SIGUE PERDIDO DON BOLUDO…ya pasó una semana de que se dieron a conocer las encuestas de Morena para nombrar coordinadores de comités de defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional y estatal, incluso Claudia Sheinbaum inició precampaña en Veracruz y Patrosísmico Cisneros sigue sin aparecerse en los eventos públicos ni siquiera en sus redes sociales.
Ni Cuitláhuac García sabe dónde anda don Boludo aunque dice que seguramente está en una etapa de descanso luego del proceso interno de Morena pero que necesita hablar personalmente con el afrodescendiente para saber sus planes a corto plazo, así como lo hizo con el muñecote quien rechazó regresar a la SEV para seguir en el movimiento de la Cuarta Transformación.
El Kuikis dice que hasta que dialogue con Patochi podrá saber si piensa reintegrarse a la Secretaría de Gobierno o tenga en mente otras cosas…mientras tanto Patrosísmico Cisneros sigue desaparecido del mapa desde el viernes pasado que se le vio en el aeropuerto para tomar un vuelo a la Ciudad de México…aunque las malas lenguas dicen que el ex secretario de Gobierno se iría de Veracruz pero bien forrado de lana, que según se convirtió en un próspero empresario.
Que invirtió sus ahorros en dos fraccionamientos en Coatepec. Que uno se llama San Miguel y el otro, Santa María, los dos en Coatepec, y en radio pasillo, en Xalapa, desde hace un par de años, las versiones indican que son propiedad del ingeniero Cisneros. Los dos fraccionamientos contaron con todo el apoyo de la administración municipal de Coatepec, donde Cisneros Burgos era el cuasi alcalde, y ya solo le faltaba despachar en la Presidencia de ese municipio que tuvo la deshonra de tenerlo en sus calles.
Aunque las propiedades no aparecen a su nombre sino el de una hermana de Patochi que también hizo prosperidad en Baja California al amparo de un notario que dicen es cuaderno de doble raya de Patochi, de apellidos Kaufmann Cervantes.
MINIMIZAN ATROCIDADES…El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y su director de información Luis Alberto Casas desestiman las atrocidades que ocurren en el estado, y en lugar de combatir los flagelos se dedican a denostar a medios y organizaciones que exhiben los problemas de violencia e inseguridad que vive el estado.
En un posicionamiento público, la organización civil Causa en Común destacó que en días pasados dio a conocer una actualización del trabajo “Galería de horror: atrocidades y eventos de alto impacto”, trabajo que reúne todo tipo de atrocidades que se cometen en nuestro país y de las cuales dan cuenta diversos medios de comunicacinión.
Por lo tanto, no sólo se trata de hechos verídicos y verificados, sino que dicho recuento probablemente no refleja la totalidad de este tipo de eventos, muchos de los cuales, por diversas razones, no son recogidos por la prensa. Es el caso, entre otros, de los desaparecidos, los cuales ahora el gobierno federal pretende volver a desaparecer, pero ahora de la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
La asociación refiere que tampoco es el único caso de intento de tergiversación de datos en materia de inseguridad por parte del gobierno federal y algunos gobiernos locales, de lo que también ha dado cuenta el estudio de Causa en Común “Análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manipulaciones”.
Causa Común acusó que un “director de información del gobierno de Veracruz” –al que en redes sociales identificó como Luis Alberto Casas, quien ocupa esa cartera en la Coordinación de Comunicación Social- intentó desestimar el trabajo, al que calificó como “un intento de manipulación”. Y agrega que Casas –quien además es el encargado de denostar a la prensa en Veracruz en las conferencias de Cuitláhuac García- “se refiere a cifras que no tienen nada que ver con el trabajo en cuestión (y que en todo caso reflejan, antes que nada, un subregistro enorme por falta de denuncias y probables manipulaciones), y remata con un extraño exhorto a respetar a las víctimas y a evitar el sensacionalismo.
Causa Común reiteró al Kuíkaras que todas las atrocidades que tienen lugar en Veracruz son reales y han sido registradas por medios locales y nacionales, y un mínimo de responsabilidad exigiría reconocer esa realidad para atenderla, además con un mínimo de calidad moral no se usaría a las víctimas como parapeto de una ineptitud que está a la vista de todos los veracruzanos y de todo el país.
Se sabe que Luis Alberto Casas, así como su jefe inmediato, el vocero caretrusa pretenden ser candidatos de Morena a diputados en las próximas elecciones. Que Dios guarde la hora.
APARECEN MÁS ARALYS…En la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, han otorgado en lo que va de la administración, contratos por 780 millones de pesos para el suministro de productos alimenticios y utensilios para el servicio de alimentación de cadetes, personal operativo, y personas privadas de su libertad, a una empresa que hace tres años se dedicaba al ramo de la construcción.
Marlon Ramírez Marín aprovechó la comparecencia de Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, titular de Seguridad Publica, para denunciar que que esta empresa llamada Administradora de Empresas del Golfo SA de CV, de acuerdo a la información obtenida por una solicitud que consta en el Registro Público del Comercio, originalmente se dedicaba a la construcción, y en el 2020 modificó su objeto social, asimismo, de acuerdo al Portal de Transparencia, su representante legal Guadalupe Reyes Montero, recibe un programa emergente de vivienda que le entregaron en el 2022.
Marlon Ramírez Marín acusó que igual que el año anterior, con el caso de la maestra Araly Rodríguez, en el que propio Gobernador ofreció hacer una investigación y sigue pendiente, hoy vuelven a caer en una circunstancia parecida, ahora no es un maestro, pero sí una persona que recibe contratos por muchos millones, y que no alcanza a entender como en su dependencia una maestra, Araly Rodríguez, que recibía 7 mil pesos de salario mensual en la Secretaría de Educación, le entregaron contratos por uniformes por 60 millones de pesos, y ahora a un beneficiario de un programa de vivienda, es el representante legal de una empresa que originalmente era constructora.