TEXTO IRREVERENTE

ANDRÉS TIMOTEO

FUE LO QUE NO FUE

En este México mágico todo es posible: la rifa de un avión que no es rifa, el cambio verdadero que no es cambio ni mucho menos verdadero, el “primero los pobres” quienes siguen en el último lugar, el fin de los ‘gasolinazos’ que ahora son “ajustes inflacionarios”, una transformación que no es transformación y ahora una consulta de revocación que no es de revocación sino de “ratificación”. La vuelta del revés es alucinante con el régimen morenista.

Hoy, mañana y durante muchos días se estará hablando de la consulta realizada ayer domingo y cuyo resultado, sea cuál sea, no cambiará nada en el país.  No importa cuántos síes o noes arrojen las mesas de votación, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador no se irá, continuará en palacio nacional hasta el 2024 y, por supuesto, intentará extender su gobierno no con una reelección sino con un ‘maximato’ o sea colocar a un sucesor títere para que él siga mandando.

Más de mil 600 millones de pesos destinó el Instituto Nacional Electoral (INE) para su realización, pero no fue el costo real  pues se calcula que el gobierno federal y los gobiernos estatales afines al régimen destinaron al menos 10 mil millones de pesos para “ratificar” al tabasqueño. Antes del domingo y durante la jornada de votación, los morenistas aplicaron todo el catálogo de viejas mañanas para orientar, coaccionar y comprar el sufragio ciudadano.

Desde la violación a la veda electoral ordenada por la Constitución hasta el uso de recursos monetarios,  materiales y humanos de los tres niveles de gobierno. Ya en pleno domingo hicieron de todo, igual que cuando los regímenes priistas y panistas: ‘acarreo’ de votantes, propaganda en las mesas de sufragio, compra de voto a boca de urna, presión telefónica y movilización de ‘mapaches’ para hacer cualquier tipo de marrullerías. Cierto, fue un ejercicio inédito desde la perspectiva de esa figura de la democracia participativa, pero a la vez fue todo un cochinero.

A la vista de todos, el presidente López Obrador hasta el ‘chairo de a pata’ pasando por gobernadores, legisladores, alcaldes y líderes partidistas  atropellaron la ley y dañaron la certeza del voto. Por ello, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene el reto de hacer valer la legalidad y anular el revocatorio. Es lo mínimo ante la magnitud de la zahúrda y para evitar que las marranadas se conviertan en una práctica tolerada.

Por cierto, el gobernante en turno de Veracruz, Cuitláhuac García anduvo muy entusiasmado y  verborreico sobre la consulta de revocación del mandato presidencial, pero guarda silencio y se esconde cuando le tocan el tema de una revocación para Veracruz, para que la gente lo califique y le ordene irse. No ha homologado las leyes locales con las federales para permitir ese ejercicio en el estado.

Al contrario, van dos veces que manda una iniciativa para prohibirlo en su persona y que únicamente sea sometido a la revocación su sucesor. Es decir, Veracruz tendrá consulta de revocación de mandato hasta el 2026.  García Jiménez le teme someterse a la evaluación popular porque sabe que el 90 por ciento – si no es que el 99. 9 – de los ciudadanos veracruzanos votarían para echarlo. Por eso mismo, prefiere ser ‘candil de la calle y oscuridad de su casa’.

PAÑAL EN LA BOCA

Y hablando del ínclito, éste de nueva cuenta fue evidenciado por su incontinencia verbal. ¡Que le pongan un pañal en la boca!, gritaban los habitantes de Acultzingo que durante dos días mantuvieron bloqueada la carretera federal Ciudad Mendoza-Tehuacán repudiando la difamación que García Jiménez hizo contra cuatro jóvenes  acribillados el martes pasado por la policía estatal.

El gobernante en turno aseguró que los cuatro fallecidos, los hermanos José Luis y Juan Martín Contreras Vázquez así como Juan Luis Sánchez Carrera y Francisco Vergara Medel, originarios de las localidades Ojo de Agua de Arriba y Vista Hermosa, eran integrantes de una banda del crimen organizado y hasta le puso nombre a su jefe, Roberto de los Santos, apodado “El Bukanas” que lidera una banda de ‘huachioleros’, roba-trenes y de tráfico de enervantes.

No fue cierto. Los familiares y vecinos de las víctimas recriminaron el lodo echado encima de los difuntos pues no eran criminales sino campesinos y deportistas. Como es su costumbre, García Jiménez los difamó con tal de justificar el abuso de poder y la ejecución extrajudicial de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

No es la primera vez que inventa historias para ensuciar a las víctimas. En La Patrona, Amatlán de los Reyes, elementos de la llamada Fuerza Civil bajo el mando del neoleonés Hugo Gutiérrez Maldonado asesinaron a los niños Jonathan y Eduardo a los cuales se les intento involucrar ‘post mortem’ en actividades delictivas por orden del gobierno cuitlahuista.

Luego, a fin de exculpar a los policías asesinos, le echaron la culpa a un tal Gregorio Arenas motejado  “El Wester” y “El Chango”, pero está por cumplirse un año de aquel episodio de sangre y “El Chango” sigue sin aparecer. Todo fue un bulo del cuitlahuismo que ahora repite en Acultzingo. Ah y antes de “El Wester” y “El Bukanas” fue “La Loca”, ¿se acuerdan?.

Sí, Ricardo Romero Villegas un supuesto delincuente del sur de la entidad conocido por ese sobrenombre y al que García Jiménez señaló como responsable de la masacre de 28 personas en el bar “Caballo Blanco” de Coatzacoalcos, en agosto del 2019. El mismo Romero salió a la palestra para desmentir al gobernante y demostrar que se encontraba lejos del estado desde hacía meses. Van tres maromas de falsedades en las que es sorprendido el gobernante en turno. 

Entrevistado ayer en Jalapa, García Jiménez no quiso hablar del caso Acultzingo y la exigencia de los lugareños para que se limpie el nombre de los cuatro jóvenes acribillados. Se limitó a decir que será la Fiscalía General de Justicia la que atenderá la situación. ¡Eso debió hacer y decir antes de abrir la boca para criminalizar a las víctimas!

La crisis de Acultzingo no termina con el levantamiento del bloqueo carretero ni con indemnizar a los deudos de los jóvenes asesinados por la policía pues nada cambiará si no cesan la ola de violencia del crimen organizado, los abusos policíacos y el abandono de las autoridades.