- Legislatura no ha publicado invalidez del delito en Gaceta Oficial del Estado
- De eso se agarran jueces de control para no celebrar audiencias y liberar a imputados
XALAPA, Ver., 12 de Marzo de 2022.- El Congreso local, la Fiscalía estatal y el Poder Judicial del Estado se resisten a dar cumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró la invalidez del delito de ultrajes a la autoridad y mandató aplicarlo con retroactividad al 12 de marzo de 2021.
Los abogados que integran el Movimiento por la Justicia acudieron al Congreso local para denunciar que pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Legislatura estatal no ha ordenado la publicación de la declaratoria de invalidez de ultrajes a la autoridad en la Gaceta Oficial del Estado, lo que quiere decir que quieren darle largas al asunto y retrasar la libertad de quienes fueron encarcelados con este tipo penal.
La académica Rosa Hilda Rojas Pérez consideró como lamentable que se tenga que solicitar al Congreso la publicación de los alcances de la acción de inconstitucionalidad que ya resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y agregó que da vergüenza que los propios diputados se hagan de la vista gorda, al decir que se daban por enterados de lo mandatado por los ministros, cuando saben que jurídicamente deben ordenar se publique en la Gaceta Oficial del Estado.
“Da pena, da vergüenza que un Congreso, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia les hizo saber en una correspondencia, simplemente dijeron los diputados que se daban por enterados, lo cual resulta inaudito porque tienen que ordenar que se publicara en la Gaceta Oficial del Estado», refirió.
Aunque todos los jueces saben que el tipo penal ha quedado derogado y no tendrían que esperar ni siquiera la publicación, comentó que resulta penoso que, en el Congreso local, por una mera formalidad, tenga que retenerse a personas que desde luego ya han sido beneficiadas con esta declaratoria de invalidez que hicieron los ministros.
Aclaró que corresponde al Poder Legislativo, no la Secretaría de Gobierno, como responsable de la publicación de la Gaceta Oficial del Estado, que tiene que ordenar que se realice la publicación oficial, «y estamos pidiendo con este escrito que ordene y se nos expida copias certificadas del oficio de cumplimiento por parte de este órgano legislativo, lo que no ha ocurrido”.
Mientras que el abogado Ricardo Morales Carrasco, acusó que se han pedido audiencias para el sobreseimiento de diversos asuntos que tiene que ver con este delito, pero los jueces de control argumentan que al no estar publicados los resultados de la acción de inconstitucionalidad, no pueden proceder.
Los abogados denunciaron que tanto diputados locales como jueces de control incurren en desacato y en incumplimiento de un deber legal, y en aras de retener a las víctimas de ultrajes a la autoridad, se ordenó reclasificar todas las carpetas de investigación, pero violaron principios fundamentales del sistema acusatorio, donde primero se investiga después se detiene, y la fiscalía lo hizo al revés, primero detuvieron a las personas y luego investigaron.