sin embargo, el mandatario jamás envió ninguna iniciativa ni tampoco lo hizo la bancada de Morena en el congreso local de Veracruz, para derogar el delito de ultrajes a la autoridad.
Al derogarse dicho tipo penal, los colegios de abogados señalan que más de dos mil 400 personas que fueron acusadas por Ultrajes a la Autoridad y que se encuentran actualmente encarceladas, quedarían en libertad.