- Están bajo investigación por su presenta participación en hechos ocurridos en Coatzacoalcos en 2015
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en cumplimiento con órdenes de aprehensión, detuvo a 11 elementos operativos por su presunta participación en la comisión de delitos ocurridos en 2015.
La intervención se registró en la Academia de El Lencero, donde el gobernador Cuitláuac García Jiménez, y el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, encabezaron un evento para anunciar créditos hipotecarios para que los policías puedan tener su propia vivienda.
Los detenidos fueron puestos a disposición del juez que obsequió los mandatos judiciales para que respondan sobre los hechos que se investigan por desaparición forzada en Coatzacoalcos.»En esta secretaría no se van a permitir actos de abuso de poder ni corrupción de años pasados ni del presente», aseguró el secretario de Seguridad Pública estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado.
Mientras que la Fiscalía General del Estado informa que elementos de la policía ministerial cumplimentaron orden de aprehensión en contra de 11 elementos activos de la policía estatal, con base en las carpetas de investigación IM COAT2/506/2015 y su acumulada IM COAT2/519/2015, que dieron origen a la causa penal 1/2021, por su presunta participación en la comisión del delito desaparición forzada de personas en agravio de varias víctimas, hechos suscitados en mayo del año 2015 en Coatzacoalcos.
Respetando sus derechos humanos y el debido proceso serán presentados ante el juez que los requiere para que dentro del término legal se les defina su situación jurídica.
La Fiscalía General refrenda su compromiso con las y los integrantes de los distintos colectivos de búsqueda de personas para abatir la impunidad y procurar justicia.
LOS HECHOS
En septiembre de 2015, durante la administración de Javier Duarte y la dirección operativa de seguridad de Arturo Bermúdez Zurita, el operativo Blindaje Coatzacoalcos dejó “daños colaterales” que siguen sin ser resueltos. Colectivos de víctimas de desaparición forzada denunciaron que esos operativos policíacos dejaron un saldo de 30 jóvenes desaparecidos, donde sólo cuatro han sido encontrados sin vida y solamente dos policías están tras las rejas.
Belén González, madre de Jacob Jiménez, clamó por todas las madres de quienes desaparecieron: “Un dolor que no termina y que tiene nombre, es el día en que mi corazón grita y a él se unen miles más que no descansan, que no duermen, que esperan siempre, que siguen esperando (…) por eso este 25 de septiembre, el día que la desgracia tuvo por nombre desaparición, hoy les digo: ¡quiero a mi hijo, lo quiero de vuelta, lo necesito ya!”.
La madre activista asegura que hay una responsabilidad del Estado en estas desapariciones; el operativo Blindaje Coatzacoalcos se llevó a cabo y en él participaron el gobierno estatal, municipal, la Secretaria de Seguridad Pública, los representantes de las cámaras empresariales y el consejo ciudadano, quienes aprobaron desde meses antes esta acción.
“Todos ellos son culpables por omisión, ocultamiento, complicidad y con días de anterioridad se volvieron a reunir aquí en Coatzacoalcos y desde las primeras horas del día 25 empezaron a detener a gente; en algunas detenciones lo hicieron vestidos de civil y carros particulares, en otras llevaban puesto parte del uniforme y carros particulares”, acusó.
Recordó que fueron muy pocas las detenciones uniformados y en patrulla, pero aseveró que todas las redadas fueron hechas por policías de diferentes agrupamientos, tanto estatales como federales.
“Se sabe que fueron más de 30 personas, porque alguien del Ministerio Público se atrevió a decirle a una madre, que suplicaba en las instalaciones del ex penal por su hijo, que los llevaron ahí pero como eran muchos no los quisieron recibir y que no lo volvería a decir porque si le preguntaban lo negaría todo”.
Sobre estos hechos sólo hay 11 denuncias de igual número de familias, el resto no quiso denunciar y desconocen el motivo por el cual no lo hicieron, aunque intuye que fue el miedo o la desconfianza hacia las autoridades.
Al respecto, Anaís Palacios, integrante del Consejo Social de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas señaló que las políticas oficiales sobre desaparición no han cambiado y que pese a que llegó una nueva administración prevalecen las mismas prácticas, porque siguen las desapariciones y la negación sistemática del Estado en lo que está catalogado como crímenes de lesa humanidad, al señalar que han sido policías los que han participado en algunas de estas desapariciones.