- En junio pasado, agentes ministeriales y policías ingresaron, sin orden de cateo, a una bodega donde torturaron a empleados del empresario José Antonio May González
La denuncia de abusos por parte de policías de Veracruz contra un comerciante y sus empleados en Río Blanco, fue llevada ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y hasta al Senado, que ya investiga otros casos de abuso de autoridad en la entidad.
El empresario José Antonio May González interpuso una denuncia ante la FGR por la tortura y tratos denigrantes cometidos por agentes ministeriales y estatales contra por lo menos tres de sus empleados, durante una irrupción en junio pasado a su negocio, donde acusa el despojo de 1.5 mdp, más de media tonelada de cerveza y una camioneta.
Los hechos ocurrieron el pasado 19 de junio en un negocio del municipio de Río Blanco, donde de acuerdo con imágenes captadas por siete cámaras de seguridad, uno de los empleados, identificado como Mayami Mayahua Sánchez, fue golpeado a puñetazos y patadas por dos elementos de la Policía estatal, mientras era sujetado por otro.
EL CASO
Un abuso policiaco quedó registrado en videos difundidos por un empresario de Río Blanco, quien acusó directamente al jefe de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, Rodolfo Astudillo, de haber cometido actos de tortura en contra de al menos 40 trabajadores de su empresa del ramo abarrotero, por lo que pidió el auxilio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En uno de los al menos cinco videos, sale el empresario José Antonio May González en el que explica que Astudillo y un grupo de agentes tanto de la Fiscalía General como policías estatales ingresaron a su empresa el pasado 19 de junio con el argumento de que había una persona secuestrada.
“Llegaron, empezaron a golpear a la gente, se metieron sin orden de cateo. Mi empresa cuenta con más de 200 empleados, en ese momento había más de 40 empleados en la bodega los cuales sometieron, los tuvieron bocabajo en el piso y a varios los torturaron”, señala en la videograbación.
En los videos difundidos, se observan las acciones de los agentes y en uno está registrado cómo Astudillo es testigo del actuar de los agentes ministeriales, pues observa la escena, recargado en el portón del almacén.
Agregó que, durante la incursión, los agentes destruyeron cámaras de videovigilancia, se robaron computadoras y más de millón y medio de pesos que tenían para pagar de nómina y a proveedores. Con lo que no contaron es que había otras cámaras, de las cuales el empresario sustrajo los videos, en presencia de fiscales y peritos, para presentarlos como pruebas y denunciar este hecho.
Por lo mismo, José Antonio May hizo un llamado de auxilio al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “porque tengo miedo por mi vida y la de mi familia”, aseguró, además de pedir protección de la Marina.
Señaló que responsabiliza de cualquier cosa que le suceda a él o a su familia al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien no aparece en ninguno de los videos, así como al director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, Rodolfo Astudillo Medina y al delegado de Zona de SSP en Ciudad Mendoza, José Arturo Santiago Zavaleta de clave “Lagarto”, que fue quien habría ordenado el “apoyo” a la UECS para el operativo.
Hasta la tarde del sábado, tanto el gobernador Cuitláhuac García como la Fiscal Verónica Hernández Giadans y el titular de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, no habían emitido ningún pronunciamiento.
Cabe mencionar que este no ha sido el único caso denunciado públicamente, pues a principios de abril, Gregorio Gómez, empresario del ramo de autopartes en Tihuatlán, fue sacado por un grupo de agentes y mantenido incomunicado durante varias horas. Los policías se habían llevado computadoras y videos, pero los trabajadores rescataron uno en el que se observa la acción.
Sin embargo, días después se informó que la detención había ocurrido en otro lugar y a una hora distinta, además de acusarlo de cuando menos cuatro delitos. En ese momento, Gregorio Gómez era precandidato a la presidencia municipal del PRD. Los casos de abuso de autoridad se han repetido en Minatitlán y Coatzacoalcos.