Por Andrés Timoteo
AYOTZINAPA, 8 AÑOS
Hoy se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y aunque oficialmente se les ha dado por muertos no hay rastro de su paradero final, ni culpables castigados y ni siquiera la voluntad política para allegarles justicia a pesar de que el actual gobierno integró una Comisión de la Verdad que en agosto pasado emitió conclusiones para repartir responsabilidades.
Ayer el diario español El País reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 de las 83 órdenes de aprensión que apenas en agosto pasado se habían expedido contra militares, policías y exfuncionarios públicos. Es decir, la cuarta parte del paquete de instrucciones de captura quedó invalidado de manera unilateral porque el fiscal general, Alejandro Gertz ni siquiera consultó con la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Con esa decisión -dictada obviamente desde Palacio Nacional- se excluyen a 13 militares de ir a a la cárcel, entre ellos a Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala en aquel 2014. Ahí se ve el poder del Ejército en el lopezobradorismo que es tan grande que logra la impunidad para la mayoría de los militares señalados en el reporte de la Comisión de la Verdad.
También se percibe la impunidad para los funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre en Guerrero -quien tampoco es tocado- pues entre las órdenes de aprehensión anuladas están las del exprocurador Iñaki Blanco, del juez de Iguala, Ulises Bernabé y otros funcionarios del poder judicial de esa entidad, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana.
Claro, ni por equivocación figuran entre los acusados el general Salvador Cienfuegos quien era titular de la SEDENA ni su jefe Enrique Peña Nieno ni su sucesor Luis Crescencio Sandoval quien en el 2014 era jefe de la zona militar en Guerrero y ni al actual titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda que fungió como comandante de la Octava Región Naval que incluye a Guerrero.
De igual forma está excluido el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien era delegado de la Policía Federal en Guerrero y hasta participó en las reunión en la que se planeó la famosa “verdad histórica”. Hoy, el gobierno del cambio y de la justicia para los pobres -como se pregonó en campaña- hace exactamente lo mismo que sus antecesores, aunque de manera más burda.
¿Quiénes están en prisión por la desaparición de los 43 normalistas? Solo cuatro personas: el exprocurador de la república, Jesús Murillo Karam quien acaba de obtener un amparo para suspender provisionalmente su ‘vinculación a proceso’ y el general José Rodríguez, excomandante del 27 Batallón de Infantería, son dos de ellos.
Pero resulta que Rodríguez Pérez -a quien acusan de haber ordenado el asesinato de seis de los 43 normalistas- no fue detenido sino que se entregó voluntariamente y los juristas sostienen que la carpeta de investigación en su contra es tan enclenque que terminará obteniendo su libertad por medio de amparos. En pocas palabras, la indagatoria sería a modo para que el general no termine sus días en prisión. Toda la impunidad para la milicia, pues.
Otros dos brigadieres están detenidos, no han trascendido sus nombres, pero entonces dada la cancelación de 13 ordenes de captura solicitada, solo faltaría la captura de otros tres militares de menor grado y se acabó el procedimiento judicial contra los militares por el caso. ¡Qué belleza!
Por eso, familiares y compañeros normalistas de los desaparecidos llevan varios días realizando movilizaciones en Guerrero y la Ciudad de México acusando que todas las acciones judiciales después de que se dio a conocer la conclusión de la Comisión de la Verdad son de “mero relumbrón” y que hay un plan para mantener la impunidad y la protección a los mandos militares y exfuncionarios públicos.
Fueron a patear y rayar las instalaciones del Campo Militar Número 1 y de la FGR, y todo apunta a que seguirán en las calles durante mucho tiempo -tal vez hasta que la vida humana se los permita- porque la verdad y la justicia no llegarán pues el gobierno lopezobradorista está copado y al servicio del poder militar. Y aquí resuena el término usado para definir la farsa de aquellos que prometen ser diferentes: gatopardismo, cambiar unas cuantas cosas para que nada cambie en lo general.
EL PERIODISMO SIEMPRE
Los funcionarios del lopezobradorismo y sus jilguerillos en la prensa y las redes sociales están trinando contra de la periodista Peniley Ramírez quien obtuvo y publicó, una parte en su columna del diario Reforma y el resto en su cuenta de Twitter el informe sin testar -o sea sin párrafos ocultos, seleccionados por la autoridad – sobre el caso Ayotzinapa en el que revela cosas muy crudas: cómo, en qué lugar y bajo órdenes de quién se torturó y asesinó a los normalistas.
También dónde se les retuvo, por cuáles grupos delictivos, qué autoridades y funcionarios participaron, las instalaciones del Ejército implicadas y, efectivamente, que seis de ellos estuvieron vivos cinco días después de su captura y el 30 de septiembre del 2014 los mataron por órdenes de un general. Reveló las conversaciones en redes sociales de los involucrados que confirman que el peñismo planeó ocultar todo e inventar la “verdad histórica”.
Ahora, los periodistas a sueldo de la 4T fustigan a la columnista Ramírez, la acusan de no tener ética y hasta de ¡¡no saber de periodismo!! Y todo porque esa información la quería mantener oculta en el gobierno obradorista. Ya se pidió a la FGR iniciar una pesquisa para dar con los filtradores y de paso hostigar a la periodista bajo el argumento de que violó el “debido proceso”.
En primer lugar, el periodista no es agente ministerial ni abogado ni empleado de la Fiscalía, no tiene porqué retener una información que es de interés público y en segundo lugar, para aquellos que pretendan dar clases de periodismo cuando ni siquiera son periodistas o lo son pero están apercollados al poder, lo que hizo la reportera Ramírez es una enseñanza del oficio. El periodismo otra vez rompe las tinieblas intencionadas en los casos de crímenes de lesa humanidad. ¡Bien por eso!