IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
PERVERSA VERSIÓN
Anoche corrió una versión perversa sobre el tratamiento oficial que le darían al asesinato del abogado porteño Emilio Fuster. Ante el escándalo por su muerte y la infinidad de voces tanto políticas como abogadiles y empresariales que reclaman el desastroso operativo policíaco para -se supone- fuera rescatado, trascendió que otra vez volverán a culpar a la víctima.
De acuerdo a fuentes de palacio de gobierno, la estrategia para contrarrestar el estrépito público será criminalizar al abogado muerto. -¿Se atreverán a tanto?, ¿vincularán al abogado Fuster con sus propios plagiarios o con alguno grupo delictivo contrario?, se le preguntó a la fuente. -“Van por tres caminos, ese es uno, deslizar que el abogado tenía tratos con gente ligada al crimen”.
“Pero también tratarán de relacionarlo con el Partido Acción Nacional (PAN), con los panistas, o sea con los opositores, contrarios al gobierno de la cuarta transformación”. -Entonces, ¿sugerirán que se autosecuestró o que se dejó matar para dañar al gobierno?, ¿no es una locura? -“Pues así de desesperados están, ante la falta de resultados y los cuestionamientos recurren a la insania”.
La tercera vía, dice la fuente, es tratar de trasladar parte de la responsabilidad por la muerte del abogado a los gobiernos panistas de Boca del Río y el puerto de Veracruz. -¿Pero el caos fue en Medellín de Bravo donde gobierna Marcos Isleño, aliado de Morena? “Sí, allí fue la balacera, pero el abogado vivía en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río donde gobiernan Patricia Lobeira y Manuel Unanue, solo revisen lo que acaba de declarar el secretario de Gobierno (Patrocinio Cisneros) sobre el tema”, sugiere.
Efectivamente, ayer Cisneros Burgos afirmó que el gobierno cuitlahuista “no es el único encargado de la seguridad de los ciudadanos” y deslizó que los alcaldes son también corresponsables por los sucesos violentos.
“Aquí hacemos un llamado, también los municipios y en los hechos que se han dado en el puerto (de Veracruz) y ahora en Medellín, ahora hacemos un llamado a la primera autoridad municipal a que atienda la responsabilidad de la seguridad. El llamado es que fortalezcamos nuestras policías, no es que nosotros llevemos policías simplemente a los municipios”, manifestó.
Traducción: buscarán culpar a Lobeira y Unanue primero por tener policías municipales ineficientes, segundo de que en sus demarcaciones haya proliferado la delincuencia organizada y tercero es generar la percepción pública de que ellos -los alcaldes – son los verdaderos responsables de que el abogado Fuster Montiel haya sido secuestrado y asesinado, platica la fuente.
Es algo burdo -esto ya es consideración del redactor – tanto lo dice el secretario de Gobierno como la supuesta estrategia de responsabilizar a los ayuntamientos por el auge del crimen organizado ya que los gobiernos municipales no tienen competencia directa en el combate al crimen organizado.
Ciertamente, las policías municipales son de proximidad y deben ser el primer contacto con los ciudadanos, pero la estrategia establecida en el Sistema Nacional de Seguridad Pública es muy clara en desligarlas de una responsabilidad directa en la lucha contra las bandas que cometen delitos del orden federal.
Por otro lado, si criminalizan a abogado asesinado tampoco será una novedad. Tal es la estrategia en todos los homicidios dolosos -léase ‘ejecuciones’-, incluidas las masacres que han abundado en este gobierno morenista: responsabilizar a las víctimas de su propia muerte, demonizarlas para así no ir tras los asesinos y evitarle la fatiga a la fiscala Verónica Hernández.
Así lo ha hecho no solo la fiscala Hernández, su jefe directo, el secretario de Gobierno, Patrocino Cisneros -el fiscal ‘de facto- y el propio gobernante en turno, Cuitláhuac García con las víctimas de feminicidios, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales -incluyendo niños y ancianos -, y de las masacres registradas y ‘ejecuciones’ a mansalva.
No olviden que en enero del 2020, el propio gobernante acusó a la niña Magadalena de 12 años y a su abuelo Bellarmino de 65 de Atzalan, de pertenecer a una banda criminal que atacó a balazos a la policía. Y en julio del 2021 señaló de delincuentes a los niños Jonathan y Eduardo de 14 y 15 años, respectivamente, tras ser asesinados por policías en Amatlán de los Reyes. ¿Si se osó hacerlo con los niños, por qué no con un litigante?
La duda es: ¿hoy en su conferencia de prensa, García Jiménez caerá en esa tentación de criminalizar al abogado Fuster? Ya se verá si se atreve y si desafía a la inteligencia pública, algo que no le es dificultoso. Por lo pronto, el gremio de abogados son los próximos villanos si continúan exigiendo justicia por el crimen de uno de los suyos.
EL BUMERÁN
La empresaria y odontóloga Nora Elvia Ramos Colorado fue apuñalada hasta la muerte en su domicilio en Coatepec el 17 de septiembre del 2019. Su o sus asesinos dejaron el cuerpo con una daga clavada en el abdomen, o sea que no solo la privaron de la vida sino que lo hicieron con sevicia.
Se dijo que fue un asalto que salió mal y otros sugirieron que hubo abuso sexual. El feminicidio escandalizó a Veracruz por la profesión de la víctima, su condición de género, la crueldad del mismo y porque quedó impune. Lo peor que la muerte de la empresaria coatepecana de 57 años sirvió para que le gobernante en turno se burlara del tema de la incidencia delictiva.
Cuando los reporteros le preguntaron sobre el homicidio, García Jiménez declaró sarcástico: “cuando estaba (el exfiscal Jorge) Winckler sucedían cosas peores”, y dio por cerrado el tema. Pero esa declaración se convirtió en un bumerán que se le volvió en contra.
Ahora que han asesinado alcaldes, políticos, periodistas, abogados, activistas, niños, cientos de mujeres, legisladores, integrantes de la comunidad LGTB y otros, García Jiménez no solo se estará mordiendo la lengua sino que deberá modificar su propia frase pues las “cosas peores” a las que se refería ya fueron rebasadas y por mucho con su fiscala carnala.