IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
NO HABRÁ “SOLOVINOS”
Los gobernadores morenistas tienen ocho días para preparar el acarreo masivo de personas hasta la Ciudad de México cueste lo que cueste. El tabasqueño Andrés Manuel López Obrador realizará el domingo 27 de noviembre su propia marcha para contrarrestar la movilización ciudadana del día 13. A esa caminata oficialista ya la bautizaron de muchas formas: la marcha de la venganza, del desquite, del berrinche, del ego, de la amargura y hasta la contramarcha.
Pero los sobrenombres que más le acomoda son: la Marcha del Acarreo y la Marcha del Bienestar, porque si algo es seguro es que los participantes serán llevados hasta la Ciudad de México para arropar la movilización lopezobradorista, quieran o no, sea por voluntad propia o bajo amenaza. Y los principales que acudirán son los beneficiados por los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, especialmente personas de la tercera edad, jóvenes estudiantes y campesinos.
Además, a miles de burócratas se les obligará a ir hasta la capital cubriendo de su propio bolsillo el costo del pasaje y la comida. ¿Qué beneficio obtendrán? Que no los despidan. Así se las gastan los morenistas en el poder. ¿Cuántos pretenden juntar para el 27 de noviembre? En palacio nacional quieren deslucir la cantidad de los que marcharon el 13 de noviembre y la meta es reunir a por lo menos 700 mil personas.
Para ello se establecieron cuotas de acarreo en todas las entidades. Las que están gobernadas por morenistas tienen que movilizar a 30 mil personas. Si hay veinte estados bajo regímenes de la “cuarta transformación” entonces ahí se juntarán 600 mil almas. En los 12 estados restantes, donde no hay gobiernos marrones, la cuota será más baja pero, pero no bajaría de 10 mil acarreados.
Lo anterior más lo capitalinos que se reúnan, aunque la responsabilidad del “músculo” marchista a mostrar recaerá en la provincia ya que en la Ciudad de México, si bien será la sede no hay certeza de que se logren juntar una cifra importante pues los capitalinos están que trinan contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En estimaciones frías se espera que apenas lograrán reunir a unos 5 mil defeños si bien les va.
En Veracruz, el gobierno cuitlahuista tiene la encomienda de trasladar a 30 mil personas, al igual que el resto de los veinte estados bajo dominio guinda. ¿Qué implica eso? De entrada, la renta de por lo menos 600 autobuses y aunque los burócratas serán obligados a pagar su pasaje, no así los beneficiados con los programas sociales a los que, de paso, se les deberá cumplir con su torta y su refresco.
A un costo promedio de 25 mil pesos -las variantes oscilan entre los 20 mil y los 30 mil pesos-, entonces solo en transporte se gastarían del erario -si se alquilan unos 500 autobuses, descontando los que pagarán con su bolsillo los burócratas -por lo menos 12.5 millones de pesos. Vaya, el gobierno cuitlahuista no tiene para pagarle a los maestros el incremento salarial comprometido ni para comprar los medicamentos a los niños con cáncer, pero si para costear el acarreo masivo de personas a la marcha del capricho.
Ya no es como antes, cuando López Obrador andaba en campaña electoral y despertaba simpatías y acompañamientos voluntarios. Ya no hay “solovinos”, como él les llamaba a los asistentes a sus mítines. Ahora se paga por ‘unidad’ y se ocupa el erario municipal, estatal y federal para movilizar a las masas. El costo unitario por cada acarreado, calculan los expertos, oscilaría entre 700 y 900 pesos.
Si pretenden mover del interior del país a 700 mil personas, entonces el berrinche marchista del presidente le costará a los mexicanos no menos de 490 millones de pesos, y la mayor parte de ese dinero saldrá de las arcas estatales y municipales. O sea, tomarán recursos que deberían ser para obra pública y programas sociales a fin de financiar la dichosa marcha. ¿Se imaginan esos 490 millones en michas?, preguntaría el maestro Miguel Ángel Barragán.
PACTO MAL ACABADO
Es un karma poco menos que justo, pero karma al fin. En su entorno cercano festinaban que este fin de año Javier Duarte de Ochoa lo pasaría en su domicilio, en alguna de sus residencias que tiene a nombre de terceros, y rodeado de su familia. El cálculo de una liberación anticipada al haber cumplido más de la mitad de los 9 años de condena no se hizo a veleidad ni con ingenuidad sino en base a los pactos con el cuitlahuismo-lopezobradorismo.
De hecho, una de las encomiendas principales de Verónica Hernández al tomar por asalto la Fiscalía General de Justicia fue sobreseer todo expediente en contra del cordobés, pero se le atravesaron los familiares de los desparecidos que impidieron el cumplimiento del acuerdo para ‘limpiarle’ papeles ministeriales y facilitarle la libertad condicionada.
El otro obstáculo fue el expediente por la desaparición forzada de personas que, ojo, inició la Fiscalía en los tiempos del oaxaqueño Jorge Winckler no con la tuxtleca Hernández quien no pudo cerrar legalmente el caso y ahora es el asidero para mantenerlo en prisión y bajo un proceso judicial por un crimen de lesa humanidad que lo puede dejar en la cárcel por varias décadas.
Viendo con frialdad el contexto, fue el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares quien metió a la cárcel a Javier Duarte y fue el exfiscal Winckler quien inició la inculpación formal por el delito de desaparición forzada que ahora es el instrumento jurídico que impide que se cumpla el pacto de impunidad con el cuitlahuismo-lopezobradorismo. En resumen, fueron los del pasado los que iniciaron la ruta judicial para castigar al exgobernador, no los del presente.
De la parte del inculpado, éste debe estar dándose de topes contra los muros de su celda porque no le redituó haber financiado la campaña electoral de García Jiménez ni costear la operación política contra el yunismo. Aquellas maletas llenas de billetes que salían de Casa Veracruz cuando el entonces candidato morenista, Cuitláhuac García, acudía a hurtadillas -según testimonio del priista Héctor Yunes- no sirvieron de mucho. Eso sí, quienes lo han visto cuentan que Duarte trina contra los morenistas por incumplidos y malagradecidos. Fue un pacto de hampones que acabó mal para una de la partes, la que puso la ‘pachocha’.