Veracruz, Ver. – 3 de junio de 2025.- La jornada electoral en Veracruz ha derivado en una creciente crisis de confianza institucional. En el centro del debate se encuentra Marisol Delgadillo Morales, consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), cuya inacción ante las denuncias de irregularidades, particularmente en el municipio de Alvarado, ha encendido las alarmas entre partidos políticos, ciudadanía y especialistas en democracia electoral.
Durante y después del proceso electoral, en Alvarado se reportaron anomalías que van desde inconsistencias en el llenado de actas hasta la presunta utilización de boletas clonadas para favorecer al candidato del Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los señalamientos, el OPLE no ha iniciado ninguna investigación formal, ni ha emitido comunicado alguno al respecto.
Para la analista política Liliana Flores, especialista en comunicación política y procesos electorales en América Latina, la actitud de la consejera presidenta representa un riesgo serio para la credibilidad institucional:
“En democracia, la omisión también es responsabilidad. Cuando una autoridad electoral no responde frente a denuncias tan graves, erosiona la confianza ciudadana y pone en duda la legitimidad del proceso. El silencio de Delgadillo Morales no es neutralidad: es complicidad por omisión”.
Las declaraciones de Flores coinciden con la creciente inconformidad de la población. En redes sociales y medios locales, ciudadanos de Alvarado han expresado su indignación ante la falta de respuesta, señalando que sus denuncias han sido ignoradas, y acusando al OPLE de proteger intereses partidistas.
Se agrava la desconfianza en órganos distritales
El caso de Alvarado no es aislado. Representantes de diversos partidos han advertido sobre actuaciones parciales de los consejos distritales y municipales en otras regiones del estado. Para Liliana Flores, esta descomposición institucional muestra un patrón preocupante:
“No basta con que las elecciones se vean limpias, deben ser limpias. La percepción de que el OPLE actúa bajo presión política o con favoritismos es profundamente dañina para la democracia. La presidenta del órgano tiene la obligación de intervenir, de garantizar que la voluntad ciudadana sea respetada”.
Además, versiones no oficiales han señalado que la propia Delgadillo Morales podría haber facilitado o tolerado prácticas irregulares, lo que, de confirmarse, colocaría al órgano electoral en el centro de una de las peores crisis de legitimidad en su historia reciente.
Exigen transparencia, acción y rendición de cuentas
Las voces críticas coinciden en una exigencia fundamental: la actuación inmediata y transparente del OPLE Veracruz, que debe investigar a fondo las denuncias y asumir su papel como garante de la democracia, no como espectador pasivo.
“Cuando una elección se contamina, no solo se vulnera un proceso, se fractura el pacto democrático entre ciudadanía y Estado”, afirmó Flores. “El daño institucional no se resuelve con comunicados tardíos, sino con acciones firmes y con justicia electoral”.
A medida que se acumulan las denuncias y se profundiza el descontento social, el desempeño de Marisol Delgadillo Morales está cada vez más bajo escrutinio. En un momento en que el país demanda instituciones fuertes y confiables, la presidenta del OPLE tiene una responsabilidad que ya no puede evadir.
Porque en una democracia funcional, el silencio también compromete. Y ante la duda, lo mínimo que se espera de una autoridad electoral es que actúe con verdad y con legalidad, concluyó la investigadora Liliana Flores.