ANDRÉS TIMOTEO
DIEZ POR DÍA
Diversas agrupaciones de abogados y organizaciones civiles señalan que por la aplicación abusiva del delito de “ultrajes a la autoridad” han parado en las cárceles entre 2 mil 400 y 3 mil 600 personas . La brecha entre ambas cifras es porque unos ya salieron de prisión tras cumplir su reclusión obligatoria, otros llegaron a acuerdos monetarios con los fiscales – les pagaron ‘moches’ para liberarlos, pues- y otros más alcanzaron el beneficio de un amparo.
Aún así, la mayoría -varios miles- continúan tras las rejas. Si se toma una cifra promedio de 3 mil personas ya sea que sigan en prisión o hayan estado en la misma se obtiene es una radiografía del abuso de poder en el cuitlahuismo. A diez meses de entrar en vigor las reformas al Código Penal de Veracruz, específicamente al artículo 331 que amplía las sanciones para el delito de “abuso de autoridad” como la prisión preventiva obligatoria -se publicaron en la Gaceta Oficial del estado el 11 de marzo del 2021-, han sido detenidas 10 personas por día.
Los policías del neoleonés Hugo Gutiérrez Maldonado y los agentes ministeriales de la fiscala Verónica Hernández Giadáns se han ‘dado vuelo’ encerrando a gente a diestra y siniestra. Literalmente los gorilas uniformados salen a cazar inocentes para implicarlos con tinglados y ponerlos tras las rejas según convenga: si son opositores políticos mejor, pero si los otros que no están en el radar político y los obliga a pagar una extorsión que engrose sus bolsillos, mucho mejor.
Cualquiera diría que la ley se está aplicando, pero lo malo es que los mismos abogados y los activistas sostienen que el 90 por ciento de los encarcelados por este motivo son resultado de actos de abuso de autoridad y atropellos a las garantías básicas constitucionales. No solo los extorsionan para no ser procesados sino violan el marco constitucional.
Las muestras son los casos ventilados en la prensa de los 5 jóvenes de Orizaba, los seis de Jalapa y los políticos de oposición como el perredista Rogelio Franco pues en esos se forzó la imputación de dicho ilícito en base a declaraciones falsas de los policías, la ‘siembra’ de evidencias y la complicidad de los agentes ministeriales para fabricarles expedientes a modo.
Y esos son apenas una muestra mínima de lo que sucede en la entidad. Tres de tres mil. Por supuesto que hay muchísimas más historias de violaciones a los derechos humanos y si se contara cada una de ellas se tendrían material suficiente para elaborar nuevas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como sucedió en el caso de los seis chavos jalapeños, y hasta para un guion cinematográfico como en aquella película de “Presunto culpable”.
La relatoría que hizo la CNDH y la del senador Ricardo Monreal sobre el caso de los seis jóvenes jalapeños que pasaron tres meses en prisión y que fueron liberados por mandato de un juez federal, sirve para ilustrar toda la porquería en las prácticas policíacas y ministeriales del cuitlahuato: los difamaron, les ‘sembraron’ las armas blancas -navajas-, se inventaron que eran secuestradores y que la víctima que iba a ser plagiada huyó gracias a la intervención de los policías -nunca apareció, por cierto- y hasta el gobernante en turno, Cuitláhuac García, los acusó de ser delincuentes sin mediar juicio.
¿A poco no da para un thriller policíaco? De los casos que está recopilando el Senado sin duda se podrá hacer un libro que quedará para la memoria histórica sobre esos diez meses de abusos policíacos y ministeriales que ha tenido Veracruz. Obvio, solo hablando de ese instrumento jurídico que ha servido para la persecución y la represión.
Por eso, si algo tienen que agradecer a Monreal las tres mil personas encarceladas es su intervención, que comenzó con el caso de los jalapeños, pues con ella expuso a nivel nacional la suciedad del sistema policíaco y judicial de la entidad y fue la puntilla para echar abajo el delito de “ultrajes a la autoridad”. Su derogación no es por la buena voluntad de García Jiménez ni de los diputados locales sino algo que harán obligados porque los desnudaron en sus abusos.
Les guste o no, para muchos veracruzanos Ricardo Monreal es hoy un justiciero porque se puso del lado de las víctimas, al contrario que los diputados y senadores veracruzanos quienes se mantuvieron diez meses en silencio mientras las cárceles se llenaban, a diez por día.
MEDIDA SIN DIENTES
Una de cal por dos años de arena. La alcaldesa porteña Patricia Lobeira anunció la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Lo deberán llevar en la vía pública y también en el transporte tanto colectivo como privado. Es una rectificación luego de que su antecesor, el también panista Fernando Yunes, organizaba fiestas en el zócalo en plena ola pandémica y desoyó todo consejo científico.
Bajo el argumento de privilegiar la economía reabrió antros y cantinas, y convocó a las multitudes sin importar los contagios. Ahora, la señora Lobería hace honor a lo que hace tres siglos dijo el británico Alexander Pope: “rectificar es de sabios”. Y vaya que se necesitan gobernantes sabios ante tanto zopenco con poder. Lo malo es que la disposición no tiene ‘dientes’ y se vuelve una contradicción pues el uso del cubrebocas es obligatorio pero no se va a sancionar al que desobedezca.
Únicamente se les harán apercibimientos. Vaya, como si el Coronavirus se asustara con tal amago. Ahí pierde seriedad la medida sanitaria. Aún así, Veracruz es el segundo ayuntamiento donde se dispone el uso obligatorio de la mascarilla para tratar de frenar los contagios de la Covid-19 después de Orizaba donde el edil Juan Manuel Díez lo decidió desde la semana pasada. Allá, luego de varios días de gracia ya se comenzaron a expedir multas por 800 pesos a los que no porten el cubrebocas.
A México y a Veracruz no solo los castiga la pandemia sino también la laxitud de las autoridades porque si hubiera rigor en la aplicación de las leyes y, obviamente, de las medidas emergentes frente a la peste, otra historia se estuviera contando con menos enfermos y muertos. El Coronavirus tiene como aliados de primera línea a los funcionarios irresponsables, a los negacionistas -civiles y de gobierno – y a la gente que se cree la engañifa de los primeros. Hace algunos días lo dijo con toda la certitud un científico húngaro: “nos domina la covidiotez”.