ANDRÉS TIMOTEO
BRUTAL DESGANO
Dos sucesos enseñaron ayer el derrotero en la tragedia por los miles de desaparecidos que hay en Veracruz. El primero fue el suicidio del exalcalde de Ixtaczoquitlán, Miguel Ángel Castelán Crivelli quien se llevó a la tumba la información sobre decenas de personas que fueron víctimas de desaparición forzada durante su cuatrienio (2018-2021).
El exedil sabía lo que sucedió y bien pudo aportar datos para localizar, por ejemplo, a los siete comerciantes desaparecidos desde el 8 de noviembre del 2019 cuando fueron detenidos por la policía municipal a su cargo. También estaba enterado, según lo denunciaron los colectivos de buscadores en la zona centro, de la ubicación de posibles fosas clandestinas en diversos puntos. Vaya, hasta se dijo que en los suelos de las instalaciones municipales había entierros ilegales.
Obviamente pudo aportar información valiosa sobre quiénes son los que están en las fosas clandestinas de Campo Grande de donde se han extraído más de cincuenta cadáveres y quienes los inhumaron. Sin embargo, ya no es posible que comparezca ante la justicia de los hombres, aunque no se escapara de tribunal de allá arriba. Ya debe estar rindiendo cuentas. Así sea.
Hablando de otra fosa clandestina, una enorme, ayer en Jalapa se dio una situación demostrativa del desgano -que ya raya en lo brutal- del gobierno cuitlahuista para buscar y hallar a las personas desaparecidas. En el cementerio Palo Verde personal forense de la Fiscalía estatal dio una cátedra de la desidia, negligencia y deseo en los peritajes pues al abrir una tumba donde supuestamente estaban los restos de un joven desaparecido desde el 2012 encontraron cinco cuerpos.
Lo obligatorio científica y éticamente era extraer los cinco cadáveres para someterlos a peritajes de identificación para determinar cuál de ellos era el buscado en la diligencia y a la vez procesar los otros cuatro para dar información a los colectivos a fin de determinar su identidad, pero no lo hicieron. Los trabajadores de la FGE simplemente los volvieron a sepultar sin ningún miramiento ni atención a las peticiones de los activistas, madres de familia en su mayoría.
¿Cómo saben que el único cuerpo que recuperaron para llevarlo a los servicios periciales era el indicado?, ¿acaso ellos ya tenían el dato de que ahí precisamente estuvo durante años José, el nombre del joven desaparecido y qué esos restos eran los suyos?, ¿entonces por qué no lo sacaron antes y por qué prolongar el dolor de sus familiares?, ¿cuántos casos similares hay en ese cementerio de que las autoridades tienen la información de quiénes están enterrado, pero dejan que sus buscadores se desgasten?
No es la primera negligencia oficial en el panteón Palo Verde pues en julio del año pasado se logró la localización de Ricardo Guzmán de 32 años quien desapareció en octubre del 2011. Durante diez años su familia lo buscó hasta que logró, tras muchas hora peticiones y trámites, que la Fiscalía procediera a la exhumación y cuando lo hicieron sacaron otros dos cuerpos sepultado en el mismo lugar. ¡ E hicieron lo mismo que ayer! Al final, fueron los familiares quienes identificaron a Ricardo por unos tatuajes que tenía y por ellos se facilitó el trabajo forense.
Palo Verde es un cementerio formal que se usó como fosa clandestina no por las organizaciones criminales sino por las autoridades. En el sexenio duartista allí escondieron cientos de cadáveres que estaban en las morgues para mantener como ilocalizables a quienes eran buscados por sus familiares. En septiembre del 2016, dos meses antes de concluir el sexenio y unos días antes de que huyera Javier Duarte, trascendió que en Palo Verde habían inhumado 192 cadáveres.
Todo de forma irregular, sin resguardo de datos biométricos ni expedientes genéticos y sin respeto alguno por los restos mortuorios. En una sola tumba – fosa, pues – arrojaron tres, cinco y hasta diez cadáveres amontonados sin cenotafio ni reseña alguna que indicara cuántos había allí y cual era su historial forense. El asunto no paró allí ya que Palo Verde se continuó usando para sepultar indebidamente los cuerpos que había en las morgues gubernamentales.
LA GEMA PERDIDA
En mayo del 2021, el colectivo “Buscando a nuestros desparecidos y desaparecidas” realizó una manifestación en ese lugar mostrando una lista de 85 nombres de personas que ahí estarían inhumadas y que la FGE se niega a realizar la extracción de los restos para efectuar los análisis genéticos a fin de entregarlos a sus familiares. En febrero pasado, Magdalena Calte Hernández exhibió frente a palacio de gobierno la fotografía de su hijo Alfredo Tlaxcalteco Calte quien lleva 12 años desaparecido.
Sucedió el 3 de febrero del 2010, en tiempos de la fidelidad, y desde entonces no se sabe de él. Sin embargo, la madre junto con un colectivo lograron deducir que sus restos están sepultados en Palo Verde pero el pedido para la exhumación sigue sin respuesta. Igual en el caso de Rafael Espinosa Gutiérrez desaparecido desde el 2013 y que todo indica que sus restos están en dicho cementerio, pero el gobierno se niega a buscarlo allí según denuncia su tía María Elena Gutiérrez.
La leyenda negra del panteón Palo Verde -que esa sí es de terror real – comenzó con el caso emblemático de Gemma Mavil Hernández, una contadora de 29 años secuestrada el 3 de mayo del 2011 y cuyo cuerpo fue hallado en agosto de ese año. El cadáver estuvo cuatro meses en la morgue y la entonces Procuraduría General de Justicia ordenó que la enterraran en dicho cementerio.
Hay un expediente de investigación, el 844/2011 que constata que Gemma estuvo en las planchas del forense y se la negaron a sus deudos. Desde entonces, don Pedro Mavil, padre de la víctima, la ha buscado sin hallarla “más que en documentos”, como él mismo dice. Se han realizado tres exhumaciones en ese cementerio y no ha podido ser ubicada, lo que confirma el desbarajuste que las autoridades hicieron en Palo Verde.
Gemma fue desaparecida después de muerta y sus desaparecedores son esos que tenían la obligación legal de entregarla a su parientes. El desaseo y la falta de ética en el manejo de los restos mortales de cientos de víctimas practicados por los extitulares de la Fiscalía estatal, Luis Ángel Bravo Contreras y Jorge Winckler, son repetidos por Verónica Hernández Giadáns.