La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 353 votos a favor y 123 en contra, una reforma constitucional para dar prioridad al Estado mexicano en la generación deenergía eléctrica y convertir en empresas públicas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Morena y sus aliados buscan que la CFE y Pemex se conviertan de nuevo en empresas “públicas” del Estado, tal y como eran consideradas antes de 2013, año en el que el Congreso aprobó otra reforma energéticaque las convirtió en empresas “productivas”.
Aunque pareciera solo un cambio de nombre, para el gobierno va más allá. Luz Elena González, secretaria de Energía, explicó que al convertirse en empresas productivas, Pemex y CFE actuaron con un esquema de rentabilidad y con reglas de mercado. Al devolverles el carácter de empresas públicas, Morena quiere que actúen bajo una lógica de bienestar social para proveer servicios a mejores precios a todas las comunidades del país.
Para convertir a Pemex y CFE en empresas públicas, los diputados reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política.
La reforma desató una discusión entre Morena y la oposición. Los diputados del partido mayoritario defendieron que esta reforma servirá para garantizar el suministro de electricidad a bajo costo hasta en las comunidades más pobres y alejadas del país, mientras el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano alegaron que el Estado mexicano no cuenta con la capacidad de hacer realidad todo esto y requieren de la iniciativa privada.
La reforma constitucional aprobada en lo general por la Cámara de Diputados es una nueva edición de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que Morena aprobó en 2021, pero que fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que contradecía lo establecido por la Constitución.
Aunque los diputados aprobaron la reforma energética en lo general, todavía siguen discutiendo las propuestas de modificación presentadas por los partidos.
Reforma desata discusión entre partidos
La reforma energética fue discutida por siete horas en la Cámara de Diputados, previo a su aprobación en lo general. Mientras el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron el dictamen, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lo defendieron.
Claudia Ruiz Massieu, exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, que en 2013 aprobó la reforma energética que Morena busca echar atrás, criticó que se limite la participación del sector privado en la industria eléctrica.
“En el siglo XXI el acceso a la energía eléctrica es un derecho fundamental y el Estado mexicano debe garantizar su cobertura universal (…) Lo que no es claro es por qué eso significaría que una empresa del Estado deba tener una ventaja artificial en la cadena de valor del sistema eléctrico nacional”, criticó la diputada de Movimiento Ciudadano.
La capacidad del gobierno para generar energías limpias y frenar la contaminación fue otro tema puesto en duda por la oposición, además de señalar que esta reformacontraviene tratados de inversión y libre comercio firmados por México.
“Vale la pena recordarles que México está sujeto a tratados internacionales, como los tratados bilaterales de inversión y de libre comercio. La reforma que se pretende, sin duda, implementa medidas intervencionistas que expondrían al país a costosos litigios tanto nacionales como internacionales”, expuso César Augusto Rendón, diputado panista y exfuncionario de Pemex entre 2010 y 2013.