Ex rectores de la Ubiversidad Veracruzana hicieron un llamado urgente a los consejeros universitarios para que desconozcan la decisión ilegal de la Junta de Gobierno de otorgar una prórroga a Martín Aguilar, que cierra la puerta a la legalidad y al legítimo derecho de los universitarios de contrastar alternativas para la conducción de la Universidad.
«Actuar en defensa de la legalidad no es una osadía, es un deber. Y su valiente decisión será acompañada por una comunidad universitaria que reconoce el trascendente sentido de la justicia y la honorabilidad que debe imperar en nuestra casa de estudios», establece el documento enviado a los consejos universitarios y firmado por los ex rectores Sara Ladrón de Guevara, Raúl Arias Lovillo y Víctor Arredondo Álvarez.
Aclaran que no se trata de nombres ni de proyectos personales sino del respeto irrestricto a la norma y al principio rector de toda institución educativa pública: el respeto al derecho y no a la conveniencia personal de autoridades universitarias que buscan ilegalmente el poder y que debieran ser las primeras en poner el ejemplo de la legalidad
CARTA ABIERTA A LOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA
A las Consejeras y los Consejeros del H. Consejo Universitario General:
Quienes suscribimos esta carta hemos tenido el honor y la responsabilidad de encabezar, en distintos momentos, los destinos de la Universidad Veracruzana. Lo hicimos siempre bajo el compromiso inquebrantable de respetar la legalidad, preservar la autonomía universitaria y honrar el pacto ético que sostiene a toda institución de educación pública: ser garante del pensamiento libre, la inclusión y la rendición de cuentas. Hoy nos dirigimos a ustedes, no solo como exrectores, sino como universitarios profundamente preocupados por el momento que atraviesa nuestra casa de estudios.
La decisión de la Junta de Gobierno de otorgar una prórroga de cuatro años al actual rector se hizo al margen de la legislación universitaria que mandata una convocatoria abierta, una amplia auscultación de la comunidad universitaria sobre distintas propuestas de trabajo universitario y la libre participación de aspirantes a ocupar el digno cargo de rector de la Universidad Veracruzana. Esa decisión es una grave transgresión a la normatividad y un desmesurado intento de secuestro de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz. Esta tropelía no puede ser admitida por el Consejo Universitario General. La Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, en su artículo 36, establece con toda claridad que «el rector será designado por la Junta de Gobierno y durará en su encargo cuatro años y podrá ser nuevamente designado por un segundo periodo consecutivo, siempre y cuando se someta a un procedimiento bien definido en el que deberá competir con otras propuestas de desarrollo universitario presentadas por quienes aspiren al cargo de rector.
En ninguna parte del texto legal se mencionan las condiciones, los criterios ni los procedimientos que den sustento a la figura de la prórroga. Peor aún, la Junta de Gobierno no está facultada para modificar la normatividad que rige a la Universidad Veracruzana. Cualquier interpretación y modificación por parte de la Junta de Gobierno a lo que mandata la legislación universitaria es una grave afrenta al sustento jurídico y erosiona la legitimidad del Órgano responsable de la designación del rector.
Más aún, la Ley de Autonomía de la UV, en su exposición de motivos y en sus disposiciones fundamentales, protege el derecho de la comunidad universitaria para autogobernarse bajo principios de legalidad, participación, deliberación y pluralidad. Violar las normas de sucesión y designación del rector por razones oscuras y argumentaciones legaloides no sólo debilita la autonomía, sino que contradice su espíritu: una universidad libre, formadora de valores universales, no puede funcionar con decisiones reprochables, opacas y, menos, impuestas a partir de la transgresión de la ley.
No se trata de nombres ni de proyectos personales. Se trata del respeto irrestricto a la norma y al principio rector de toda institución educativa pública: el respeto al derecho y no a la conveniencia personal de autoridades universitarias que buscan ilegalmente el poder y que debieran ser las primeras en poner el ejemplo de la legalidad. Es por ello por lo que hacemos un llamado respetuoso pero firme a los miembros del Consejo Universitario General, máximo órgano colegiado de nuestra universidad, para que asuman con plena conciencia su responsabilidad histórica.
Están ante una disyuntiva que marcará el rumbo de la UV en los próximos años: callar o actuar; consentir o corregir; dejar pasar lo inadmisible o defender a nuestra casa de estudios. La Universidad Veracruzana no necesita salvadores, necesita instituciones fuertes, con voces proactivas y órganos colegiados que velen por la integridad institucional. Este es un momento para honrar la confianza que miles de estudiantes, docentes, trabajadores y egresados han depositado en ustedes. No es tiempo de cálculos; es tiempo de convicción y decisiones. Urge que los consejeros universitarios desconozcan la decisión ilegal de la Junta de Gobierno de otorgar una prórroga que cierra la puerta a la legalidad y al legítimo derecho de los universitarios de contrastar alternativas para la conducción de la Universidad. Actuar en defensa de la legalidad no es una osadía, es un deber. Y su valiente decisión será acompañada por una comunidad universitaria que reconoce el trascendente sentido de la justicia y la honorabilidad que debe imperar en nuestra casa de estudios.
Con nuestro reconocimiento y respeto.
Exrectora y exrectores de la Universidad Veracruzana,
Dra. Sara Ladrón de Guevara González
Dr. Raúl Arias Lovillo
Dr. Víctor Arredondo Álvarez