La Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo que «desempolvar» de nuevo una denuncia realizada por Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales y con ella, fue que se llevó a proceso de nuevo, al ex fiscal general del estado, Jorge Winckler.
Lo anterior, siete años después de haber sido decretado el no ejercicio de la acción penal que tuvo como consecuencia un sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria de ese caso.
Fue por dicha determinación, de llevar a proceso al exfiscal, esto aún y cuando ya había sido exonerado.
En esta acción, el fiscal Manuel Medel Hernández adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, como el juez de Control Antonio Zarur Ahumada estarían cometiendo un presunto delito, pues se violan diversos principios que se deben observar en los juicios penales, sobre todo el de la prohibición de doble enjuiciamiento.
Estas acciones, se han señalado falsamente que, fueron ordenadas por el entonces fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, y otros exservidores públicos de aquella administración, y como consecuencia de la supuesta privación del sueño, el denunciante dijo que, bajó ocho kilos de peso.
Ademas, refiere que una mañana de mayo de ese año, fue despertado por el Director del penal de Pacho Viejo y un custodio, para llevarlo a las oficinas del primero donde supuestamente fue obligado a declarar en contra de Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal de Veracruz; declaración que supuestamente formalizaría ante un juez de control, a lo que se opuso y prefirió denunciar los hechos.
Ahora bien, con motivo de la carpeta de investigación y al no existir elementos más que su dicho, para acreditar los hechos narrados, es que se determinó un no ejercicio de la acción penal, determinación que Aguirre Garza impugnó ante un juez de control, pero que no prosperó.
Posteriormente, al no tener éxito en la primera denuncia, Aguirre Garza presentó otra ante la Fiscalía General de la República (FGR) delegación Veracruz, misma que quedó registrada con la nomenclatura FED/VER/VER/0002370/2019 en fecha 16 de mayo de 2019; al no encontrar elementos para investigar, la FGR la desglosó a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, quedando asentada bajo el número FGE/FIM/59/2019.
Esta denuncia, que fue interpuesta por idénticos delitos, es decir, tortura, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, y falsas denuncias y simulación de pruebas, narra los mismos hechos que la presentada un año antes, además de que apenas se judicializó este año, es decir, seis años después de haber sido interpuesta y siete años después de la existencia de una determinación de no ejercicio de la acción penal por una denuncia idéntica presentada un año antes.
Las pruebas relativas al sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria serán presentadas este miércoles en la continuación de audiencia que tendrá lugar ante el juez de control, Antonio Zarur Ahumada, quien en caso de dictar un auto de vinculación a proceso podría ser denunciado junto con el fiscal de conocimiento.
Y es que, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en el artículo 255 que el no ejercicio de la acción penal ha de decretarse cuando se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el mismo, sobreseimiento que a la vez, inhibe o prohíbe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona.
Lo que no acontece en el caso, al haber identidades tanto en los delitos denunciados, las personas denunciadas y los hechos narrados; es decir, que en virtud de ello, la propia Constitución prohíbe perseguir judicialmente a una persona dos veces por los mismos hechos, so pena de la comisión de un delito.
Como se sabe, Gilberto Aguirre Garza, durante su función en la fiscalía veracruzana, presuntamente desapareció 13 cuerpos, condenando así, a 13 madres buscadoras a buscar eternamente a sus hijos, los cuales y habían sido encontrados, y los cuales estaban desde varios meses dentro del Semefo.