Xalapa, Ver.- a 06 de octubre del 2025. El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (GLPAN) en el Congreso de Veracruz presentó una iniciativa para establecer la Ley de Salud Mental del Estado de Veracruz. Esta propuesta busca garantizar el derecho humano a la salud mental, promover la prevención, atención y tratamiento de trastornos mentales y adicciones, así como erradicar estigmas asociados, explicó la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez, a nombre de la bancada blanquiazul.
La salud mental es un estado de bienestar que permite afrontar el estrés, desarrollar capacidades y contribuir a la sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), mil millones de personas viven con problemas mentales, la mayoría sin atención. Globalmente, un millón de suicidios ocurren anualmente, siendo la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años.
La legisladora explicó que, “en México, de enero a mayo de 2024, se atendieron 158,814 personas por condiciones mentales, con ansiedad (51.5%) y depresión (25.9%) como las más prevalentes. Los suicidios aumentaron de 3,475 en 2000 a 9,072 en 2023, según el INEGI. En Veracruz, en 2024, se registraron 382 suicidios (319 hombres y 63 mujeres), principalmente por ahorcamiento. Además, hasta la semana del 14 al 20 de septiembre de 2025, la Secretaría de Salud reportó 1,206 hombres y 3,985 mujeres con depresión”.
Ante esta crisis, la iniciativa propone un modelo centrado en atención primaria para detección temprana, con personal capacitado en unidades médicas. Exige etiquetar recursos en el Presupuesto de Egresos, atención en centros penitenciarios, intervenciones preventivas en familias y escuelas, y cuidado sensible al género para mujeres. Se crea un Consejo Estatal de Salud Mental, se incorpora el Instituto Veracruzano de Salud Mental, un sistema de vigilancia epidemiológica y regulación de establecimientos privados.
“Los suicidios pueden prevenirse en lugar de lamentarse. Urge garantizar este derecho humano, porque la desatención cobra vidas”, enfatizó el GLPAN. La propuesta prioriza el respeto a derechos humanos, consentimiento informado y hospitalizaciones mínimas.