ANDRÉS TIMOTEO
EL GRAN ROBO
Casi a hurtadillas, la tarde del viernes pasado se expidió una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial del Estado convocando a la licitación pública nacional – la LPN-114T00000-001-22 -para la compra de 150 patrullas en la Secretaría de Seguridad Pública y el tema remueve uno de los primeros escándalos de corrupción en el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez que estalló en mayo del 2019 y cuyas secuelas se perciben hasta el momento tanto en términos financieros como políticos.
Es cierto, ahora hay una convocatoria pública para adquirir estos bienes, pero hace tres años no la hubo y se manoseó el marco legal para beneficiar a dos empresas que son ajenas al estado y con las cuales los de palacio de gobierno hicieron un enorme chanchullo monetario. Inicialmente se afirmó que habían adquirido 160 patrullas con una inversión de 208 millones de pesos, según lo informó el propio García Jiménez en sus redes sociales, aunque todo resultó una mascarada.
A tres años se distancia se descubrió lo siguiente: Uno, que García Jiménez y el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado le mintieron a la opinión pública y se enredaron en sus declaraciones, y que todo el asunto se trató de un cochinero financiero. El gobernante en turno dijo que las 160 patrullas habían sido compradas, pero la SSPE, obligada a través de una solicitud de transparencia, tuvo que reconocer que fueron alquiladas.
Y no se invirtieron 208 millones de pesos como dijo el mandatario sino 245 millones. Lo peor es que ambas informaciones también contenían falsedades pues en diciembre del año pasado, a más de dos años del escándalo, se supo que en realidad se habían comprado únicamente 50 vehículos y 110 habían sido rentados durante tres años.
Dos. Lo hicieron a sobreprecio y en ese proceso hubo quienes -funcionarios y empresarios – se llevaron un botín de entre 85 y 120 millones de pesos – pues las cuentas arrojan no solo que se proporcionó información falsa sobre los contratos de compra y arrendamiento de patrullas sino que se pagó mucho dinero de más.
El primero en detectar el enjuague financiero con esas patrullas fue el senador panista Julen Rementería quien el 3 de mayo tuiteó que el gobierno veracruzano pregonaba la compra de las mismas a 1.3 millones de pesos cada una cuando el municipio de Ahome, Sinaloa, se habían adquirido el mismo tipo de automotores a mitad de precio, en 725 mil 499 pesos. Sin embargo, el senador se basó en la información emitida por García Jiménez que resultó falsa y el fraude era mayor.
Como ya se dijo líneas arriba, solo 50 patrullas fueron compradas y con un costo más elevado de que citó Rementería pues se habría pagado 794 mil 800 pesos por cada una o sea casi 70 mil pesos más. Por otro lado, el verdadero negocio fue en la renta de las 110 patrullas restantes. Aquí está el tercer punto: cada vehículo fue rentado a un precio de 1 millón 672 mil pesos por 36 meses, a razón de 558 mil pesos anuales y 46 mil 450 mil pesos mensuales. En este abril que se termina el contrato deberán devolver las 110 camionetas al empresario arrendador, pero con el dinero que le pagaron bien se pudieron comprar el doble de unidades.
Si se toma en cuenta que cada una de las primeras 50 patrullas -que sí se compraron- tuvieron un precio de 794 mil 800 pesos -que fue el dato final de diciembre del 2021 –, ese mismo monto habría alcanzado para pagar dos veces la totalidad de cada una de las 110 alquiladas cuyo costo unitario fue de 1.6 millones de pesos. En términos llanos, se pago el doble por bien que no es propiedad del estado y que se tendrá que devolver. Por eso, ahora la Secretaría de Seguridad Pública tiene que comprar otras 150 patrullas cuando pudo adquirirlas desde hace tres años si no hubieran hecho el chanchullo.
LA ‘BOCONA’ PRESA
Cuatro. ¿Quiénes fueron los empresarios que se hincharon los bolsillos con el negocio de las patrullas?Dos y ninguno es veracruzano, y ¡sorpréndanse!, están ligados al priismo y al panismo, o sea a la “mafia del poder” como les gusta llamarle el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. En la compra de las 50 patrullas, el proveedor fue – según fuentes de la SSP- l Automovilística Andrade S. A con sede en Iztapalapa, en el Estado de México, que ganó la “licitación simplificada”.
El propietario de la empresa es Luis Gómez del Campo Gurza, primo de la exprimera dama y actual diputada federal, Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón quien durante su sexenio le otorgó contratos multimillonarios. El segundo proveedor fue la empresa Lumo Financiera del Centro S. A. que rentó por tres años las 110 patrullas.
El dueño de Lumo Financiera del Centro es Luis Humberto Montaño García, priista y ex vice-tesorero de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012. Este empresario ha sabido acomodarse con la “cuarta transformación” porque el ahora gobernador con licencia y actual secretario de Gobierno, Adán Augusto López, también le rentó por adjudicación directa y a sobreprecio 180 patrullas en el 2019.
Además, en Tlanepantla, Estado de México, en junio pasado detonó un escándalo por un contrato similar que le dio el alcalde morenista, Raciel Pérez Cruz por 400 millones de pesos. En resumen, el negocio de las patrullas en Veracruz no se hizo ni con empresarios locales ni con inversionistas marrones sino con los hombres del dinero que se enriquecieron durante el priismo y el panismo, y que lo siguen haciendo con el morenismo.
Y cinco. También entre los saldos políticos está que la expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez fue detenida y encarcelada diez meses después del escándalo de las patrullas, en marzo del 2020 cuando había terminado su función, como castigo por no haber escondido la información del negociazo.
El gobierno estatal intentó que el IVAI pusiera bajo reserva la información sobre la compra y renta de las unidades, pero García Álvarez se opuso y la declaró de interés público ordenando que se le proporcionará a quienes la solicitaron. Por ‘bocona’ lleva dos años encerrada. El cochinero de las patrullas fue uno primero actos de corrupción del cuitlahuismo, aunque a tres años de distancia hay decenas que lo han superado.