ANDRÉS TIMOTEO
CHANTAJE “AMBIENTAL”
Desde el primero de abril está detenida la construcción del puente sobre el río Jamapa en Chocamán, una obra que habitantes de al menos una veintena de municipios de la zona centro esperaron por décadas y que apenas el año pasado comenzó a realizarse tras la gestión de legisladores federales y alcaldes de la región. La paralización fue ordenada por la Procuraduría de Protección al Ambiente (PMA) del gobierno estatal bajo el alegato de que se violaron las leyes en la materia.
“Por contravenir la legislación ambiental”, se lee en el sello de clausura impuesto en el lugar. Y es todo, no se sabe nada más. La dependencia se ha negado a informar cuáles son las normas violadas y los daños provocados a la fauna, la flora o el sistema fluvial. La prensa y los pobladores de los municipios afectados han intentado conocer los motivos de la clausura y de parte de la dependencia solo hay mutismo.
En la PMA llevan veinte días escondiendo los motivos porque no los hay. La construcción del puente se autorizó después de que en el 2019 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependiente del gobierno federal, revisó y validó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) bajo el expediente 30VE2019V0170. En el mismo consta que el proyecto reúne todos los requisitos de mitigación previstos en las leyes federales y estatales.
Detalla el tipo de flora y fauna en dicha barranca y en el río Tliapa, como se conoce localmente, los cuales si bien pueden registrar alguna alteración, ésta no se considera grave. “Los recursos naturales que se aprovecharán para el desarrollo del proyecto son básicamente agua y el suelo por la ocupación que se hará por el sembrado de pilas y trabes que soportaran la estructura del puente, además de los dos terraplenes de acceso en cada extremo del puente”, expone el documento.
Sobre la vegetación, añade, la principal afectación será que hay árboles que serán removidos, principalmente hayas (Platanus mexicana), pero tanto esas como el resto de la flora “no se encuentra en el régimen de protección ambiental de la NOM-059-SEMARNAT-2010 por no poseer características exóticas, de endemismo o peligro de extinción”. Respecto a la afluente, tampoco hay especies animales en peligro o bajo protección especial. Lo mismo con los anfibios y reptiles.
“Durante la etapa de construcción/pavimentos se verán afectadas indirectamente las comunidades de peces por las actividades de colocación de columnas, pero será de manera temporal y durante la etapa de operación y mantenimiento se espera que la fauna local al ver retirada la maquinaria busque nuevo refugio y sustentos dentro de la misma zona”, añade. Es decir, la Semarnat no distinguió daños severos al entorno ecológico, pero además aprobó las medidas de mitigación sugeridas.
Entonces, ¿por qué el gobierno cuitlahuista por medio de la PMA clausuró la obra? Lo que se sabe es que Sergio Rodríguez Cortés, titular de la dependencia, exige a la empresa constructora y a los alcaldes de la zona un soborno ¡de 5 millones de pesos! Sí, para retirar los sellos de clausura quiere parte de presupuesto asignado a la construcción del puente que es de 41 millones de pesos. En pocas palabras, les exige un “moche” ambiental millonario.
BALAZO EN EL PIE
En el exalcalde de Ciudad Mendoza, experredista y exduartista se cumple el refrán de que “gallina que come huevo aunque le quemen el pico” pues no es la primera vez que extorsiona a los alcaldes y empresarios bajo el alegato de violación a las leyes ambientales y clausurando obras o proyectos. En realidad es su ‘modus operandi’ para llenarse los bolsillos de dinero mal habido.
Hay que recordar que en el 2019 cerró algunas salas de cine porque sus cafeterías utilizaban popotes de plástico o cuando el Grupo Walmart denunció públicamente -en mayo del 2020- que el tipo le exigía un “moche” de 10 millones de pesos para no clausurar sus centros comerciales bajo el argumento de que tiraban basura a cielo abierto y no disponían de gel desinfectante para empleados y clientes.
Y qué decir de las clausuras temporales que hizo en los rellenos sanitarios en Nogales, Yanga, Tomatlán, Santiago Tuxtla, Tenampa, Tantoyuca y Pánuco, que fueron reabiertos luego de que los alcaldes supuestamente le pagaron los respectivos sobornos. A los que se negaron al cohecho les cerró definitivamente los basureros como en Cuichapa, Acayucan y Tampico Alto.
Por supuesto que la voracidad de este funcionario no se entiende si no hay un permiso de palacio de gobierno para extorsionar usando el tema ambiental. Rodríguez Cortés estaría fungiendo como recaudador de “moches” de alguien muy poderoso en Jalapa que le avala los desmanes. ¿Será el propio gobernante en turno Cuitláhuac García el permitente? Algunos dicen que sí, pero a través de su primo, Eleazar Guerrero, el subsecretario de Finanzas, quien coordina el cochupo con Rodríguez Cortés.
Por su avaricia, García Jiménez se da un balazo en el pie ya que el puente de Chocamán es una de las pocas obras de gran calado que se están realizando en este sexenio y que él podría inaugurar adjudicándole el logro a su administración. Pese a ello, la obstaculiza y pone a su procurador ambiental a que la tome como rehén para chantajear a los alcaldes y a la empresa constructora.
La queja ya llegó al gobierno federal pues es una obra con recursos provenientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Por lo pronto, los trabajos siguen detenidos mientras prosperan las gestiones en el altiplano o localmente se logre reunir los 5 millones de pesos para el “moche” que exige Rodríguez Cortés. Lo que salga primero.
LA FUGA CONSENTIDA
El sábado 17 de abril del 2021, Montserrat Bendimes fue molida a golpes de puño cerrado y patadas que le provocaron muerte cerebral inmediatamente. Tras cinco días de hospitalización fue desconectada el día 23. El próximo sábado se cumplirá un año del crimen y un año de impunidad pues el feminicida Marlon Botas Fuentes sigue evadido.
Su fuga no fue producto del azar sino comprada -y muy bien -. Fiscales y policías le permitieron huir. Cierto, los padres de Botas están presos pero si bien tienen responsabilidad compartida en el asesinato de Montse, el principal agresor goza de la fuga consentida y pagada con cifras de muchos ceros.