Miguel Ángel Gómez Ruiz
Legislatura de Veracruz, en el limbo
De 2018 a la fecha la Legislatura de Veracruz se degradó al mínimo.
Primero, porque a la cabeza colocaron a Juan Javier Gómez Cazarín, que poco antes de convertirse en diputado era vendedor de automóviles usados y se dice que una clienta que llegó a la agencia a devolver un automóvil que ya no podría pagar, se lo dejó a él y éste se lo apropió. Por ello fue denunciado, aunque como ya pertenecía a Morena, no se le pudo tocar ni con el pétalo de una rosa.
Con nula preparación académica y siempre dependiendo de los asesores, logró colocar a la Legislatura de Veracruz en una de las peores, pues desde lo convirtieron en presidente de la Junta de Coordinación Política ha sido un mero aplaudidor tanto del presidente López como del gobernador Cuitláhuac García.
Para más, de alrededor de unas 35 reformas e iniciativas aprobadas en todo este tiempo, por lo menos 32 fueron rebotadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmando lo que ya sabíamos, no saben legislar y lo único que han hecho es imponerse como aplanadora por el hecho de que son mayoría, pero casi nada de lo que han hecho allí en la Legislatura ha servido a los veracruzanos.
Pero para el borlote han sido buenos, porque se aparecen en las fiestas patronales, eventos masivos, restaurantes y bueno, hacen su gastadera de dinero sin importar que el estado vive un momento complicado, principalmente en situaciones de inseguridad, salud y desempleo.
Hace unas semanas, a causa de que el gobierno del estado, el Poder Judicial y la misma legislatura tienen un sinfín de expedientes sin resolver en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (Tejav), decidieron que lo mejor era que ese órgano desapareciera con todo y los cuatro magistrados que fueron electos en 2017.
Y así fue, con su mayoría absoluta, sin cumplir siquiera con los lineamientos del reglamento legislativo, desaparecieron el Tejav, dejando sin empleo a los magistrados Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez (presidente), Pedro José María García Montañez, Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez.
Y de inmediato crearon el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) colocando –como ha sido una costumbre- a personas adoctrinadas por Morena y dispuestas a hacer lo que el gobernador Cuitláhuac García y los diputados morenistas les ordenen.
Y por ello se convirtieron en magistrados Leticia Aguilar Jiménez, Rosalba García Salazar, Diana Aróstegui Carballo, Jaziel Cabrera Pacheco, Roberto Sigala Aguilar y Rubén Hernández Mendiola que desde que pisaron las oficinas comenzaron a hacer de las suyas.
Para ello, los cuatro exmagistrados promovieron una controversia constitucional, pues se inconformaron por los métodos y forma para hacerles a un lado y para que los nuevos se pusieran a disposición de quienes les designaron, entre otras cosas.
Pues hace apenas unas horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atendió la queja y ordenó suspender el despido y liquidación de los magistrados anteriores y ordenó que vuelvan a trabajar, instruyendo a la vez que los nuevos magistrados ya no sean magistrados en tanto se resuelve la situación tanto de la desaparición del Tejav y la creación del Trijaev.
Por ello, tanto la Legislatura local y el propio gobierno, sin duda los más interesados en defender la creación del Trijaev tendrán 15 días para presentar la documentación necesaria para justiciar ambas cosas y entonces allí se tomará una decisión.
De no hacerlo, todos los involucrados serán multados, por lo menos los diputados y los magistrados recién nombrados. Y la situación podría ser peor porque una resolución del máximo tribunal del país no se puede tomar a la ligera, mucho menos desacatarla, pues eso representaría hasta cárcel e inhabilitación.
Inclusive, la magistrada “patito” Leticia Aguilar Jiménez mintió a los reporteros la semana pasada al decir que la SCJN no tenía nada contra ellos y que no eran parte de la controversia promovida por los anteriores magistrados.
Hoy día ya no hay necesidad de insistir en que todo se ha hecho mal tanto en la Legislatura Veracruzana como en el mismo Poder Judicial. No son poderes independientes, y no es verdad que representan al pueblo y hay que decirlo claramente: NO ES VERDAD QUE REPRESENTAN AL PUEBLO.
En el Poder Judicial se nombró desde 2019 a un grueso grupo de magistrados (as) que poco o nada tenían de experiencia. Quizá algunos, pero ni siquiera eso. Ya se ha comentado que la actual presidente Lisbeth Aurelia Jiménez era una juez en Poza Rica y su único mérito fue encarcelar a dos empresarios que denunciaron que eran extorsionados por personal de la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara. Ese fue su gran mérito, salvar el pellejo de una atleta venida a menos.
En el área administrativa también se actuó mal, pues decidieron despedir a personal con experiencia y se contrató a los recomendados de Cuitláhuac García, Juan Javier Gómez Cazarín y Eric Cisneros.
Desapareció el Fondo de Retiro para Magistrados y también el Fondo para la Impartición de Justicia, fideicomisos por los que se luchó por muchos años para apoyo de magistrados y para contar con todos los accesos a la justicia.
Y así, se ha ido deteriorando la imagen de ambos poderes, sin dejar de contar con un gobierno estatal que pareciera dirigir un estado bananero, sin inversión pública y con carencias en todas las áreas.
PD Los enfrentamientos entre bandas delincuenciales y fuerzas del orden a lo largo y ancho de la entidad se incrementan y para colmo, en Tezonapa fue ejecutado el exdiputado Alexis Sánchez García, quien militó en Movimiento Ciudadano y que ahora formaba parte de Morena. En esta ocasión, en su rueda de prensa el gobernador Cuitláhuac García no se disfrazó de fiscal, sino que anunció que no habría ningún comentario a fin de que sea la Fiscalía General de Justicia la que complemente las investigaciones y dé a conocer lo necesario sobre las averiguaciones. Sigue en caída libre la seguridad en el estado.