IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
RUBÉN Y NADIA
El asesinato de la activista Nadia Vera y del fotoperiodista Rubén Espinoza volvió al debate pues la productora cinematográfica Netflix estrenó la cinta “A plena luz: caso Narvarte” la cual sacudió los recuerdos dolorosos y la indignación en los familiares y conocidos de las víctimas, y revivió el terror para los que se dedican al quehacer reporteril y al activismo social.
La película cumple con su objetivo, como lo dijo el propio director Alberto Arnaut, que es evitar que una sociedad como la mexicana, tan agobiada por el horror cotidiano, olvide no solo el sufrimiento de las víctimas, sino sus vidas y, en el caso de Rubén y Nadia, su valentía, según lo declaró al diario español El País.
“Está enfocada en regresarles a estas personas la dignidad que las autoridades les quitaron. Es una crítica al sistema de procuración de justicia de México porque tiene serias deficiencias. Lo que nos interesa en este caso es que se genere presión social lo suficientemente grande para que las autoridades lo tomen en serio”, aseveró.
En pocas palabras, “A plena luz: caso Narvarte” es una apuesta a la memoria y a mantener la exigencia para que se haga justicia. Ya todos saben la trama: la tarde del 31 de julio del 2015 tres sicarios irrumpieron en un departamento de la calle Luz Savinón, en la colonia Narvarte, de la Ciudad de México donde sometieron, ataron, torturaron y asesinaron con el tiro de gracia a las cinco personas que allí estaban.
Cuatro eran mujeres, Nadia Vera, Mile Martín, Yessenia Quiroz y Alejandra Negrete, está última una trabajadora doméstica. Con ellas se encontraba Rubén Espinoza, el único varón en el domicilio. Todos tuvieron una muerte horrible, pero se sabe que con Espinoza y Vera hubo una sevicia particular. Se ensañaron con ellos en la tortura, pues.
El crimen sucedió en la capital del país, pero golpeó con fuerza en Veracruz a pesar de que ninguna de las víctimas eran originarias de esta entidad. Dos de ellas, Rubén y Nadia, los objetivos de los matones, habían vivido en Jalapa. Espinosa era originario de la Ciudad de México pero su carrera periodística ha hizo en la capital veracruzana mientras que Vera era de Chiapas, pero estudió y laboró en Jalapa.
Unas semanas antes de sus ejecuciones, ambos salieron huyendo de la entidad por amenazas de recibidas desde el gobierno de Javier Duarte. Se refugiaron en la Ciudad de México y se sometieron a un protocolo de protección de organizaciones defensoras de periodistas. No funcionó. Los que los querían muertos los rastrearon, cazaron, torturaron y asesinaron. Y con sus homicidios la capital del país perdió el estatus de ser un santuario para los comunicadores perseguidos.
¿Quién se atrevería a ir a matar a un periodista y a una activista social bajo resguardo oficial en una ciudad que se presumía un refugio incuestionable? Solo alguien que se sabía poderoso, sobrado y que tenía asegurada la impunidad. Y así fue, han pasado siete años y solo hay tres personas detenidas, dos de ellas sentenciadas -los supuestos autores materiales-, pero los que ordenaron el crimen siguen impunes al igual que todos los funcionarios que se coludieron para obstruir las investigaciones.
La película de Netflix revela una trama perversa pues plasma la negligencia y errores a propósito de las autoridades ministeriales el afán de obstaculizar y manosear las pesquisas para proteger a los políticos involucrados. Eso mismo lo denunció la organización Artículo 19 el pasado primero de agosto al exponer que “a siete años, la investigación continúa sin avances sustanciales, se ha imposibilitado el acceso a la justicia, verdad, y reparación para las víctimas ni sus familias”.
LA LÍNEA VERACRUZ
Los representantes de Artículo 19 en México detallaron muchos errores y omisiones de la Fiscalía de la Ciudad de México, entre ellos que hicieron perdidizas las sábanas de llamadas de los teléfonos celulares de los sicarios y los mismos aparatos telefónicos, computadoras, memorias USB y otros objetos personales de las víctimas para que no pudieran ser escudriñados, rastreados -en el caso de las comunicaciones de los aparatos electrónicos- e incluidos en las carpetas de investigación. Además omitieron como evidencias otros objetos como la vestimenta y calzado de Rubén y Nadia.
Artículo 19 en concordancia con los familiares de las víctimas reiteraron la exigencia, hecha desde el primer día en que se supo del crimen, para “que se avance en la ‘línea Veracruz’ en la pesquisa considerando el contexto y el panorama sociopolítico de la entidad en términos de ataques a la prensa y al movimiento de derechos humanos, razón por la cual Nadia y Rubén se vieron forzados a desplazarse fuera de esa entidad”.
Ciertamente, al hablar de ambos asesinatos saltan dos nombres claves sobre los que recae la sospecha generalizada de la autoría: el del exgobernador Javier Duarte y el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez. El primero habría sido el autor del acoso y las amenazas contra Rubén y Nadia, y el segundo el ejecutor de sus homicidios por medio de sicarios a su servicio, supuestos empleados de una compañía de seguridad privada que tenía en la Ciudad de México.
Por el crimen de Rubén y Nadia, Duarte de Ochoa no ha sido imputado y goza impunidad -aunque esté en la cárcel por otros delitos – y Bermúdez anda libre, gozando de la protección del gobierno cuitlahuista, colaborando para mantener a los presos políticos del sexenio guinda y asesorando a los funcionarios estatales en la materia -¿qué les aconsejará?, ¿a cómo robarse el dinero público y cómo desaparecer o asesinar gente? -.
Hace un par de días, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la fiscala de la Ciudad de México, Ernestina Godoy retomará el expediente y esclarecerá el quíntuple homicidio.
No hay que creer. Lo mismo prometió el 19 de noviembre del 2020 sobre el crimen de la periodista Regina Martínez y ya transcurrieron otros dos años y medio más de impunidad. De parte de la autoridad no habrá justicia para Rubén y Nadia, pero si hay memoria e indignación y toca al gremio periodístico mantenerlas.