IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
MALETAS REMIX
La pista la dio la semana pasada el columnista capitalino Darío Celis: los gobernadores guindas apadrinarán los distritos electorales del Estado de México con recursos financieros, operadores y logística para hacer ganar a la candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez. La orden es desviar fondos estatales hacia una elección extraterritorial o sea costear los comicios que no son de su entidad.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador sabe que la madre de todas sus batallas electorales será en 2024, pero también que la aduana del Estado de México el año próximo es fundamental, porque representa casi 12 por ciento del padrón electoral. Nos enteramos de que Morena, que preside Mario Delgado, ya está pidiendo a sus gobernadores que apadrinen un distrito electoral, con operadores y recursos que garanticen el triunfo de la maestra Delfina Gómez.
Trascendió que a partir de enero los gobernadores morenistas enviarán varias decenas de operadores políticos y varios portafolios con, al menos para abrir boca, 20 millones de pesos, para lo que se ofrezca. A los (veinte gobernadores morenistas) habría que sumar a Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Gallardo, del PES y Verde, incondicionales también. Veintidós gobernadores: 440 millones de pesos, cuando menos, para aceitar la maquinaria en el estado que aún gobierna Alfredo del Mazo”, citó en su columna “La Feria” que se publica en El Financiero.
Sin embargo, algunas fuentes afirman que el columnista se quedó cortó. Dicen, por ejemplo, que no serán uno sino dos distritos a apadrinar porque el Estado de México tiene 40 demarcaciones electorales. Y además no serán 20 millones de pesos, sino que sería el doble y cada mes, es decir 40 millones mensuales. En total, los mandatarios estatales de color guinda desviarán 2 mil 640 millones de pesos para financiar la operación electoral del Estado de México.
Así, de las arcas veracruzanas saldrán al menos 240 millones de pesos para hacer posible la ‘elección de Estado’ en aquel estado -valga la redundancia-, a 40 millones cada mes hasta junio d cuando se lleven a cabo los comicios. Esa es la orden que tiene Cuitláhuac García para expoliar el tesoro estatal con fines electorales. Y eso que los morenistas alardeaban con la cantaleta de que no iban a ser iguales que los del pasado. Al contrario, cada vez se les parecen más.
¿Recuerdan que el 27 de enero del 2012 dos funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca por agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) con maletas donde llevaban 25 millones de pesos en efectivo? Era uno de los primeros envíos del gobierno de Javier Duarte para costear la campaña electoral del PRI y en especial la de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república en aquel año. Ahora, con Cuitláhuac García volverán las ‘maletas voladoras’ versión remasterizada.
Lo que hará el gobierno de López Obrador y el partido Morena en el 2023 será la versión guinda de la “Operación Safiro” – con “S”- como se bautizó el desvío de 650 millones que gobernadores priistas de seis entidades y una alcaldía de la Ciudad de México – Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la delegación Milpa Alta – hicieron para financiar al tricolor en el año electoral del 2016. Dicha operación la encabezó el sonorense Manlio Fabio Beltrones que en ese momento era el presidente nacional del PRI.
En ese mismo año, Beltrones también vino a Casa Veracruz donde Javier Duarte le prometió darle mil 300 millones de pesos para costear al entonces candidato a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, según un audio que circuló en las redes sociales del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.
En el Salón Yanga de la residencia jalapeña, Beltrones habría recibido 200 millones de pesos como ‘adelanto’ ´del total prometido. Según el columnista jalapeño Edgar Hernández, en esa reunión también estuvieron presentes el ex senador por Coahuila, Alejandro Gutiérrez, alias “La Coneja” quien fue secretario adjunto del CEN priista y el ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, entonces asesor de Duarte de Ochoa.
“La Coneja” y el exgobernador de Chihuahua Cesar Duarte son los dos únicos priistas que fueron detenidos por el desvío millonario de recursos públicos en la “Operación Safiro”. Uno, Gutiérrez, ya salió de prisión y Duarte fue extraditado en junio pasado desde los Estados Unidos. En el 2023, en esas mismas transas andarán los gobernadores morenistas, en saquear el erario para financiar la campaña electoral en el Estado de México.
VOCERO TUMBADO
Fue una noticia que intentaron que pasara desapercibida. Algunos medios informativos la sacaron en su versión digital, pero luego la “bajaron” a petición del congreso del estado. El 11 de diciembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron en Acayucan a Juan Carlos Rodríguez Nieves junto con otros tres sujetos a quienes les encontraron armas, droga, mensajes escritos de amenazas por parte de un grupo delictivo y uniformes hechizos de la policía.
Y, ¿quién es Rodríguez Nieves y por qué la apuración de la legislatura para que la nota se perdiera? El detenido cobraba como ‘aviador’ en el ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, tenía el cargo de “director de Informática” y además regenteaba un supuesto portal de noticias llamado “La Llave del Sur” financiado por la alcaldía hueyapense.
Además, Rodríguez Nieves es cercanísimo del alcalde morenista Juan Gómez Martínez, apodado “El Yona”, se decía operador del mismo en cuestiones informativas y otras más oscuras. A principios de enero cuando iniciaba el nuevo gobierno municipal una caravana de hombres armados recorrió el municipio gritando “¡Pura gente del señor Yona!”, pues en ese tema tuvo que ver el ahora detenido.
Con esa aprehensión también se confirman los nexos de Gómez Martínez con los grupos delíctivos cuyos integrantes cobran en la nómina municipal. Por eso desde el congreso local atajaron la información. “El Yona” es el padre del diputado Juan Gómez Cazarín, titular de la Junta de Coordinación Política. A los Gómez se les cayó un vocero, se los tumbó la propia Secretaría de Seguridad Pública.