Alejandro Ávila
Veracruz, Ver.- Legisladores panistas de Veracruz exigieron al actual gobierno del Estado y a la gobernadora electa, Rocío Nahle, cesar la persecución política en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez.
Indira Rosales San Román, diputada electa de Boca del Río, recordó que este lunes se pidió a la Fiscalía de Veracruz acelerar un proceso penal en contra del Senador electo, para obligarlo a acudir a una audiencia por el presunto delito de falsificación de documentos.
«La persecución política en contra del Senador, Miguel Ángel Yunes Márquez, la sustentan en su intención de ser candidato a presidente municipal de Veracruz en el año 2021, argumentando que no vive en este municipio, cuando tanto el Tribunal Electoral, como el INE, como el propio Juez que sigue esta causa reconocen que tiene su domicilio en Veracruz, es decir, no hay delito alguno, solo una clara intención política de frenar su llegada al Senado», mencionó la panista.
Por su parte, Maryjose Gamboa Torales, mencionó que resulta contradictorio que la gobernadora electa pida que se aceleren procesos penales en contra de sus adversarios políticos, pero no solicite se esclarezcan los homicidios en el Estado, crímenes contra periodistas, feminicidios, así como robos y extorsiones.
«Eso no, eso a ella no le interesa, solo le interesa este tema porque es claramente con fines y con tintes de persecución política. Tampoco ha solicitado a la autoridad competente que se aceleren las investigaciones en las casi 40 denuncias que han sido presentadas en su contra por enriquecimiento ilícito, por corrupción y otros delitos, hacerlo hablaría de congruencia», sentenció.
Maryjose Gamboa señaló que es igualmente contradictorio que Rocío Nahle acuse al senador Yunes Márquez de violar la ley por no tener domicilio en Veracruz cuando ella es originaria de Zacatecas y nombró como Secretario de Gobierno a un ciudadano nacido en Hidalgo.
Por último, Maryjose Gamboa enfatizó que las legisladoras y legisladores federales y locales presentes en la conferencia de prensa hacen pública su protesta por esta persecución arbitraria y demandan que la Fiscalía General del Estado actúe libre de presiones, que ejerza su autonomía, y no sea utilizada con fines de persecución política. “Hacerlo, como lo están haciendo, corresponde a un régimen autoritario, no a una democracia”, manifestó.