- Tan sólo de la Cuenta Pública 2024.
- La Auditoria Superior de la Federación, concluyó que el Gobierno Cuitláhuista; “infringió la normativa” principalmente en destino de recursos, adquisiciones y transparencia, y promovió una acción para investigar posibles responsabilidades administrativas.
la Auditoria Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que se detectó en el último año del peor gobernador que ha tenido Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; cuentas por aclarar por 1,896 millones de pesos, de acuerdo con las tres entregas de la Cuenta Pública 2024.
En la primera entrega; presentada en junio de 2025, se observaron 70.3 millones de pesos relacionados con el Fondo de Aportaciones Múltiples y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
En la segunda entrega, en octubre de 2025; el monto observado ascendió a un mil 114 millón de pesos De esa cifra, 1,078 millones corresponden a la Auditoria Integral a Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a la Entidad Federativa para ser ejercidos en materia de salud y 28 millones de pesos al Fondo de Aportaciones.
La tercera entrega, publicada este 16 de febrero, sumó observaciones por 712 millones de pesos al Ejecutivo estatal, correspondientes al último año de la administración.
Las revisiones incluyeron participaciones federales y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, donde se concentró la mayor parte del monto observado.
Como antecedente, en la Cuenta Pública 2023, la ASF también señaló un presunto desvío superior a 1,600 millones de pesos, derivado de una auditoria forense a los Servicios de Salud; a ello, se suman observaciones pendientes desde 2019, año en que inició la desastrosa administración de Cuitláhuac.
En la auditoría integral de cumplimiento a los recursos del gasto federalizado en materia de salud, la ASF revisó 8,107 millones 746 mil pesos de un total de 9,837 millones 655 mil pesos transferidos, equivalente al 82.42 por ciento.
De esa revisión derivó un posible monto por aclarar de 1,078 millones 10.3 mil pesos, además de diversas observaciones y acciones promovidas.
En el Fondo de Aportaciones Múltiples, en el rubro de educación, la ASF auditó 1,582 millones 938.1 mil pesos de un total de 1,928 millones 567.3 mil pesos, lo que representó el 82.08 por ciento. El posible monto por aclarar fue de 53 millones 505.7 mil pesos.
Respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas, en infraestructura física y saneamiento financiero, la ASF revisó el 100 por ciento de los 4,614 millones 853.3 mil pesos transferidos. El posible monto por aclarar ascendió a 28 millones 60.9 mil pesos.
En el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, se auditó el 82.51 por ciento de los recursos —484 millones 812.4 mil pesos de un total de 587 millones 605.5 mil pesos— y se determinó un posible monto por aclarar de 16 millones 812 mil pesos.
En el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), bajo auditoría combinada de cumplimiento y desempeño, la ASF revisó 218 millones 384.8 mil pesos, equivalente al 68.98 por ciento del total transferido. Se determinó un posible monto por aclarar de 1 millón 721.2 mil pesos.
En el Fondo de Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) 2024, la ASF observó un contrato por 64 millones 961.7 mil pesos, adjudicado de manera directa para la compra de patrullas.
La auditoría señaló que el dictamen para exceptuar la licitación pública “no se encontró debidamente fundado, motivado y soportado”. Además, indicó que no se presentó la garantía prevista en el contrato y que no fue posible verificar que se garantizaran “las mejores condiciones para el Estado”.
El informe también consigna que, tras consultar el Registro Público de Comercio, los representantes legales vinculados a la empresa proveedora “se encontraron vinculados a empresas cuyas operaciones han sido sancionadas”.
La ASF concluyó que Veracruz, en el Gobierno Cuitláhuista; “infringió la normativa” principalmente en destino de recursos, adquisiciones y transparencia, y promovió una acción para investigar posibles responsabilidades administrativas.
En otra auditoría de cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera, la ASF reportó que el Gobierno de Veracruz pagó en 2024 un total de 68,520 millones de pesos en servicios personales, cuando el límite máximo era de 63,477.6 millones de pesos; la diferencia fue de 5,042.4 millones de pesos.
Además, se reportó un monto por encima del límite máximo permitido por 2,299.6 millones de pesos al considerar la asignación global aprobada y provisiones salariales.
En la revisión de las Participaciones Federales a Entidades Federativas (Ramo 28), la ASF reportó 710 millones 419 mil 550.71 pesos pendientes por aclarar.
El presunto daño patrimonial más alto se concentró en contratos pagados con recursos de 2024. El informe señala: «Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 642,934,543.20 pesos».
La observación se vinculó con expedientes sin documentación formalizada que acreditara resguardo de bienes, evidencia de ingreso a almacén y entregables de servicios, además de señalamientos por dietas y suministro de alimentos en centros penitenciarios.
Otro pliego fue por 53 millones 149 mil 999.99 pesos por servicios de protección y seguridad sin comprobación suficiente; 13 millones 10 mil 663.58 pesos por despensas y vales sin soporte para acreditar entrega final; y 1 millón 324 mil 343.94 pesos por pagos de nómina a personal después de baja o durante licencias sin goce de sueldo.
En la auditoría sobre el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, la ASF determinó que 2,007 millones 4.2 mil pesos «no cumplieron con lo establecido» respecto a la congruencia entre la fuente de financiamiento registrada en el presupuesto y la reflejada en los CFDI de sueldos y salarios.
En el caso de Servicios de Salud de Veracruz se reportó una diferencia de -2,003 millones 65.2 mil pesos entre lo presupuestado y lo reflejado en comprobantes fiscales.
En su dictamen, la ASF concluyó que el Gobierno de Veracruz “cumplió parcialmente” con los requisitos vinculados a la validación del ISR participable.
El órgano fiscalizador precisó que las observaciones y pliegos quedan sujetos a seguimiento y que la entidad fiscalizada cuenta con un plazo para presentar información y consideraciones, conforme a la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
De 30 resultados en la revisión de Participaciones Federales, 14 fueron solventados antes de la emisión del informe; siete derivaron en una recomendación, cuatro en promociones de responsabilidad administrativa y cuatro en pliegos de observaciones.
El monto global observado en la desastrosa administración de Cuitláhuac, coloca a la Cuenta Pública 2024 de Veracruz con uno de los mayores volúmenes de recursos pendientes por aclarar en los últimos ejercicios, según los datos consignados en el informe federal.