ANDRÉS TIMOTEO
SIETE Y NO PASA NADA
Dos comunicadoras fueron asesinadas a balazos ayer en el sur del estado. Yessenia Mollinedo Falconi y Johana García Olvera murieron tras el ataque de un grupo de sicarios en la colonia Cerro Alto de Cosoleacaque. Ambas laboraban para el diario digital “El Veraz” y se dirigían a iniciar su jornada laboral en la cobertura informativa.
Con ellas suman siete los periodistas muertos a consecuencia del imperio del crimen y de la impunidad en lo que va del sexenio cuitlahuista en Veracruz. Yessenia y Johana son las segunda y tercera víctimas en este 2022 puesel 10 de enero pasado fue muerto a cuchilladas el porteño José Luis Gamboa.
El nuevo crimen ocurre en la zona sur, esa que en las últimas semanas ha sido presumida por los funcionarios estatales y municipales con una falsa calma y un mentiroso descenso del nivel de inseguridad. Es todo lo contrario, Coatzacoalcos, como la urbe más grande, y sus colindantes Minatitlán, Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y Las Choapas son un infierno.
Allí no hay autoridad que valga porque los que gobiernan son las organizaciones del narcotráfico y todos los lugareños están bajo “cuota” y, por supuesto, bajo amenaza permanente. La presencia de la Guardia Nacional es simbólica pues de nada sirve que tengan allí desplegados sus agentes si la orden es la inacción: dejar hacer, dejar pasar.
El papel de las policías estatal y municipales está en la misma condición, pero con el agravante de la complicidad con los delincuentes. Para ningún sureño es un secreto que la policía estatal opera a favor de los criminales, lo mismo que las corporaciones municipales. Los famosos “operativos” contra la delincuencia que a cada rato anuncia el neoleonés Hugo Gutiérrez Maldonado son meras engañifas.
Ante el nuevo ataque contra miembros de la prensa, ¿qué dice el gobernante en turno? Lo mismo de siempre, con sus palabras huecas y sus advertencias de humo: “daremos con los perpretadores (sic, con ese error) de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como lo hemos dicho y hecho (otro sic) en otros casos. El gobierno de Veracruz ya no es omiso ni cómplice, vamos tras ellos”.
Sin duda los delincuentes han de estar trepitando por los dichos de Cuitláhuac García, aunque no de temor sino de risa. Las palabras del gobernante no son más que el reflejo de la carencia adrede pues a los criminales les avienta palabrería pero ninguna acción concreta para, en verdad, perseguirlos, capturarlos y llevarlos ante los tribunales.
Y como siempre sucede en Veracruz desde tiempos de la fidelidad, las palabras del gobernante vienen acotadas con una campaña de lodo auspiciadas desde el régimen gubernamental que le abrieron la jaula a sus corifeos mediáticos y cibernéticos para tratar de desprestigiar a las víctimas cuestionando su quehacer informativo, su probidad personal y buscando responsabilizarlas de su propia tragedia.
En las redes sociales abundaron comentarios de doble sentido y algunos de descalificación directa a las comunicadoras, todo costeado desde las oficinas de Javier Contreras y Mario Lozano Carbonell, jefes de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), respectivamente. Ambos tipos no son periodistas ni gente decente, por eso se atreven a verter todo el lodo posible sobre las reporteras asesinadas.
¿Cómo se le puede creer a García Jiménez de que habrá justicia para las comunicadoras asesinadas si sus subalternos están en plena campaña de fango para ensuciarlas y hacer creer a la opinión pública que se merecían ser asesinadas? Lo más asqueroso del caso es que hay periodistas que se prestan a la injuria contra dos mujeres y que además ya no pueden defenderse.
EL CRIMEN TIENE PERMISO
Con el homicidio de Yessenia y Johana suman ya 36 periodistas asesinados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador – nueve en este año pues la semana pasada mataron al columnista sinaloense José Luis Enrique Ramírez- y Veracruz aporta el 20 por ciento de ese listado de víctimas.
Lo que sucede en Veracruz y en resto del país es el reinado del crimen con el permiso de las autoridades oficiales, como resume a la perfección Israel Bojórquez, director del semanario Riodoce, donde laboraba Javier Valdez, reportero de ese medio y corresponsal de La Jornada en Sinaloa y que el 15 de mayo del 2017 fue asesinado a balazos. Ya el próximo domingo se cumplen cinco años de impunidad.
En una entrevista radiofónica dada la noticiero de Ciro Gómez Leyva, Bojórquez señaló: “estamos peor que antes basados en el contexto de violencia e impunidad en el que los periodistas desarrollamos el trabajo de todos los días”.
“Es el contexto de criminalidad que hay en el país que hay desde hace muchos años y que no se va a terminar, menos, mucho menos, con estas políticas que trae la nueva administración, bueno ni tan nueva porque ya llevamos más de tres años con ‘abrazos, no balazos’ y el crimen está más desatado que nunca”, puntualizó.
Recalcó tajante: “ellos (los delincuentes) actúan con total impunidad, es un clima de violencia pero también de permisividad e impunidad muy peligroso para todos, no solo para los periodistas. No se combate la inseguridad, no se combate la violencia y no se combate en México el crimen organizado”.
El plan del tabasqueño López Obrador que es remedado por los gobernantes estatales, entre ellos el veracruzano Cuitláhuac García, para abrazar a los narcotraficantes en lugar de combatirlos tiene un saldo de sangre extendido en el gremio reporteril: 36 periodistas abatidos en la “cuarta transformación” y la incidencia sigue en escalada.