ANDRÉS TIMOTEO
LA NORMALIZACIÓN
Diez personas fueron asesinadas y tres más desaparecidas en la zona centro en menos de una semana. Los últimos muertos fueron cuatro supuestos integrantes de los grupos de autodefensas en Acultzingo que se habrían enfrentado a efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública. No obstante, en este último privan la desinformación y las especulaciones debido a las versiones contradictorias de las propias autoridades.
Inicialmente se dijo que efectivamente eran guardias comunitarias los abatidos a un lado de la carretera federal Acultzingo – Tehuacán, pero después el gobernante en turno, Cuitláhuac García desmintió que las víctimas se trataran de ‘autodefensas’ sino que formaban parte del crimen organizado bajo el mando del capo Roberto de los Santos, apodado “El Bukanas” de amplia trayectoria delictiva en la región. Lo malo es que la palabra de García Jiménez está muy desgastada pues tiene la costumbre de criminalizar a las víctimas y condenar sin ser juez ni agente ministerial investigador.
Acusa con tanta facilidad y luego ni siquiera se retracta. ¿Se acuerdan como a los niños Jonathan y Eduardo de La Patrona, en Amatlán de los Reyes, los ubicó como miembros de la delincuencia organizada y que murieron en medio de un ‘fuego cruzado’?, ¿o de cuando la niña María Magdalena de 11 años en Atzalan fue acribillada por los policías estatales junto con su abuelo y difundió que eran “peligrosos integrantes de una banda criminal?
¿O cuando a cinco jóvenes de Orizaba los detuvo una patrulla de la policía estatal y les fabricó el delito de ‘ultrajes a la autoridad” mientras que desde el gobierno estatal se pregonaba que eran criminales de cuenta?, ¿Y qué decir de los otros seis chavos de Jalapa que estuvieron presos más de tres meses por el mismo delito de “ultrajes a la autoridad” pero que todo fue inventado y cuando el senador Ricardo Monreal abogó por ellos Cuitláhuac García le reclamó por “defender delincuentes”?
En todos esos casos se comprobó que las 13 víctimas, tres de ellas niños, no eran criminales como había asegurado García Jiménez y al contrario sufrieron una embestida oficial para intentar involucrarlos en asuntos delictivos ‘sembrándoles’ pruebas inculpatorias y armando expedientes judiciales a modo para culparlos de su propia suerte. Entonces, ¿cómo creerle ahora al gobernante que las cuatro personas muertas en Acultzingo eran miembros del crimen organizado si únicamente se tiene su maltrecha palabra y su manía a la difamación?
Los veracruzanos han normalizado ya las mentiras de Cuitláhuac García. Ojo, que no es que se las crean sino que son tan frecuentes y disparatadas que lo que sea lo que diga no solo se pone en duda automáticamente sino ya forma parte de la gastada diatriba para justificar el reguero de muertos por la ola de violencia y los excesos de sus policías.
Por eso mismo, también ayer había un mar de especulaciones sobre lo sucedido en Acultzingo ya que trascendió que los muertos sí eran delincuentes pero quienes los abatieron eran los propios ‘autodefensas’, otros hablaron de que fue una ejecución extrajudicial de la SSPE contra los guardias comunitarios y otros más apuntaban al rescate de un secuestrado que salió mal.
Lo que coronó las versiones encontradas -y las dudas- fue que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado afirmó tras los hechos que “no hay razón para crear grupos de autodefensas en la región porque los índices delictivos están a la baja” cuando su jefe, García Jiménez aseguraba lo contrario. Entonces, ¿eran o no ‘autodefensas’? He ahí la duda.
Resumiendo: las organizaciones de autodefensa comunitaria y el tiradero de muertos, la desaparición forzada de personas y las mentiras de los funcionarios estatales ya es algo que se volvió cotidiano y que no sorprende más a la opinión pública. Y con esa normalización de lo delictivo y de las falsedades del gobernante en turno tienen que lidiar los veracruzanos.
VIEJAS CONOCIDAS
Desde la casa de campaña de la impresentable diputada, Rosa Hernández, despachan funcionarios del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSU), lo que antes era la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), a fin de condicionar a familias pobres para comprometer su apoyo a Morena a cambio de facilitar la escrituración de sus propiedades.
Víctor Cuetero Villanueva el encargado del enjuague y está bajo el mando de Samira Flor Kattura Delfin , jefa de contrataciones del INSU sobre quien pesan muchos señalamientos de corrupción, pero aún así lleva el proyecto de compra de votos para Morena. Kattura y Hernández son viejas conocidas pues ambas fueron operadoras de la fidelidad y el duartismo, y hoy están el bando marrón.
Kattura lleva años metida en el negocio de la regularización de la tierra desde la desaparecida Corett y también es experta en la compra de votos pues su momento manejó regionalmente el programa “Cruzada contra el hambre” en la Sedesol de Rosario Robles. La intención es crear un padrón de beneficiarios con regularización de lotes a cambio del apoyo electoral para el partido guinda y en especial para las futuras aspiraciones de la comapeña Hernández.
Todo violentando el marco legal que prohíbe el uso de programas oficiales en asuntos electorales. Con apoyo del delegado del Bienestar, Manuel Huerta, grillaron al subdelegado del INSU, Enrique Arenas para que darle el control a Kattura – que no ‘Kara-dura’, aunque suene casi igual y la retrate tal cual- y montar una oficina alterna en la casa de campaña. Así, el Cuetero, la ‘Kara-dura’ y la comapeña son cómplices en la malversación de los recursos públicos.
La compra de votos desde el INSU ya fue puesta en marcha en la pasada contienda por la agencia municipal de Santa Fe para allegarle votos a Ana Bertha Rodríguez pero los lugareños no se tragaron la engañifa de que les iban a dar escrituras a cambio del sufragio y perdió.
Sin embargo, en los municipios del distrito porteño hay más de 10 mil lotes sin regularizar por lo que plan es extorsionar a los campesinos en las contiendas venideras: votos a cambio de escrituras. Todo desde la casa de campaña de Hernández y con los funcionarios del INSU cobrando de la nómina pública pero trabajando para Morena, ¡Viva la Cuarta Transformación!, gritan los descocados.