• Antonio del Río Argudín ha buscado por todos los medios que no haya impunidad en el caso de tortura que sufrió a costa de autoridades, incluido el gobernador Cuitláhuac García.
Miguel Ángel Gómez Ruiz
La pesadilla para el empresario veracruzano Antonio del Río Argudin comenzó en 2022, cuando fue detenido de manera arbitraria por policías porteños. Poco después, fue torturado por elementos asignados al Centro de Prisión Preventiva “El Penalito” por órdenes de su director, Iván Márquez Lucido quien con sus propias manos le hizo daño con tortura física y psicológica.
En ese entonces, Antonio del Río Argudín fue detenido por un supuesto caso de fraude. Posteriormente fue demostrado que no incurrió en tal.
Sin embargo, el empresario que se distinguió por apoyar al PAN y que posteriormente fue dirigente municipal del PRD insiste en que su captura y todos los delitos cometidos en su contra forman parte de una persecución política en la que participaron Márquez Lucido, así como funcionarios de la SSP, la Fiscalía de Veracruz y el propio gobernador Cuitláhuac García.
Fueron cuatro meses de asedio y tortura el tiempo que duró su detención -ilegal, a todas luces- hasta que demostró su inocencia por completo.
A partir de allí y al ver que el gobierno no pudo garantizar su tranquilidad, mucho menos justicia y un respeto total a sus derechos humanos, el empresario presentó denuncias, principalmente contra Iván Márquez Lucido, que fue quien le castigó hasta con 40 tablazos en las nalgas, además de ocasionarle daño físico y psicológico del que pasará mucho tiempo para reponerse.
“Fui torturado no por el crimen organizado, sino por la delincuencia institucionalizada dentro del gobierno de Cuitláhuac García. Esto no solo es un abuso de autoridad, es una violación sistemática a los derechos humanos que debe ser castigada”, afirmó el empresario, que no ha cesado en la búsqueda de justicia.
Protocolo de Estambul
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que Antonio del Río Argudín fue torturado mientras estuvo preso en “El Penalito”. El documento que avala el Protocolo de Estambul es considerado una prueba fundamental para juzgar actos de tortura y otras formas crueles para tratar a las personas.
Él mismo asegura que las pruebas que presentó y que confirman la tortura son irrefutables y con ello se reafirma la demanda de una acción inmediata tanto de las autoridades como de los involucrados en este hecho.
Por ello exige que al confirmarse la tortura, exige la detención de Iván Márquez Lucido y de quien haya sido responsable, desde la aplicación del delito como del encubrimiento del mismo.
Lamentó que después de los hechos, ni el gobernador Cuitláhuac García ni algún otro funcionario hayan tomado alguna medida, lo que los hace responsables también, pues ha habido complicidad y propiciaron que la impunidad se haya extendido.
Por lo pronto, busca la reparación del daño y sobre todo, que se procese a todos los involucrados, comenzando por Iván Márquez Lucido. Del mismo modo, solicita que se acate la resolución de la ONU y se realice una investigación correcta, transparente e imparcial, pues considera que esa es la obligación de una autoridad responsable.
Considera que aún no hay cumplimiento de que se aplique una justicia real y por ello, lamenta que los involucrados en su caso anden libres y el gobierno no haga nada, es más, guarde silencio, pues considera que no se debe proteger a este tipo de personas.