Ordenan medidas cautelares para Marcela Barroso, tras denunciar violencia política contra Cazarín y Zepeta

Xalapa, Ver., 21 de Octubre.- Luego de la denuncia por violencia política que interpuso Marcela Barroso en contra de Juan Javier Gómez Cazarín, Esteban Ramírez Zepeta, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, Emiliano Marabu Pliego Orestes, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) dictó medidas de protección en favor de la abogada que mantiene una lucha jurídica por una diputación plurinominal dentro de Morena.

Como parte del procedimiento especial sancionador CG/SE/MJBA/878/2021, el OPLE establece que, con el fin de impedir cualquier acto de los denunciados que pudiera atentar contra la integridad física, psicológica o moral de Marcela Barroso Aguiar, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado deberá asignar un escolta que la resguarde y proteja de cualquier agresión que pudiera desplegarse en su contra.

La misma Marcela Barroso confirmó a través de su cuenta de Twitter que ya tenía una patrulla de Seguridad Pública afuera de su domicilio, como medida de protección ante posibles ataques de los morenistas acusados.

“Llegó patrulla de Seguridad Pública a mi casa debido a la denuncia por violencia política en contra del diputado Gomez Cazarín y Esteban Ramírez. Me comentan me darán vigilancia @GobiernoVer”, refirió.

El órgano electoral también ordenó al Instituto Veracruzano de las Mujeres y al Centro de Justicia para las Mujeres brindar asesoramiento y acompañamiento victimológico a la denunciante, mientras que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos le requirió que despliegue todas aquellas acciones necesarias para salvaguardar los derechos humanos de Barroso Aguilar.

La Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión del OPLE deberá verificar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas en favor de la denunciante.

En su denuncia presentada ante el Tribunal Electoral de Veracruz, Marcela Barroso pidió medidas cautelares como vigilancia policíaca hacia su persona y familia, debido a que las personas denunciadas tienen un aparato de poder estatal y económico que no han dudado en usar a su favor, para que se desista de exigir respeto a sus derechos de reclamar un espacio entre los diputados plurinominales de Morena.